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Editorial de la edición N° 241

Intentando separar la paja del trigo


Desde las páginas de Informe Industrial es muy difícil hablar de los fondos buitre o “holdouts” cómo se los llama en un lenguaje menos claro para los que fatigamos el castellano pero, sin dudas, más elegante. El primer problema que enfrentamos no es lingüístico sino semántico cognitivo es decir, tratar de entender cuál es la relación que la mente de una persona le atribuye a los signos (y la palabra lo es). Es en este plano donde, aparentemente, se realizaron los mayores esfuerzos de la propaganda desplegada para que la asociación que se establezca sea algo así como “fondos buitres = gobierno que no devuelve el dinero que obtuvo en préstamo, que no obedece las leyes de los tribunales a los que se sometió y que actúa alocada y caprichosamente”. De mil maneras, algunas más sutiles y otras chapuceras, se ha tratado de que la opinión pública asocie las maniobras de los fondos buitres con el accionar de un gobierno que enfrenta muchos y grandes problemas internos.

Sin embargo y a pesar de campañas, campanas y tintineos, es posible sostener que los fondos buitres no actúan embistiendo sólo al Ejecutivo sino que lo hacen en contra de un país que, mediando el actual gobierno, llevó adelante una política de desendeudamiento que posicionó en el 23% el coeficiente de deuda externa total en relación con el PBI. Según la Dirección Nacional de Política Macroeconómica del Ministerio de Economía, la deuda externa garantizada del sector público representaba, a fines de 2013, el 10% del producto y el 11,2% sumando el sector privado. (En 2002 esa relación era del 167%).

Estos fondos, a los que los operadores prefieren llamar “distressed debt” o fondos de situaciones especiales, nunca le han prestado un peso a la Argentina y tampoco lo habían hecho en los casos de Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá, Perú o Congo, que también sufrieron sus ataques.

En nuestro caso, el núcleo original del diferendo puede hallarse en la exitosa reestructuración de deuda realizada en 2005 y en 2010, aceptada por el 93% de los tenedores de bonos y que, matemáticas de escuela primaria mediante, rechazó el 7% restante. De este subtotal, alrededor del 1% (adquirido por sociedades como NML Capital, subsidiaria de Elliot Capital Management; el grupo Aurelius y 13 inversores minoristas argentinos) se aferró a lo ordenado por el juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones de ese Estado, y exige cobrar ya mismo el 100% del valor de esos bonos.

Según lo manifestado por el ministro Axel Kicilloff en más de una oportunidad, “NML compró bonos a un valor cercano a los 50 millones de dólares y la orden del juez Griesa le permitiría cobrar más de 800 millones de dólares asegurándose un rendimiento del 1600% en sólo seis años”.

¿Por qué el juicio se dirime en los tribunales de Nueva York? porque todos los títulos emitidos por la Argentina desde 1976 contemplan la cláusula de renuncia a la inmunidad soberana y aceptan la jurisdicción de tribunales de Londres y de aquella ciudad (modus operandi que imponen los acreedores y tiene alguna relación con el juego entre leones y gacelas).

Nuestro país ¿no quiere pagar? Si quiere, pero no puede hacerlo antes del vencimiento de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derecho sobre futuras ofertas) que, de gatillarse, obligaría a desembolsar no los 1.300 millones de dólares que exigen el juez neoyorquino and company, sino unos 120.000 millones de dólares (casi el triple de las reservas que logró atesorar el Banco Central en sus mejores años).

¿Y cuando el país estaría en condiciones de realizar ese pago? Al inicio de 2015, a unos 130 días de distancia.

Puertas adentro es llamativo que todas aquellas personas o instituciones que aplaudían canjes, megacanjes y planes tipo Brady sean las mismas que ahora abogan por el pago a los holdouts sin medir consecuencias. Puertas adentro sería también aconsejable que las razones que el Estado argentino esgrime en defensa de sus intereses se manifiesten con el respeto que las circunstancias exigen. A nivel internacional las formas importan (o deberían).

Abriendo las puertas hacia el exterior, el pleito que el país sostiene con los fondos buitre ha generado apoyo y preocupación mundial. Es posible escuchar voces como las del FMI que expresó su inquietud por la suerte de los países endeudados (que no son solo los países en desarrollo sino, principalmente, los desarrollados) o, entre muchas otras, las del G77+China que declaró que “estos fondos no deben suplantar el derecho del Estado de proteger a su gente bajo ley internacional”.

Las dificultades que tenemos desde ésta publicación históricamente productivista para tratar el tema que bordeamos (no se piense que pretendimos esquivarlo) consiste en que los fondos buitres, holdouts o distressed debt no forman parte del mundo del trabajo. No siembran (aunque cosechan), no construyen fábricas, no investigan en laboratorios ni enseñan en los colegios o las universidades, no fabrican bienes ni prestan servicios, no pagan jornales ni sueldos. Pero cobran y reciben ganancias extraordinarias de aquellos que siembran, fabrican, estudian, investigan o enseñan. Son parte de esa especie de denso nubarrón que perfila el capital financiero, 9 veces más grande (y poderoso) que el producto bruto mundial y conforman, precisamente, el nudo gordiano de un planeta marcado por desequilibrios que se agudizan.

Sabemos que en toda negociación es obligatorio abrir paso a la sensatez y guardar sentimientos. Así que, aceptando que tratar de mejorar (un poco) el mundo implica (primero) conocerlo, es recomendable conciliar intereses mientras organismos como la UNCTAD (con el apoyo del gobierno de Noruega) trabaja sobre mecanismos de regulación financiera internacional que, quizás, algún día se aprueben.



Escribe Irene Naselli


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