N° 250
El economista Mariano Kestelboim- consultor de empresas y cámaras industriales -se concentra en esta nota en las políticas implementadas desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2015 y su impacto en la actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales y destaca que con el correr de los meses comenzó a predominar en el segmento un clima de tensión y frustración que puede profundizarse en caso de no rectificarse el rumbo con políticas de apoyo real a la industria PyME.
“Entre los principales desafíos actuales de la política pública a favor de la innovación se encuentra la necesidad de promover y favorecer una mayor vinculación de las pequeñas y medianas empresas con las instituciones y organismos públicos y privados en condiciones de brindar asistencia científico-técnica a estas empresas”, destaca un informe especial de la Fundación Observatorio PyME sobre “Investigación, Desarrollo e Innovación entre las PyME industriales”. De acuerdo al relevamiento efectuado en 2016, la FOP sostiene que la institución menos relacionada con el tejido industrial es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (solo el 1% de las empresas acreditó estar vinculada con el organismo oficial).
Grupo Arcor junto a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) presentaron la 5ta. Edición del Premio Arcor a la Innovación , que cumple diez años de historia. La iniciativa busca fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico para transformarlos en mayor productividad y competitividad en el sector de la industria de la alimentación, y mejoramiento de las condiciones de vida y situación social de las comunidades. También pretende reconocer y estimular el talento y las actitudes emprendedoras, promover la gestión integral de la innovación y contribuir a la vinculación del sector científico con el industrial, facilitando la transferencia científica y tecnológica.
Cinco títulos, siete capítulos y sesenta y ocho artículos conforman el texto de la ley de Emprendedores aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja. La norma, una propuesta que fue uno de los puntos fuertes de la campaña electoral de la Alianza gobernante, contempla: la creación de un nuevo tipo societario- la Sociedad por Acciones Simplificada(SAS)-que se prevé de rápida inscripción-se sostiene que demandará 24 horas a partir de la entrega de la documentación al Registro Público de Comercio- ;la integración de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) ;la puesta en marcha del Programa ”Fondo Semilla” y la apertura del Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, entre otros instrumentos de apoyo al desarrollo del sector.
A través de la Subsecretaría de Financiamiento, el Ministerio de Producción convocó a dos licitaciones que se realizarán el 14 de marzo y a mediados de abril, en las que podrán participar entidades financieras de todo el país. El monto total será de 5.000 millones de pesos (2.000 millones y 3.000 millones respectivamente) disponibles para pequeñas y medianas empresas de los sectores de industria, comercio, minera, construcción y servicios, con destino a proyectos de ampliación de plantas y/o de inversión productiva, compras de bienes de capital, adquisición de insumos o pago de salarios, entre otros, y a los programas Mi Galpón y Parques Industriales.
Una delegación de directivos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), se reunió con el secretario de Emprendedores y PyMES, Mariano Mayer, y la subsecretaria de Gestión y Políticas de la PyME ,Carolina Castro, que respondieron al pedido de audiencia formulado por la entidad para analizar la situación del sector y, entre otras cuestiones ,solicitar la extensión de la fecha establecida por el artículo 52º de la Ley 27.260 que permite regularizar las obligaciones tributarias y previsionales vencidas al 31 de mayo de 2016.
En el mes de diciembre se duplicó el número de micro, pequeñas y medianas empresas que se registraron para acceder a los beneficios que ofrece la ley PyME: las 104.273 empresas que al 30 de noviembre habían realizado el trámite de registración online, al cierre de 2016 pasaron a 208.928 (alrededor de 1/3 del total de las empresas que están activas en el país). Se apuntó una caída en el porcentaje de empresas que pertenecen al sector industrial.
A fines de noviembre, 104.273 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) se habían inscripto en el registro habilitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos para poder acceder a los beneficios previstos en la ley PyME que estableció, entre otros, un tratamiento diferencial al segmento en materia fiscal, administrativa y crediticia. El 15,8% del total de las empresas registradas desarrolla su actividad en el sector industrial.
En el segundo trimestre de 2016 “el aumento en los costos salariales, la caída de las ventas y el retraso en los pagos de los clientes fueron los principales problemas que enfrentaron las pequeñas y medianas empresas industriales”. Mientras el primero perdió relevancia respecto a igual período de 2014 y 2015, el segundo ha ganado importancia respecto del anterior. Creció también la preocupación de los empresarios por la disminución en su participación del mercado a manos de las importaciones. Estas son algunas de las conclusiones de la Encuesta Coyuntural II Trimestre de 2016, un relevamiento que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME (FOP) entre más de 400 empresas de todo el país.
Seis títulos, tres capítulos y 58 artículos comprende la ley 27.264 que instituye con carácter permanente el Programa de Recuperación Productiva -denominación oficial de la ley-, crea un régimen oficial de fomento a la inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas y define numerosos beneficios impositivos y financieros.