Ir a la página principal
Economía internacional

Consejo Económico y Social: El espejo español

La creación del Consejo Económico y Social de España fue una respuesta “a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y planteamientos se oigan a la hora de adoptar el gobierno decisiones que puedan afectar a los intereses que lo son propios”. Así quedo establecido en la exposición de motivos del proyecto de ley que las Cortes aprobaron y el Rey Juan Carlos al sancionarlo “mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar”.

ImagenSede del Consejo Económico y Social de España
En la Argentina, en los últimos años, se habló mucho sobre la necesidad de replicar -respetando las particularidades propias del país- la experiencia española. Y más recientemente las coincidencias alcanzadas entre el gobierno, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo sobre el tema hacen que está muy cercana una decisión en tal sentido. Importa entonces, repasar la organización, composición y funciones del CES español.

En la Argentina hay quienes observan con interés el ideario, la instrumentación y los resultados logrados con la puesta en práctica del Consejo Económico y Social –CES- que ya cumplió un largo y provechoso período en la vida política de España.

El 17 de junio de 1991 el Rey Juan Carlos I sancionó la ley 21 por la que fue creada esa institución, decisión que ya había logrado la aprobación de las Cortes Generales. El instrumento legal, que obedece al mandato constitucional de promover y facilitar la participación directa de los ciudadanos en la vida económica y social de España tuvo, desde entonces, una importancia innegable en la toma de decisiones de los gobiernos que se sucedieron.

Meses atrás una delegación española, encabezada por el presidente del CES, Marcos Peña, visitó nuestro país invitado por la Unión Industrial Argentina. En aquella ocasión Peña mantuvo varios encuentros no sólo con empresarios, sino con representantes de la Confederación General del Trabajo y del mundo académico a los que explicó los valores deldiálogo, el consenso y el compromiso social como los mejores instrumentos para revolver los retos económicos y sociales que enfrentan las sociedades modernas y la principal fórmula para desarrollar y fortalecer la democracia.

Después y en ocasiónde la visita de la presidenta Cristina Fernández a España, se renovaron los contactos y una delegación de empresarios y sindicalistas argentinos, a las que se sumó el ministro de Trabajo Carlos Tomada, se entrevistó con representantes del CES para analizar las posibilidades del armado de una institución semejante en la Argentina.

Configurado como un órgano de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral, la institución peninsular se encarga de elaborar los informes y dictámenes que le pide el Ejecutivo y también los que estudia por propia iniciativa.

Aunque en su organización no se prevé la participación directa de representantes del gobierno, su presencia, aunque sea por carácter transitivo, es innegable. Es el gobierno elque realiza la elección final del personaje que lo presidirá, así como de quien se desempeñará en la Secretaría General. Y, también es el que acepta o rechaza a quienes conforman el grupo de expertos que proponen las entidades empresariales, sindicales y sociales que constituyen sus cuadros.

El CES está integrado por 60 miembros además de quien lo preside. Para tener una banca en el Consejo, tanto las agrupaciones sindicales como las patronales participantes deben calificar como “las más representativas”, en tanto que el agro tiene bancas que ocupan las estructuras profesionales ligadas al sector.

Las organizaciones de productores pesqueros representan al sector marítimo- pesquero; varias entidades de consumidores y usuarios hacen lo propio con el comercial y el área de economía social tiene voz y voto a través de las asociaciones cooperativas y las sociedades laborales.

Mientras las distintas entidades proponen a sus miembros – y el gobierno, como ya se dijo, levanta o baja el pulgar-, los expertos en materia económico- social y el secretario general son nombrados entre los candidatos escogidos en forma conjunta por los ministros de Trabajo y Seguridad Social y por el titular de Economía y Hacienda.

Todos los integrantesdel CES, no importan cargos o tutores, tienen un mandato de cuatro años y, si todo se hace bien, la posibilidad de ser reelegidos por otro período similar.

