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PYMES

Con ajustes para facilitar la participación de las PyMES

Con el anuncio del llamado a concurso público para que las empresas presenten proyectos de inversión productiva, se puso en marcha el nuevo Régimen de Promoción de Inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura (LPI). La primera convocatoria otorga un cupo fiscal de 800 millones de pesos de beneficios (sobre un total trianual de 3.600 millones), de los cuales 500 millones están destinados para empresas grandes y los 300 restantes para PyMES. La legislación anterior no favoreció la participación del segmento de menor dimensión y por ello, según las autoridades, las nuevas normas han sido ajustadas para que accedan a los beneficios sin obstáculos y en forma ágil.

ImagenDiego Coats
La LPI contempla beneficios fiscales para aquellas empresas que realicen inversiones en compras de bienes de capital, tales como la devolución anticipada del IVA generada por la inversión o la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Enel caso que el proyecto promocionado sea netamente exportador, de producción limpia o plantee una reconversión industrial sustentable, la empresa podrá acceder a ambos beneficios en forma simultánea.

La norma también establece que podrán acogerse al régimen las inversiones realizadas entre octubre de 2007 y octubre de 2010 y que los proyectos avanzados y/o terminados que se presenten no deben haber ejecutado, a esa fecha, inversiones por más del 15%.

Los proyectos elegidos para recibir los beneficios fiscales serán ponderados según la generación de empleo, el sesgo exportador, el incremento en el valor de la producción, el nivel de integración local de la producción y la situación ambiental y se prevé que la tramitación de los beneficios no superará los seis meses de presentación de los proyectos. La reglamentación contempla además auditorias previas al otorgamiento de los beneficios y durante la ejecución del proyectos.

La ministra de Industria y Turismo destacó que la LPI “esuna herramienta genuina de política activa. El Estado hace un enorme esfuerzo destinando 3.600 millones de pesos para la promoción de la inversión en la industria, direccionando al gasto público a las áreas más dinámicas de la economía, con la certeza que tendrá un efecto directo sobre la generación de empleo, las exportaciones y la agregación de valor”.

La licenciada Débora Giorgi recordó que la ley anterior –vigente entre septiembre de 2004 y septiembre de 2007- entregó casi 1.500 millonesde pesos de beneficios fiscales, “con muy buenos resultados: por cada peso otorgado de cupo fiscal se generaron seis pesos de inversión y 12 pesos de exportación”.

Claves para el éxito del régimen

Como se señaló más arriba, las PyMES industriales tuvieron dificultades para acceder a los beneficios establecidos en la versión anterior y no se ocupó el cupo asignado.

Al respecto, el economista del Centro de Estudios de la Union Industrial Argentina, licenciado Diego Coatz, considera que “existe vocación por parte del Ministerio de Industria en poder llegar con más profundidad a las PyMES, tanto por los términos de los plazos como por el asesoramiento que la SEPyME podrá brindarles a las empresas interesadas”.

En diálogo con Informe Industrial, Coatz destacó que ““la nueva reglamentación agrega previsibilidad, ya que estipula plazos mínimos (para garantizar margen a las empresas para realizar la presentación) y máximos (para las instancias del Ministerio que toman acción). Si esto se lleva adelante, tal como lo establece la reglamentación, se podría garantizar una respuesta rápida y eficiente logrando que los trámites no tarden más de 6 meses. Adicionalmente, la mayor transparencia debería regir ya que pone instancias de publicación del estado del trámite de todos los proyectos. En este sentido será esencial la calidad de funcionamiento de la unidad de evaluación permanente que se creará a tal fin, un aspecto novedoso con relación a la reglamentación anterior. Otra cuestión relevante en la reglamentación es la constitución de una formula polinómica que ordena los proyectos en un ranking priorizando generación de empleo, aumento de la producción, de las exportaciones, la integración nacional, mejoras en la productividad y el tratamiento ambiental, lo cual brinda una criterio de elegibilidad en caso de que la cantidad de proyectos supere el cupo fiscal”.

Por otra parte, agrega el economista de la UIA, “y teniendo en cuenta las tareas que viene realizando el área de servicios de nuestra entidad con la SEPyME, será menester que ésta pueda definir un cuerpo de profesionales que asista a las PyMES y que trabaje en forma articulada con las entidades de representación gremial, tal cual se está realizando con otros programas de la Subsecretaría. De esta forma se podrá transitar con éxito el camino para lograr acceder a los beneficios con su correlato en materia de inversión y empleo. Esto no es un tema menor dado que durante las gestiones anteriores, la mera dificultad en los aspectos burocráticos desestimuló permanentemente el acceso a los mismos, por parte de las pequeñas y medianas empresas”.

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