N° 250
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- pronostica que el ritmo de expansión económica de América Latina se verá tonificado en 2015 y oscilará entre un 2 y un 2,5% superando así al 2014 en que el crecimiento del PIB fue uno de los más modestos de los últimos cinco años ( entre 1 y 1,5%). Reconociendo la heterogeneidad regional, asociado a diferentes estrategias de gestión económica, las “Perspectivas Económicas de América Latina 2015” ponen el foco en la educación, las competencias y la innovación como insumos clave para un mayor crecimiento inclusivo.
Mientras la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a aprobar, con el voto del bloque oficialista y de sus aliados, el acuerdo con China, en el ámbito empresario se siguen analizando las implicaciones económicas y sociales de las concesiones unilaterales que el gobierno habría otorgado al gigante asiático sobre distintas contrataciones públicas. Al respecto, el doctor Marcelo Halperín, investigador y docente del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de la Plata, autor de numerosos ensayos y trabajos relacionados con la problemática económica regional e internacional, nos propone en esta nota exclusiva para Informe Industrial, pasar revista a las posiciones asumidas en materia de contratación pública por Chile, Costa Rica y Perú que han negociado con China compromisos bilaterales a través de los denominados “Tratados de Libre Comercio” (TLC).
Luego de un amplio intercambio de ideas – algunas expresadas a viva voz- el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina analizó el informe técnico elaborado por las diferentes áreas de la entidad sobre el “Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre la República Argentina y el Gobierno de la República Popular de China” planteando (o replanteando) las mismas objeciones que ya habían sido señaladas en el (para algunos) controvertido estudio preliminar.
Nadie duda de la importancia de mantener negociaciones con China, los interrogantes nacen cuando, al abordar el estudio del “Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China “, aparecen involucrados, junto al maná de divisas que engrosa las arcas del Banco Central, amplios sectores de la economía real tratados con llamativa opacidad. La pregunta obligada ante estas negociaciones debería ser ¿éste convenio está alineado con la política (efectiva o aparente) de industrializar el país?
El seminario “Productividad, pilar del crecimiento sostenible en el Cono Sur” convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue inaugurado por una clase magistral del ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y se extendió durante dos días en los que, a su turno, ocuparon el estrado referentes sectoriales del prestigio de Santiago Levy o, entre otros, José J. Ruiz. Junto a representantes del BID disertaron caracterizados miembros de organismos como nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; la Universidad de Chile, el Instituto de Investigación Económica Aplicada del Brasil y el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay.
Con demora, y sin levantar por ahora el tono, las entidades empresarias del sector fabril comenzaron a expresar sus dudas respecto de las bondades del convenio-marco de cooperación económica y de inversiones firmado en junio pasado con el gobierno de China. La reciente y apurada aprobación del convenio por parte del Senado Nacional, que contempla además dos acuerdos sobre inversiones industriales e infraestructura -instalaciones portuarias, electrificación de líneas ferroviarias, renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras-, puso en la mira de los industriales las ventajas que se otorgarán a las empresas chinas en la realización de las obras en general que impactarán negativamente sobre el empleo y la producción local
De acuerdo a la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el Instituto de Estudios económicos de la Universidad de Múnich, el llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina perdió 4 puntos desde julio hasta octubre y se ubicó en los mismos 80 puntos en que estaba poco más de cinco años atrás, en julio de 2009, cuando la región sufría los efectos de la crisis económica internacional. Para enfrentar el clima adverso, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aconsejan aumentar la integración regional, mejorar la infraestructura y la logística y enlazar la producción en cadenas de valor internacionales.
Un serio llamado de atención a los banqueros europeos formuló la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en su primera presentación a nivel internacional desde que asumió el cargo luego del fallecimiento de su padre, Emilio Botín. “Demasiados banqueros perdieron de vista su función básica -contribuir al progreso de las personas y de las empresas- antes de la crisis. Y como sector, perdimos gran parte de la confianza que la sociedad había depositado en nosotros” sostuvo en su intervención en la VII Conferencia Internacional de Banca, celebrada recientemente en Madrid.
En una reciente reunión de la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval, el presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), Juan A. Torresín, expresó su apoyo al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Gastón Harispe, que se encuentra en instancias avanzadas en su tratamiento legislativo. La iniciativa, que ha provocado algunos “chisporroteos” en el seno de la entidad empresaria, establece un “Régimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval”, que apunta a recuperar la capacidad de bodega de la Argentina, eliminar el régimen de tratamiento de bandera de preferencia; incluir un sistema de leasing; y conformar un fondo financiero específico para la construcción de buques.
Convocado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) un núcleo representativo de entidades empresarias de la provincia debatieron la problemática sectorial y regional y consensuaron un conjunto de propuestas cuya concreción “le darán a la provincia un fuerte perfil industrial, generando trabajo, valor agregado y bienestar para todos los mendocinos”.