El presidente del Consejo es secundado por dos vicepresidentes escogidos por el plenario entre los miembros que representan las organizaciones empresariales y los sindicales y a propuesta de las mismas. La presidencia es, asimismo, asistida por una Secretaría General que es el órgano de apoyo técnico y administrativo del cuerpo colegiado y el depositario de la fe pública de los acuerdos que se logren.

Los llamados órganos del Consejo son seis y se distinguen con los nombres de: Pleno; Comisión Permanente; Comisiones de Trabajo; Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría General.

Laley de creación del CES estipula que el Pleno deberá estar integrado por la totalidad de sus miembros y que, funcionalmente, celebrará al menos una sesión ordinaria al mes.

Pero, en caso de ausencias o remisiones, su constitución también es validada cuando sus dictámenes se logran con la presencia 31 de sus miembros en una primera convocatoria o de 20 de ellos en caso de que fuera necesaria una segunda invitación. La presencia del presidente y del secretario general –o sus sustitutos legales- es, en todos los casos, imprescindible.

La ley es también clara al estipular que el Pleno adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes, debiendo el presidente dirimir los empates que pudieran alcanzarse mediante un voto de calidad.

Las consideraciones del Consejo se expresan bajo la denominación de “dictamen del CES” y carecen de carácter vinculante.

Por su parte, la Comisión Permanente esta integrada por 6 miembros de las organizaciones sindicales, otros 6 de las agrupaciones empresariales y 6 más del conjunto de los sectores agrario, marítimo-pesquero, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las fracciones de la economía social.

Entre las funciones del Consejo está la emisión de dictámenes con carácter preceptivo sobre anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de Reales Decretos Legislativos y anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten su propia estructura o funcionamiento. Pero son los asuntos que se sometena consulta y, en especial, la elaboración de estudios e informes relacionados con diferentes especialidades las que constituyen la columna vertebral de su funcionamiento.

Las opiniones del CES son solicitadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones en: economía; temas fiscales; relaciones laborales; empleo y seguridad social; asuntos sociales; agricultura y pesca; educación, cultura; salud; consumo; medio ambiente; transporte y comunicaciones; industria y energía; vivienda; desarrollo regional; Mercado único Europeo y cooperación para el desarrollo. ¿Nada más?, nada menos.

¿CES o no CES?

¿Cómo será nuestro propio Consejo Económico y Social?, se ignora. Pero se espera que no se constituya en un ente burocrático o un lugar de reuniones de señorones cansados de figurar y poco afectos al hacer. El CES vernáculo, de existir, deberá ser una herramienta útil, ágil y concienzuda. Tarea nada fácil.

Esta vez (¿podrá ser esta vez?) se tiene la esperanza que éste instrumento de consolidación democrática no siga el camino del fallido intento local de ponerle un carbónico a aquellos Pactos de la Moncloa que, aquí, quedaron en la nada.

¿Quiénes integran el CES español?

Las organizaciones sindicales aportan 20 representantes, otros 20 son elegidos por las entidades empresarias y de los 20 restantes 3 responden al sector agrario, 3 al marítimo-pesquero, 4 a consumidores y usuarios, 4 al sector de la economía social y 6 son expertos en asuntos económico-sociales.

• Sindicales

- Unión General de Trabajadores (UGT)
- Comisiones Obreras (CCOO)
- Convergencia Intersindical Galega (CIG)
- Euskal Languilen Alkartasuna (Solidaridad de Trabajadores Vascos) (ELA/STV)

• Empresariales

- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

• Representantes de los sectores agrario; marítimo-pesquero; de consumidores y usuarios; cooperativas y sociedades laborales.

- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
- Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
- Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo
- Federación Nacional de Cofradías de Pescadores
- Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja (ONPROA)
- Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU)
- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP)
- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
- Unión de Consumidores de España (UCE)
- Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

• Expertos nombrados por el Gobierno.

Ir al principio de la nota