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Política industrial

¿Para todas las provincias?

Las aguas no se aquietan y mientras el gobernador Celso Jaque espera que se confirme que la provincia de Mendoza será incluida entre las beneficiarias de la prorroga del régimen de Promoción Industrial establecido en el decreto 669/10 -incorporación cuestionada judicialmente por el gobierno pampeano-, un plenario de cinco comisiones del Senado de la Nación aprobó un dictamen que contempla un cupo fiscal-regional y nacional- que beneficiaría a todas las jurisdicciones provinciales. Se oponen al proyecto de ley tanto los senadores del justicialismo y de sus aliados, que consideran que la iniciativa compromete financieramente al Estado Nacional, como el gobierno de Tierra del Fuego que sostiene que, la generalización de la promoción industrial, atenta contra las provincias que actualmente cuentan con regímenes de estimulo para atender situaciones de menor desarrollo relativo.

ImagenesCarlos VernaCesar GiojaLaura Montero
El dictamen de mayoría de un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado Nacional aconseja la aprobación de un proyecto de ley que considera iniciativas presentadas oportunamente por los senadores César Gioja, Laura Montero, José M. Roldán, Emilio Rached y Carlos Verna respectivamente.

En su artículo 1o, el proyecto define como objetivo de la ley “estimular un desarrollo económico regional equilibrado, fomentar procesos de integración horizontal y vertical en eslabonamientos productivos y generar nuevas fuentes de empleo”. Y, para concretarlo, por el artículo 2o se crea un cupo fiscal destinado a promover el desarrollo de procesos de industrialización de la producción primaria de cada región o provincia, de las actividades turísticas, culturales, tecnológicas y otras de alto valor agregado local.

El proyecto contempla que el Poder Ejecutivo estimará anualmente el costo fiscal del régimen y lo incluirá cada año al confeccionar el Presupuesto nacional. Dicho cupo “no podrá ser inferior al 1% ni superior al 3% del cálculo de los Recursos Corrientes y de Capital de la administración” y se conformará por un cupo regional del 80% y un cupo nacional del 20%.

La distribución de los beneficios del cupo fiscal entre las cinco regiones geográficas que dibujan el país, se realizará en función a los siguientes criterios: Producto Bruto Geográfico per cápita en la región; índice de industrialización; índice de la pobreza, medido en términos de necesidades básicas insatisfechas, y densidad de población.

Los proyectos elegibles -emprendimientos nuevos o en vías de ejecución- deberán corresponderse con los procesos enunciados en el artículo 2o y “ser consistentes con el marco normativo aplicable en lo referido a la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable”.

De beneficios y facultades

Los beneficios a otorgarse a los proyectos seleccionados comprenden, en el caso de la contratación de mano de obra y/o empleo, el otorgamiento de un bono anual de crédito fiscal transferible, por un primer y único endoso, equivalente al 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial una vez pagos dichos aportes. Este beneficio se calculará tomando como base el personal contratado a partir de la vigencia de la legislación y exclusivamente afectado al nuevo proyecto de inversión. El crédito fiscal podrá ser utilizado para cancelar tributos nacionales.

Por su parte, para la inversión se contemplan dos tipos de beneficios: a) entrega de un bono fiscal nominativo y transferible, también por un primer y único endoso, de hasta el 50% de la inversión en capital físico realizada en el proyecto, también imputable al pago de tributos nacionales, y b) amortización acelerada en el impuesto a las ganancias en la compra de bienes de capital nuevos.

El artículo 17º establece que esos beneficios son acumulables entre sí, “pero no con respecto a otros regímenes de promoción regional, de carácter general o especial, de jurisdicción nacional existentes o que pudieran formularse”.

La Autoridad de Aplicación (AA) de la ley será el Poder Ejecutivo provincial respectivo en el cupo fiscal regional y el Poder Ejecutivo nacional en el restante. Semestralmente, la AA deberá llamar a concurso público para recibir, evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se presenten. En todos los casos, los concursos deberán contener en forma explícita los criterios de aprobación para la selección de los proyectos destinados al desarrollo regional y a la integración de eslabonamientos productivos, “priorizados por planes estratégicos sectoriales y regionales”. Desde el cierre de los concursos hasta la selección de los proyectos no podrá transcurrir un período mayor a los seis meses.

El proyecto consensuado por las comisiones del Senado también enumera las facultades de la AA:
  • Definir las actividades comprendidas en los procesos productivos y de industrialización.
  • Aprobar los proyectos, establecimientos industriales y las actividades turísticas, culturales, tecnológicas y otras alcanzadas por los beneficios antes comentados.
  • Articular el seguimiento y supervisión a realizar por parte de las organizaciones intermedias y/o los consejos consultativos locales, respecto del desarrollo y cumplimiento de los proyectos beneficiados.
  • Instrumentar el procedimiento de aplicación de las sanciones establecidas.

En el capítulo de las disposiciones generales se fijan las sanciones que corresponderán por el incumplimiento de la norma por parte de los beneficiarios y el plazo de la vigencia del nuevo régimen (cinco años, prorrogable por igual período previa auditoria y evaluación de sus resultados por parte de las autoridades nacionales y provinciales). También se establece que el Ministerio de Economía debera confeccionar un informe anual evaluando el impacto económico de cada una de las actividades promovidas.

Por otra parte, el articulo 29º estipula que las disposiciones contenidas en la ley “no derogan ni suspenden” lo estipulado en la ley Nº 19.640 -de Promoción Económica de Tierra del Fuego- sus decretos reglamentarios y normas complementarias; en la ley Nº 22.021 -de promoción industrial de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan-, sus decretos reglamentarios y normas complementarias; en el decreto Nº 699/2010 -de extensión de la promoción industrial en las cuatro provincias citadas- y complementarios, ni otras normas que establezcan regímenes de fomento o promoción industrial que se encontraran vigentes.

En dos anexos se definen las metodologías de cálculo para determinar la distribución del cupo fiscal entre regiones y entre provincias respectivamente.

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