N° 250
Por un año fue prorrogado, nuevamente, el “Régimen de Incentivo Fiscal para fabricantes de Bienes de Capital, Informática y Comunicaciones “- así se lo denominó inicialmente-instituido por el decreto 379/ 01, que consiste en el otorgamiento de un bono fiscal (al crearse fue del 14% y en 2018 del 11,2%) que puede ser usado para cancelar impuestos nacionales o ser transferido a terceros y que beneficia ,en el caso de bienes de capital, a los fabricantes de maquinaria general y agrícola, herramientas, equipos hospitalarios, carroceros o buses para uso urbano, entre otros sectores( en el comunicado del Ministerio de Producción y Trabajo incluye también a la industria naval y a proveedores vinculados con la producción de hidrocarburos y energía eléctrica).
Sin anteojeras políticas, históricamente inservibles para explicar la destrucción que todo gobierno neoliberal provoca sobre el entretejido productivo, el presidente de la emblemática Unión Industrial Argentina hace púbico su descreimiento sobre las paulatinas mejoras y el crecimiento económico que el gobierno anuncia en forma recurrente para un futuro vaporoso. Acodada en circunstancias que tienden a empeorar, tanto desde la macroeconomía como desde el accionar de las empresas que aún resisten, desde la cúpula empresarial plantean la urgente necesidad de instrumentar medidas que implican, claramente, un cambio de rumbo de la política económica del gobierno de Cambiemos.
El 31 de diciembre próximo culmina la última prórroga del Régimen de Incentivo Fiscal creado por el decreto 379/2001 que estableció la emisión de un bono para las ventas locales de bienes de capital (del 14% en el momento de su creación, y hoy de entre 11 y 12%).La cercanía de la fecha ha motivado activas gestiones de la conducción de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) que no desconoce que en el gobierno nacional es mayoritaria la opinión de no volver a extender el beneficio, al que considera gravoso para el erario y actualmente, prescindible.
¿Puede la industria argentina transformarse en una industria 4.0? ¿Sobre qué capacidades? ¿Cuáles son las mayores condicionantes? ¿Qué rol debe asumir el Estado para que la incorporación de las tecnologías digitales, que están transformando los modos de producción, impacten positivamente en el tejido productivo y social de la Argentina? Estos y otros interrogantes son respondidos por el licenciado Diego Coatz, director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina(UIA) y docente universitario, en una nota incluida en el libro “Industria 4.
Al 1º de marzo de 2018, el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) contaba con 210 agrupamientos inscriptos, entre parques, áreas y sectores industriales, radicados en todas las provincias, excepto San Luis.De ellos, 189 son de carácter público,18 privados y 3 mixtos. El Ministerio de Producción informó que entre 2016 y 2017 otorgó más de 150 millones de pesos-en Aportes No Rembolsables (ANR)- a casi 50 PI inscriptos en el RENPI para la realización de obras de infraestructura intramuros y presentó una línea crediticia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la radicación de pequeñas y medianas empresas en PI bonaerenses con bonificación de tasa por parte del organismo oficial y el aval del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).
El bono fiscal, que se otorga desde 2001 a los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones en sus ventas en el mercado interno, fue prorrogada una vez más: en esta oportunidad hasta el 31 de diciembre del presente año. Pero con un cambio muy importante, ya para las solicitudes que se presenten a partir del 3 de abril el beneficio sufrirá una poda del 20%, por cuanto será equivalente al 80% del valor resultante del esquema de cálculo que se venía utilizando desde mediados de 2017.
El proyecto de ley de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores “avanzó significativamente al lograrse un dictamen consensuado en un plenario de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas y Medianas Empresa y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación que sería considerado en el recinto durante las sesiones convocadas para la semana próxima.
“La economía sólo es viable cuando es política, con lo que quiero decir que sólo es posible avanzar en la comprensión de cualquier hecho económico con el herramental que nos ofrece la economía política”. Esta frase, pronunciada hace varios años en el transcurso de un ciclo de encuentros, coloca al ingeniero Enrique Mario Martínez en el casillero de intelectual comprometido al que eligió ingresar. Muchas veces polémico, “Quique” Martínez es un especialista en política industrial y tecnológica, de extensa trayectoria en la función pública en la que ocupó cargos de relevancia: Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, y presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Con el objetivo de simplificar y desburocratizar la interacción de las empresas con el Estado, el gobierno nacional modificó la operatoria de la inscripción en el Registro Industrial de la Nación (RIN), creado por la ley 1997/1992 con el objetivo de establecer una base de datos de firmas manufactureras.Los cambios introducidos por la resolución 533/2017,que permitirán que la inscripción esté disponible en 24 horas, son parte del plan de simplificación administrativa que se viene implementando en distintas áreas estatales que incluye, entre otras medidas, la digitalización de todos los expedientes en tramitación, el aumento la cantidad de trámites a la distancia y la aceptación del correo electrónico como domicilio constituido.
El recordado Aldo Ferrer fue uno de los más firmes promotores para que Estado orientara la política de compras de bienes y servicios del sector público a la industria nacional. Consideraba que” la vinculación entre la demanda del gobierno y la oferta interna juega un papel fundamental en el desarrollo y transformación de las estructuras industriales y de los sistemas científico-tecnológico”. En momentos que se reabre el debate sobre una nueva legislación de Compre Nacional, es oportuno recordar un tramo de un capítulo de su libro ”Tecnología y Política Económica en América Latina”, publicado en 1974 y reeditado 40 años después por la Universidad Nacional de Quilmes.