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Temas en debate

Cuando la UIA llenó el Luna Park

Uno de los hitos más importantes en la historia de la Unión Industrial Argentina es el acto realizado el 12 de junio de 1933 en “defensa de la industria y el trabajo nacional”.El Luna Park, aún sin techar,fue desbordado por una multitud que respondió a la convocatoria de la central fabril para expresar sus temores por las concesiones otorgadas a Gran Bretaña en el Tratado Roca-Runciman-el Convenio de Londres- que podrían perjudicar fuertemente al sector manufacturero. El recuerdo de la firme decisión de la central fabril en defensa de desarrollo industrial se actualizó recientemente con la difusión de los primeros adelantos del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea en materia del otorgamiento de cupos en productos agropecuarios y especialmente en el comercio de carne vacuna por parte del bloque comunitario y las preocupantes aperturas en sectores industriales aceptadas por el bloque subregional.

ImagenLuis Colombo, presidente de la UIA, habla en el multitudinario acto del Luna Park.,
En la edición de junio de 1983 – a 50 años de aquel acontecimiento- Informe Industrial publica la nota que reproducimos a continuación, en la que se clarifican las coincidencias entre ambos episodios de la historia económica del país.

A mediados de mayo de 1933, y por medio de una solicitada a toda página publicada en los principales diarios, la Unión Industrial Argentina (UIA) había alertado: “El confusionismo que se viene creando desde un tiempo a esta parte con motivo de la crisis que afecta a todos los órdenes del trabajo nacional, en cuya virtud sólo se señalan en su real gravedad la dificultades que entorpecen el desenvolvimiento de la agricultura y la ganadería del país, ha permitido que tome cuerpo una tendencia económica que sólo contempla los intereses agropecuarios y que se llegue hasta el arbitrio de proponer el sacrificio de la industria manufacturera como único medio de mejoramiento del comercio de ganados y cereales argentinos”.

El principal tema de discusión era, por cierto, el convenio de Londres –firmado el 18 de mayo de ese año por el vicepresidente argentino Julio A. Roca y el representante del Borad of Trade Walter Runciman- que oficialmente fue presentado como una enmienda al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825 y que para algunos estudiosos “fue un producto de la depresión económica mundial de los años treinta, década en la que muchos países del mundo levantaron barreras aduaneras y concluyeron con otros países pactos de intercambio bilateral, abandonando así sistemas de pago multilaterales”.

En el caso de la Argentina las restricciones que más afectaron su economía surgieron de los Acuerdos de Ottawa firmados en 1932, en una conferencia del imperio británico, en la que Gran Bretaña y sus dominios convinieron en darse preferencias mutuas de intercambio. De esos acuerdos, lo que preocupaba a nuestro país, eran las cuotas establecidas para carnes de todas clases.

Los círculos ganaderos locales veían amenazado su principal mercado en el exterior; no extrañó entonces que el 13 de octubre de 1932 la Sociedad Rural elevara un memorial al Poder Ejecutivo, sugiriendo la conveniencia de un tratado comercial con Gran Bretaña otorgando concesiones en la aduana y el cambio”. Un día después una delegación de grandes ganaderos –integrado por Enrique Duhau, Guillermo Martínez de Hoz, Eduardo F. Bullrich, y Leonardo Pereyra Iraola, entre otros- entregaban al presidente Agustin P. Justo una declaración pidiendo un convenio similar: “este desastre a que estamos próximos debe contemplarse con serenidad y tratar de atenuar o anular sus efectos para evitar los perjuicios que pueden derivarse de la Conferencia de Ottawa. Todavía estamos a tiempo a condición de que no se pierda un momento”.

