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Ciencia & tecnología

Argentina, ¿Un país innovador?

Para el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derechos Industrial y Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es de la UBA, doctor Carlos María Correa, la Inversión en Ciencia y Tecnología y Educación es crítica, perono basta por sí sola si no se promueven activamente los sectores donde la innovación puede crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento.

ImagenCarlos M. Correa
Es un lugar común que la ciencia y la tecnología han devenido claves para el desarrollo y bienestar de los países. Hoy no parece merecer discusión si la Argentina debe invertir en el desarrollo de su capacidad científico tecnológica, sino cómo hacerlo. Hay dos tipos de respuestas a este interrogante.

La respuesta simple es aumentar el gasto en Investigación y Desarrollo (IyD), el que hoy se ubica en un muy modesto 0,4% del PBI, llevándolo al estándar internacionalmente recomendado para los países en desarrollo de 1% del PBI. Esta respuesta –reiterada en muchos “planes” de ciencia y tecnología- supone que la escasez de fondos es la principal limitante para el desarrollo científico-tecnológico, y que a más fondos necesariamente más y mejores resultados.

La respuesta más compleja supone que aumentar los fondos de IyD es necesario pero no suficiente. La inversión de más recursos requiere delinear políticas eficaces y resolver varios temas críticos, tales como qué prioridades atender, cómo asegurar la relevancia de lo que se investiga, así como gestionar adecuadamente los recursos (intelectuales, físicos y financieros) que se dediquen. Esto no niega la necesidad de mayor inversión, pero afirma la de una estrategia para llevarla a cabo.

¿El fin del modelo lineal?


La política científico-tecnológica que se inicia en la Argentina con la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) estuvo fuertemente basada en el credo de que la inversión en ciencia básica naturalmente conduciría a la innovación tecnológica (esto es, a su traducción en nuevos bienes o servicios). Este modelo, conocido como ‘modelo lineal’, permitió el surgimiento de una sólida ciencia en algunas áreas.

Empero, el brillo de la ciencia (incluidos los premios Nobel que la galardonaron) no se tradujo en una mayor capacidad innovativa, la que restó fuertemente dependiente de la tecnología importada.

Dado que gran parte de la tecnología durante el proceso de industrialización fue importada, y que los sectores productivos se concentraron en áreas tecnológicamente maduras, la demanda de los sectores productivos a las instituciones de ciencia y tecnología, fue extremadamente débil, así como lo fue la propia inversión privada en IyD.

Numerosos esfuerzos se realizaron desde la década del ochenta para ‘vincular’ el sector productivo con el científico-tecnológico. La creación de la Gerencia Jorge Sábato en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, más tarde, del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), y el dictado de la ‘Ley de vinculación tecnológica’ No 23.877 son algunos ejemplos. Sin embargo, estos esfuerzos dieron pocos frutos. Más aun, el agudo proceso de desindustrialización que sufrió el país en los noventa, las privatizaciones de YPF y de las empresas de servicios públicos, profundizaron la desarticulación de lo que los economistas llaman el “sistema nacional de innovación”. Por otra parte, el cambio tecnológico que se dio en la agricultura con la difusión de variedades transgénicas, se basó en tecnologías desarrolladas en el exterior, si bien asociadas con los buenos productos del fitomejoramiento argentino.

Como resultado de un gradual cambio de concepción ocurrido en los últimos veinte años, se observa una pérdida de la fe en el “modelo lineal”, y la búsqueda de mecanismos para dar mayor espacio a la demanda y a la interacción entre instituciones científico tecnológicas y sector productivo. Pero estas iniciativas (que a veces han llegado al error de considerar que el científico debería dejar de hacer ciencia y dedicarse a buscar soluciones tecnológicas) encontraron un formidable obstáculo: el tipo de actividades productivas predominantes en el país son de baja intensidad en IyD y generan, por tanto, una tenue demanda al sector científico-tecnológico y escasa inversión privada en ese rubro. Si el país recuperara las posiciones perdidas y se encauzara en un crecimiento sostenido y la diversificación en el sector industrial hacia áreas de mayor valor agregado, esta situación podrá ir cambiando, pero deberían enfrentarse varios problemas. Entre ellos:
  • El marcado envejecimiento de muchas de instituciones de IyD, debido al congelamiento por muchos años de ingreso de nuevo personal calificado.
  • La expulsión del país por la crisis económica y social de una legión de científicos y técnicos.
  • La escasez del crédito para nuevos emprendimientos y la inexistencia del capital de riesgo.
  • La desconexión entre las políticas educativas y las necesidades de la producción e investigación.

En adición a estos problemas, que requieren acciones en el corto y largo plazo, el desarrollo científico tecnológico se enfrenta con una gran limitante. Desde la década del ochenta se han afirmado las tendencias a la apropiación del conocimiento bajo patentes y otros derechos de propiedad intelectual. La extensión de la patentabilidad a todos los sectores tecnológicos, y la prolongación de la duración de las patentes, asociadas a derechos de exclusión más fuertes, limitan las posibilidades de ingeniería inversa que países como Sud Corea explotaran con éxito hasta la década del noventa. El acceso a tecnologías para avanzar en el proceso de reindustrialización ha devenido mucho más difícil. Quienes poseen tecnologías prefieren preservar su control (sin correr el riesgo de crear competidores) y explotarlas en sus países de origen o en plantas estratégicamente ubicadas en unos pocos centros de producción.

