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Energía

¿Quién le pone el cascabel?

El fallo de la Corte Suprema sobre la implementación de las tarifas de gas se circunscribió a los usuarios domiciliarios y dejó a la intemperie al sector productivo en primer término y a las múltiples formas de actividad social en segundo lugar (aunque no cerró las puertas a reclamos que, suponemos, se sucederán en cascada). La discusión sobre el atraso tarifario está fuera de agenda, pero no lo están la oportunidad ni la forma en que se pretende implementar su corrección.

ImagenLas explosivas tarifas del gas
Es que si bien el gobierno está lejos de considerar la utilización del gas (de la electricidad o el agua) como una forma de satisfacer la muy humana necesidad de Acondicionamiento del ambiente (ver “Teoría de las Necesidades” de Carlos Mallman, 2013, Fundación Bariloche) no puede negar las profundas disparidades climáticas en el territorio nacional y sus desiguales requerimientos energéticos, así como desconocer los diferentes niveles de ingreso de las familias que componen los distintos asentamientos.

Tampoco debería ser posible que el gobierno provoque el aplastamiento de las empresas locales sobre las que dispara, además de impagables aumentos de la energía, una apertura de las importaciones que no se condice con la caída del poder adquisitivo de la mayor parte de la población y su impacto sobre la debilidad del mercado interno, ni con altos costos del dinero o una estructura impositiva que castiga a la producción y el empleo.

El Gobierno sostiene - y es terco- que entre sus principales propósitos se encuentra la reducción del déficit fiscal y que, para lograrlo, es fundamental recortar subsidios que equivalen a largos dos puntos del PBI. Y bien, el logro de la reducción del déficit tenía y tiene múltiples caminos alguno de los cuales fue recorrido en sentido contrario (léase operaciones que implicaron transferencias de 9.150 millones de dólares al agro y de más de 1.000 millones al sector minero). Por otra parte, el ejecutivo también debería tener algún punto de equilibrio indispensable para la mejor articulación de una sociedad que, políticas aparte, no puede organizarse sobre un Excel.

Tras el fallo de la Corte el gobierno se vio obligado a modificar el Presupuesto en 11.500.715.098 (poco más de 7.000 millones se transfieren a empresas privadas, más de 1.500 millones al Fondo Fiduciario de Subsidios a Consumidores Residenciales, casi 2.000 millones al Fondo para Subsidios de Consumos y cerca de 842 millones a empresas privadas para ejecutar la política de energía eléctrica). En compensación se redujeron los adelantos al Ministerio de Energía y Minería y se recortó sin miramientos el presupuesto de Enarsa.

Aunque el procedimiento en los aumentos de la electricidad no obviará las Audiencias Públicas (por motivos que la Corte convirtió en obvios), las postergadas Audiencias Públicas para tratar los aumentos en el gas tienen en su precio en boca de pozo su talón de Aquiles. ¿Por qué el ministro Aranguren se negó a contestar esa pregunta durante su presentación en el parlamento?, ¿Cuál es el secreto de ese precio? Según el experto Nicolás Di Sbroaivacca del Instituto de Economía Energética de la prestigiosa Fundación Bariloche (ver“El gas natural: ¿bien suntuario o necesario?”)en Canadá es de 2 dólares por MMBTU y en Argentina, en promedio, es 2,5 veces superior. Nuestra sociedad merece saber por qué.

Según portavoces del ejecutivo, el gobierno mantendrá su postura de un primer aumento del 400% en el rediseño de la estructura tarifaria para el gas, porcentaje que es sostenido como módico y muestra de gradualidad en el tránsito del “populismo energético” al logro de la eficiencia sectorial.

Las dificultades que enfrenta el elenco gobernante para mantener su postura original son difíciles de sortear y las consecuencias de esa posición (aparentemente) inflexible pueden ser catalogadas de espinosas.

La suba de las tarifas energéticas afectará aún más el nivel de actividad económica e impactará sobre la inflación. Es muy difícil que por sí misma se convierta en un atractivo para mayores y mejores inversiones en el área (un plan energético creíble sería más confiable) pero es fácil entender que esa factura no será sólo económica sino política.

Aunque en la fábula el gato al que tanto se temía se llamaba Rodilargo, ¿en nuestra realidad se llama Juanjo?

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