N° 250
En el transcurso de 2016 se profundizó “la crisis en cámara lenta” de los mercados laborales de América Latina y el Caribe (ALC), pronosticada un año atrás por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y puesta de manifiesto en un significativo aumento de la tasa de desempleo y el deterioro general de los indicadores laborales en la región. El informe -“Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe”- elaborado por la OIT y la CEPAL estimó que, en caso de mantenerse la tendencia actual, el promedio anual de la tasa de desempleo aumentará de un 7,4% en 2015 a un 8,6% en 2016, en tanto que la tasa media de ocupación urbana podría retroceder a 57,5%, un nivel similar al de 2010.
Descartados los cambios a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado un proyecto de ley complementaria del sistema de Riesgos del Trabajo que incorpora como principal novedad que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción en el fuero laboral.
Mientras a “cuentagotas” van trascendiendo los objetivos del Plan Productivo Nacional que impulsa el gobierno, se acrecienta la preocupación de los empresarios de los sectores industriales que necesitan iniciar “una estrategia coordinada de transformación productiva”. Por lo que se sabe, el listado incluye entre los sectores denominados sensibles: textil-confección; electrónica de consumo; calzados y muebles. A continuación un resumen de las propuestas oficiales para el primero de los citados.
El Ministerio de Producción introdujo modificaciones en el texto del “Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión”, instituido mediante la Resolución 256 de abril de 2000 durante una de las gestiones de Débora Giorgi en la cartera de Industria. La decisión fue adoptada con el objetivo de “hacerlo más ágil administrativamente, simplificando y desburocratizando la tramitación de los incentivos” contemplados en la norma. Sin embargo, desde la industria metalúrgica, al tiempo de recordar que siempre sostuvo que el Régimen debilitaba la participación de la industria nacional en las inversiones, opinaron que los cambios introducidos impactarán negativamente sobre la actividad de las empresas y en los niveles de empleo sectorial.
El gobierno flexibiliza las importaciones de todo tipo de productos en un escenario recesivo, con economías regionales sofocadas, pérdida del poder adquisitivo del salario y desocupación en alza. El argumento que se esgrime, detrás de algunos escritorios ministeriales, es la necesidad de disciplinar los precios internos, vara que ya fuera usada por gobiernos anteriores y que sólo fue efectiva para producir daños, algunos irreversibles, en la estructura productiva.
En esta nota, el Secretario de Industria y Servicios y el Subsecretario de Industria del Ministro de Producción, Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, respectivamente, analizan los alcances de la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino y la nueva prórroga del Acuerdo sobre Política Automotriz Común vigente con Brasil, instrumentos que “constituyen una acción coordinada por parte del Estado para abordar una cadena de valor de suma importancia para la estructura productiva”.
Los destinatarios de las recientes novedades vinculadas con la actividad automotriz argentina, representados por las entidades empresarias que los nuclean -Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y Grupo Proa, Cámara Empresaria Autopartista-, evalúan el impacto que tendrán en el desenvolvimiento futuro del sector la ley que promueve el desarrollo del autopartismo local y la renovación del acuerdo con Brasil.
Firmada por el Presidente Adrián Kaufmann Brea y el Secretario Juan C. Sacco la Unión Industrial Argentina envió una carta a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, ingeniera Susana Malcorra, con copia al Jefe de Gabinete, licenciado Marcos Peña, al Ministro de la Producción, ingeniero Francisco Cabrera y al Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, licenciado Alfonso Prat Gay en la que se argumenta porqué China no puede ser considerada una economía de mercado y cómo sus exportaciones, a precios irrisorios, son realizadas en condiciones de competencia desleal.
La inversión extranjera directa (IED) en la región disminuyó un 9,1% en 2015 en comparación con el período anterior, llegando a 179.100 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010. El resultado se justifica, principalmente, por la caída de la inversión en sectores vinculado a los recursos naturales, como minería e hidrocarburos. Un capítulo del informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016” analiza la evolución de la IED en la minería metálica en la región y plantea que si bien sus consecuencias impactaron positivamente en términos de ingresos fiscales y exportaciones, fueron casi nulos en materia de diversificación y encadenamientos productivos.
En su reporte “Mercado Industrial”, correspondiente al segundo semestre de 2015, CBRE Argentina destaca que “el cambio en el gobierno nacional traerá aparejados algunas modificaciones puntuales en el sector de Parques Industriales (PI)”.El informe sostiene que en los últimos años “la dificultad para el giro de dividendos al exterior a través del Mercado Único Libre de Cambio (MULC) llevó a ciertas empresas a destinar un flujo de pesos importante a compras, mejoras y otras formas de capitalización dentro del mercado de inmuebles industriales”.