La demanda de Monsanto de percibir un “honorario tecnológico” sobre los derivados de la soja transgénica exportada es una muestra de la vulnerabilidad tecnológica del país y del nuevo papel de la apropiación del conocimiento. La pretensión –que afecta más de cuatro mil millones de dólares anuales de exportaciones a Europa- se efectúa a pesar de que Monsanto nunca obtuvo en la Argentina una patente sobre el gen de resistencia al glifosato (patentado en Europa y los Estados Unidos). Ilustrativa también es la pretensión de algunos laboratorios extranjeros de ejercer derechos de ‘propiedad’ sobre los datos de prueba clínicos de los medicamentos (los que no son, en definitiva, sino datos fácticos de naturaleza científica), la que en caso de prosperar les daría un monopolio absoluto y desmoronaría la política de medicamentos genéricos que se impulsa en el país.

Política científico tecnológica y política industrial


Existe una indudable asimetría en la capacidad de innovación de países desarrollados y en desarrollo. Si embargo, recientes análisis(*) señalan la emergencia de una categoría de “países en desarrollo innovadores”, caracterizada por los siguientes indicadores:
  • El gasto en IyD es relativamente más alto que en otros países en desarrollo
  • Existe una actividad científica mayor que en otros países en desarrollo
  • La innovación en el sector privado es más avanzada que en otros países en desarrollo
  • Las interacciones con innovadores en países desarrollados son diversas y más frecuentes
  • La infraestructura de investigación es considerablemente avanzada en muchos en estos países
  • Los mercados domésticos y de exportación están bien desarrollados

¿Puede la Argentina ser considerada en esta categoría de países innovadores, con países como la India y China? Nuestro país ha desarrollado una sólida base científica en algunas áreas, como la biomedicina, y cuenta con buenos profesionales en otras, como el desarrollo de software.

Desafortunadamente, empero, la Argentina no parece cumplir con ninguno de los indicadores señalados más arriba. ¿Podría hacerlo en un futuro cercano? Tiene el potencial para hacerlo, pero ello no será automático y requerirá de inversiones y políticas adecuadas.

Un punto central para alcanzar el status de “país en desarrollo innovador” es estructurar una política de desarrollo científico y tecnológico de manera integrada con la política de producción, en particular la política industrial.

Siguiendo el modelo propuesto por UNESCO en los años sesenta, la política de ciencia y tecnología fue concebida en la Argentina y en otros países latinoamericanos con independencia de las políticas de producción. Esa independencia significó que, en la práctica, la política se limitó a promover la ciencia en un marco de libertad de investigación, y tuvo escasa o ninguna influencia sobre el desarrollo tecnológico. Así, cambios en los niveles tarifarios podían tener un impacto sobre el desarrollo tecnológico de un sector muy superior a cualquier enjundioso “plan de desarrollo científico- tecnológico”. La variable tecnológica, empero, raramente encontró su lugar en el diseño de la política industrial.

La capacidad innovativa de un país depende directamente de la estructura de su actividad productiva. Si la actividad industrial está dominada por actividades tecnológicamente maduras, que no demandan IyD propia o contratada, no es esperable un robusto desarrollo tecnológico. Este no puede surgir sólo del lado de la oferta científico-tecnológica, aunque existan las mejores intenciones, si no hay actores económicos interesados en financiar y usar la innovación. La ausencia de innovación propia no significa que ésta no exista, sino que proviene de otras fuentes, como la incorporación de nuevo equipamiento importado. En un escenario de este tipo, medidas que faciliten el acceso a crédito para adquirir equipamiento son mucho más relevantes, que cualquier incentivo para realizar IyD.

Existen, naturalmente, situaciones en las cuales contribuciones del sector científico- pueden generar innovaciones (como lo predica el modelo de science push), en las que la cooperación entre el sector científico y el productivo es esencial. Sin desconocer estas situaciones, y la conveniencia de promoverlas, la política científica-tecnológica debe estar fuertemente integrada con las políticas de producción, particularmente la industrial. Dado que el estilo e intensidad del desarrollo tecnológico dependerá del perfil productivo que el país sea capaz de generar, es crítico apoyar la emergencia de sectores de mayor valor agregado tecnológico. Iniciativas recientes, como el proyecto de ley del Ministerio de Economía y Producción para la promoción de la biotecnología, parecen indicar que se ha tomado la dirección correcta. Otras políticas, como la orientación de las compras estatales a la promoción del contenido tecnológico, capacitación, programas de calidad, y la preservación de un régimen flexible de propiedad intelectual que limite lo menos posible el acceso a tecnología y el desarrollo de la capacidad productiva local.

En suma, mientras el perfil industrial del país se concentre en áreas de tecnologías maduras, en las que la actividad de IyD es escasamente demandada, no es de esperar un explosivo desarrollo de esa actividad. La inversión en ciencia y tecnología y educación es crítica, pero no basta por sí misma sino se promueven activamente los sectores donde la innovación puede crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento.

(*)Nota:

Innovation Strategy Today Volume 1, Number 2, 2005, Mahoney et al.


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