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Temas en debate

Concesiones a China en las contrataciones públicas

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a aprobar, con el voto del bloque oficialista y de sus aliados, el acuerdo con China, en el ámbito empresario se siguen analizando las implicaciones económicas y sociales de las concesiones unilaterales que el gobierno habría otorgado al gigante asiático sobre distintas contrataciones públicas. Al respecto, el doctor Marcelo Halperín, investigador y docente del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de la Plata, autor de numerosos ensayos y trabajos relacionados con la problemática económica regional e internacional, nos propone en esta nota exclusiva para Informe Industrial, pasar revista a las posiciones asumidas en materia de contratación pública por Chile, Costa Rica y Perú que han negociado con China compromisos bilaterales a través de los denominados “Tratados de Libre Comercio” (TLC).

“Los TLC constituyen instrumentos muy difundidos en el mundo mediante los cuales se negocian puntillosamente concesiones que abarcan lo sustancial del comercio y bajo criterios de reciprocidad.

Debido a las complejidades de la economía global, la concertación de TLC es tan necesaria como difícil de llevar a cabo. Para poder hacerse cargo de los efectos adversos de la globalización sobre su mercado interno cada Estado debe tener la capacidad para establecer criterios de prioridad identificando las actividades y sectores más sensibles a fin de protegerlos con excepciones o reservas de mercado. De modo que cuando los TLC incorporan las contrataciones públicas a la materia negociada, procuran encuadrarlas con la mayor precisión posible.

En una somera síntesis acerca de la estructura de estos capítulos relativos a contrataciones públicas en los TLC, debe recordarse que los principios de nación más favorecida, trato nacional y presencia local de los proveedores extranjeros hacen referencia a tres aspectos esenciales: (a) la cobertura del régimen; (b) los procedimientos de contratación; y (c) las garantías de legalidad y transparencia. Por “cobertura” se entiende la enumeración de entidades públicas, actividades, prestaciones, bienes y servicios incluidos y excluidos, a través de listados positivos o negativos, según los casos. Acerca de los procedimientos de contratación, son regulados distintos mecanismos de contratación aplicables, con especial referencia a la obligación de disponer licitaciones (abiertas, restringidas o selectivas, de acuerdo a las circunstancias preestablecidas) a partir de determinados umbrales de valor asignados a las obras y servicios demandados por los respectivos Estados. Y finalmente las garantías de legalidad y transparencia en las distintas instancias de contratación, comprenden disposiciones alusivas a los sistemas de información pública, criterios de adjudicación, notificaciones e impugnaciones. A su vez, tanto la cobertura del régimen como los procedimientos de contratación son objeto de cláusulas de excepción (“medidas disconformes”) definidas en los mismos TLC o bien previstas, a modo de reserva, como materia de futura regulación unilateral o consensuada, según los casos.

Cabe advertir que tanto detalle se explica por la sensibilidad de la materia desde el punto de vista del interés público para los países que pueden ofrecer mercados internos apetecibles, En este sentido, distintos Estados latinoamericanos -México, los países de Centroamérica, Colombia, Perú y Chile- han negociado las compras gubernamentales en sus TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, mediante disposiciones que replican el modelo expuesto más arriba. Sin embargo, las compras gubernamentales están ausentes en los TLC con China que han suscrito Chile, Costa Rica y Perú. Pese a las concesiones comerciales obtenidas de China no han incluido en dichos Tratados capítulos relativos al tema. Ello se debe a la inviabilidad del acceso al mercado chino de compras gubernamentales bajo un régimen de nación más favorecida y trato nacional; y en consecuencia a la imposibilidad de acordar un marco de reciprocidad que abone regulaciones bilaterales. En tales circunstancias, las autoridades de los tres países latinoamericanos desecharon la posibilidad de reconocer unilateralmente a China el acceso a sus mercados de compras gubernamentales.

La omisión de regulaciones acerca del tema en los TLC con China implica entonces una excepción o reserva de mercado de alcance general para toda esa materia que precisamente por no estar regulada remite a la legislación interna de cada Parte. Este criterio merecería ser contrastado con la actitud del gobierno argentino, que estaría otorgando beneficios a China en el área de las contrataciones públicas incluyendo adjudicaciones directas y sin siquiera valerse de los términos de reciprocidad que genéricamente pudieran haber resultado de concesiones intercambiadas en toda la extensión de la materia negociada dentro de un TLC.

En resumen, ninguno de los tres TLC celebrados por países latinoamericanos con China incluye concesiones sobre contrataciones públicas. Es decir que las compras gubernamentales siguen rigiéndose por la legislación interna de la Parte que las lleva a cabo. En paralelo, los capítulos referidos al comercio de servicios contienen cláusulas expresas de excepción para la contratación de servicios por los respectivos Estados. Así, las disposiciones relativas al comercio de servicios no se aplican a contrataciones públicas. De modo que la provisión de servicios tales como los de consultoría, ingeniería y, en general, servicios profesionales, también debe atenerse a las legislaciones nacionales cuando dichos servicios son materia de contratación pública. Dicha cláusula de excepción figura en los respectivos capítulos sobre comercio de servicios de los TLC Perú-China y Costa Rica-China; al igual que en el Acuerdo Suplementario sobre Comercio de Servicios al TLC Chile-China”.


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