N° 250
Mediante el decreto 699/2010, el Poder Ejecutivo Nacional extendió por el término de dos años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en los impuestos a la Ganancias y al Valor Agregado, acordados en el marco de la ley No 22.021 y sus modificaciones, a las empresas industriales radicadas en las provincia de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. El porcentaje de beneficios será el correspondiente a 2009 y en ningún caso podrá exceder el 45%. Para acceder a este porcentual, las empresas titulares de los respectivos proyectos deberán mantener la cantidad mínima del personal comprometido o el nivel de empleo promedio efectivamente afectada a la actividad promovida, en caso que este fuera mayor durante el citado año.
La crisis internacional afectó las corrientes de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región en 2009, que cayeron 42% (a 76.681 millones de dólares) respecto del récord histórico logrado en 2008 (131.938 millones de dólares). El informe “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009”, elaborado por la CEPAL, destaca que se espera un repunte de entre 40 y 50% en 2010 –justificado en las mejores perspectivas de crecimiento para la región, las tendencias de largo plazo de la IED y las previsiones de ingresos esperados de algunos de los mayores países receptores- lo que permitiría retomar los niveles de IED alcanzados en 2007, cuando se registraron ingresos superiores a los 100 mil millones de dólares.
Un compromiso asumido por el diputado nacional Carlos Heller durante la campaña electoral, compartido con sus pares Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Nélida Belous, fue cumplido con la presentación del proyecto de ley destinado a redefinir la actividad financiera como “un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social”. En uno de sus artículos, la iniciativa establece que un 38%, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberá tener como beneficiarios a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2% a microemprendimientos.
Más allá de las pujas de ocasión, los consensos debidos reclaman un nuevo orden del día. Al menos eso sugieren Robert Devlin y Graciela Moguillansky, investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tras analizar lo acontecido en diez naciones que, durante las últimas cuatro décadas y merced a este tipo de acciones, impulsaron una transformación productiva acelerada que los condujo a converger con los países desarrollados. En algunos de estos “modelos” el avance fue mayúsculo y en otros no tanto, aunque si bien disponen una dotación de recursos similar, evolucionaron mejor que los países de nuestra región.
El título de la convocatoria tenía un cierto grado de generalidad: “Financiamiento y políticas de desarrollo”, pero la médula de este nuevo encuentro convocado por la ascendente AEDA, Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina fue la exploración y el posterior debate sobre los “Elementos para una regulación mas eficaz del sistema financiero argentino”.
La decisión de un organismo de comercio exterior de China de aplicar restricciones a exportaciones argentinas de aceite de soja a ese mercado –por contener el producto residuos de solventes en porcentajes superiores a los establecidos por la normativa vigente desde el 2005 en el país asiático-, puso en estado de alerta a los sectores industriales que, en los últimos meses, han logrado la aplicación de medidas anti dumping, luego de que las autoridades comprobaran que las importaciones chinas en competencia desleal desplazaban a la producción nacional.
“Nos comprometimos a trabajar en forma conjunta con quienes nos representan en la Nación en la defensa del federalismo y en la difusión de políticas de desarrollo económico-social estables. Y el proyecto de ley que propiciamos sobre la eliminación gradual y la coparticipación del Impuesto de Débito y Crédito Bancario (ICDB), refleja nuestro firme deseo de actuar en pos de cumplir con estos objetivos”. Así lo destacaron representantes del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba al presentar un informe técnico y la propuesta legislativa modificando los alcances del citado gravamen.
La Unión Industrial Argentina alertó sobre los significativos aumentos que se vienen detectando en el costo del seguro de Riesgos del Trabajo, “que afectan la actividad y el empleo”, en especial entre las PyMES industriales.
A las entidades empresarias que vienen expresando su preocupación por los pedidos de incrementos salariales reclamados por numerosos agrupaciones sindicales se sumó la Unión Industrial del Partido de la Matanza (UIPMA) que, en un comunicado, afirmó que varios sectores de la industria “no pueden incrementar los precios porque esto puede sacarlos de competencia, debido a la dura disputa con productos importados”.
Saliendo al cruce de declaraciones del ministro de Economía, Amado Boudou, y del ex presidente del BCRA, Martín Redrado, que vincularon a la Union Industrial Argentina con presiones para generar una devaluación de la moneda, la central fabril desmintió el contenido de las mismas y remarcó que el valor de la moneda tiene que ser definido en el marco de una política económica integral.