N° 250
El anuncio -y los fundamentos- de una cercana y drástica reducción de los aranceles de importación de productos informáticos y el posicionamiento de varios integrantes del gabinete nacionales, favorable a implementar una apertura comercial “inteligente” (apoyándose en experiencias “exitosas” de países que poco tienen en común con la Argentina) ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema de la política que debe guiar nuestro relacionamiento comercial con el mundo. El director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME(FOP) doctor Vicente N.
Desde Washington escribe Miguel Ponce*. El gran problema de la política exterior estadounidense es que los republicanos no creen en el multilateralismo y los demócratas no creen en el libre comercio, tal como bien lo explicó una vez en la Universidad de Harvard el ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo el mandato de Bill Clinton, Lawrence Summers. Bueno, ahora Estados Unidos eligió un presidente que no cree ni en el libre comercio ni en el multilateralismo...
“Desde el Plan Fénix alertamos sobre los riesgos de la evolución de las medidas actualmente implementadas”, dice uno de los párrafos finales del meduloso documento de trabajo presentado por aquel colectivo de economistas de la Universidad de Buenos Aires. Antes alertaba que “la realidad, observada atentamente, se presenta como un anticipo de nuevas crisis” y enseguida puntualiza que aunque “la Argentina cuenta con los recursos necesarios para crecer de manera soberana consolidando un modelo de desarrollo y equidad” este no es el camino que estamos recorriendo.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue el encargado de recordar, en conflictivas declaraciones formuladas en los Estados Unidos, que el gobierno reducirá drásticamente los aranceles de importación de computadoras de escritorio, notebooks y tablets en los primeros meses de 2017. Si bien el Plan Productivo Nacional (PPN), presentado en septiembre en la sede de la Unión Industrial Argentina por el Ministro de Producción, contempla la modificación de la estructura arancelaria del sector llevando el arancel externo común de 35% a 0%, se espera que la reducción sea programada en dos etapas con una intermedia, fijando en este caso el gravamen en16%.
En el transcurso de 2016 se profundizó “la crisis en cámara lenta” de los mercados laborales de América Latina y el Caribe (ALC), pronosticada un año atrás por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y puesta de manifiesto en un significativo aumento de la tasa de desempleo y el deterioro general de los indicadores laborales en la región. El informe -“Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe”- elaborado por la OIT y la CEPAL estimó que, en caso de mantenerse la tendencia actual, el promedio anual de la tasa de desempleo aumentará de un 7,4% en 2015 a un 8,6% en 2016, en tanto que la tasa media de ocupación urbana podría retroceder a 57,5%, un nivel similar al de 2010.
Descartados los cambios a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado un proyecto de ley complementaria del sistema de Riesgos del Trabajo que incorpora como principal novedad que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción en el fuero laboral.
Mientras a “cuentagotas” van trascendiendo los objetivos del Plan Productivo Nacional que impulsa el gobierno, se acrecienta la preocupación de los empresarios de los sectores industriales que necesitan iniciar “una estrategia coordinada de transformación productiva”. Por lo que se sabe, el listado incluye entre los sectores denominados sensibles: textil-confección; electrónica de consumo; calzados y muebles. A continuación un resumen de las propuestas oficiales para el primero de los citados.
El Ministerio de Producción introdujo modificaciones en el texto del “Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión”, instituido mediante la Resolución 256 de abril de 2000 durante una de las gestiones de Débora Giorgi en la cartera de Industria. La decisión fue adoptada con el objetivo de “hacerlo más ágil administrativamente, simplificando y desburocratizando la tramitación de los incentivos” contemplados en la norma. Sin embargo, desde la industria metalúrgica, al tiempo de recordar que siempre sostuvo que el Régimen debilitaba la participación de la industria nacional en las inversiones, opinaron que los cambios introducidos impactarán negativamente sobre la actividad de las empresas y en los niveles de empleo sectorial.
El gobierno flexibiliza las importaciones de todo tipo de productos en un escenario recesivo, con economías regionales sofocadas, pérdida del poder adquisitivo del salario y desocupación en alza. El argumento que se esgrime, detrás de algunos escritorios ministeriales, es la necesidad de disciplinar los precios internos, vara que ya fuera usada por gobiernos anteriores y que sólo fue efectiva para producir daños, algunos irreversibles, en la estructura productiva.
En esta nota, el Secretario de Industria y Servicios y el Subsecretario de Industria del Ministro de Producción, Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, respectivamente, analizan los alcances de la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino y la nueva prórroga del Acuerdo sobre Política Automotriz Común vigente con Brasil, instrumentos que “constituyen una acción coordinada por parte del Estado para abordar una cadena de valor de suma importancia para la estructura productiva”.