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Temas en debate

“Hablando con claridad”

“La deuda (de nuestro país) se ubicaría por encima del 110% del PBI y cabe recordar que las propias normas del FMI para el nivel de deuda para los países emergentes estipula que esta no supere el 70% del PBI para ser considerada “sustentable”.

ImagenDesde un sector disidente, la UCR diagnostica y elabora cursos de acción
Con las firmas del Presidente de la Convención Nacional de la UCR,Jorge SAPPIA y del Coordinador de la Comisión de Economía,Miguel Ponce, mientras se espera la decisión del organismo acerca de la quinta revisión del programa vinculado a un desembolso considerado imprescindible para el cumplimiento de los pagos programados hasta fin de año, la facción disidente del partido radical considera que “las estimaciones más optimistas sobre los índice inflacionarios preanuncian entre 5 y 6 % para agosto y de 6 a 7% para septiembre, estableciendose un peligroso arrastre inflacionario para lo que queda del año y una caída del PBI por segundo año consecutivo.

Tal como había sido previsto por los miembros de esa comisión en el mes de febrero “sin un verdadero plan económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento y las exportaciones genuinas, va a ser muy difícil mantener el clima socioeconómico bajo control. Esto preanuncia dificultades para la cuarta revisión del programa del Fondo, y habrá que ver cómo hace el equipo económico para balancear su obsesión por las metas del programa, con la realidad de una recesión profunda, con su secuela de aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza de los sectores más desposeídos.” El costado fiscal ofrece nuevas preocupaciones, ya que la recaudación tributaria sigue respondiendo pobremente al crecer nominalmente por debajo de la inflación; el tan anunciado objetivo del equilibrio fiscal para fin de año ahora se ve comprometido por las medidas recientes, cuyo costo se estima en alrededor de medio punto del PBI y, para colmo, parte de esas medidas, en especial la reducción del IVA sobre algunos productos básicos—cuya implementación es, además, técnicamente muy cuestionable—ha provocado un conflicto con los gobernadores que ven afectados sus propios equilibrios fiscales, sin mencionar sus propios objetivos políticos. Las economías regionales se encuentran al borde del colapso y las PyMes no tendrán más remedio que seguir financiándose con el fisco ante la falta de capital de trabajo y las tasas nominales de más del 70% que usa el Banco Central en su intento de anclar el dólar; los anuncios de la AFIP sobre la suspensión de las ejecuciones fiscales a las PyMes por tres meses son realistas y necesarios, pero constituyen apenas un paliativo, ya que las deudas de todos modos se acumularán y, de una u otra manera, habrá que afrontarlas”.

La estrategia de sobrecumplir las metas pactadas con el FMI, opinan desde esa Comisión, “no ha redundado en ningún beneficio palpable, ni siquiera ante el FMI. El esperado desembolso de septiembre no ha sido aún confirmado, y lo más probable es que se demore y que, cuando ocurra, sea por un monto menor a los 5.400 millones de dólares que espera el gobierno".

El cimbronazo de las PASO, opinan después, “dejó en evidencia la futilidad del ajuste que se llevó a cabo, en ausencia de un verdadero Programa Económico que balancee los costos del ajuste y atenúe el impacto socioeconómico de las duras medidas que se tomaron para sobrecumplir las metas con el FMI.” Pero la dimensión que más preocupa no es la estrictamente técnica, sino la política: en términos prácticos, más allá de las metas a fines de julio, el programa debe hoy analizarse mirando a futuro y el escenario ha cambiado por completo, no solo por el cambio de expectativas políticas, sino también porque las incertidumbres en la principales variables son tantas que hacen inevitable una renegociación, tanto de las metas como de los desembolsos y, más importante aún, los reembolsos al Fondo a partir de 2021. Ya se ha mencionado en diversos ámbitos la posibilidad (o necesidad imperiosa…) de pasar del actual Stand-by a un programa de facilidades extendidas (EFF), para poder reprogramar los reembolsos al Fondo en un plazo más largo y retomar la senda del crecimiento”. El documento concluye en que “el deterioro de la situación económica es tal, que hace necesaria una Convocatoria a un amplio Acuerdo Político, Económico y Social que permita garantizar un tránsito razonable hasta las elecciones de octubre y una transición ordenada hasta diciembre, sean cuales fueren los resultados de las mismas. Será necesario, sobre la base de este acuerdo amplio, negociar con el FMI los desembolsos de septiembre y diciembre, pero, sobre todo, la continuidad del programa a partir del 10 de diciembre".


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