Las necesarias consultas con el gobierno británico, “que consideró imprudente que una misión argentina llevara carácter comercial”, obligó a que la delegación integrada por Julio A. Roca, Miguel Angel Cárcano y Guillermo Leguizamón partiera rumbo a Inglaterra el 11 de enero de 1933 “en visita de cortesía para retribuir la que realizara oportunamente el príncipe de Gales”. Sin embargo y como lo señaló un informe de cancillería argentina, “detener ese más allá de Ottawa es la sola y única posibilidad, y también la verdadera misión de nuestra embajada especial en Londres” La preocupación de la UIA Los industriales concentraron su preocupación en el artículo 6º del Protocolo del Tratado Roca-Runciman que establecía como intención del gobierno argentino: a) mantener libres de derechos al carbón y todas las otras mercaderías que actualmente se importan en la Argentina con ese beneficio, y b) con respecto a las mercaderías que en una proporción considerable de las importaciones en la Argentina provengan del Reino Unido, volver, en general, a las tasas y aforos de tales mercaderías en vigencia en 1930 hasta donde lo permitan las necesidades fiscales y el interés de las industrias nacionales (en noviembre de 1932 el gobierno de Justo había establecido un derecho adicional del 10% sobre productos importados y un aumento general de derechos aduaneros), y en los casos pertinentes, efectuar modificaciones en la clasificación respecto a los cuales el gobierno del Reino Unido ha hecho proposiciones.

¿Qué temían los empresarios nucleados en la UIA? Que las concesiones aduaneras que se otorgaran en definitiva a los productos de origen británico desplazaran a la producción nacional. Si bien un convenio suplementario firmado en Buenos Aires estableció que el adicional del 10% seguiría vigente –“se entiende que es intención del gobierno argentino mantener ese adicional solamente si las circunstancias financieras lo exigieran y como medida de emergencia”-, la tarifa de 235 artículos ingleses, “incluyendo cosas tan dispares como dinamita, locomotoras, cocinas, alfombras, arenques, medias, trajes, papel, huevos y juguetes” fue rebajada en distintos grados. El whisky fabricado en el Reino Unido, por su parte, era gravado con los mismos impuestos internos que las bebidas alcohólicas nacionales.

¿Qué provocaba en cambio el aplauso de los ganaderos? Que el artículo 1º del convenio establecía que “el gobierno del Reino Unido no impondrá ninguna restricción a sus importaciones de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina, a menos y tan solo cuando a juicio del gobierno del Reino Unido, después de haber consultado al gobierno argentino e intercambiado con éste toda información pertinente, ello fuera necesario para asegurar un nivel remunerativo de precios en el mercado de Gran Bretaña”.

Mientras tanto, en el Parlamento el tratado tenía sus defensores y oponentes. Entre éstos se destacaba el senador Lisandro de la Torre quien enfatizaba: “Los tratados carecen de virtud en si mismos. La política de hacer tratados es una política hueca, y puede ser funesta si los tratados son malos; y los que no ofrecen ventajas, son tratados malos. Preocúpese el señor ministro de celebrar buenos tratados, y recibirá el aplauso y el agradecimiento de los argentinos; pero no nos venga con convenciones como ésta, que pasa de una cláusula mala a una cláusula peor, que no ofrece beneficio alguno al comercio ni a la industria, y que coloca los factores vitales de la ganadería argentina bajo la superintendencia de una nación extranjera”.

Entre los defensores, el senador cordobés Guillermo Rothe presentaba al convenio como la única alternativa para el país: “La Argentina constituye un organismo económico con caracteres peculiares inmodificables. Será siempre una nación en que las actividades agrícola-ganaderas primen sobre las demás y necesitará para compensar las importaciones de mercaderías extranjeras defender la colocación de sus excedentes en otros mercados”.

Años después, José Alfredo Martinez de Hoz (h) –“posiblemente el más generoso de todos los escritores contemporáneos hacia este convenio”- sostenía que para juzgar el tratado Roca-Runciman debía tenerse en cuenta la difícil situación argentina para negociar en esa época, “por su dependencia exclusiva del mercado consumidor de Gran Bretaña”...

“La nueva política” Para celebrar el éxito de la misión Roca y “el comienzo de la nueva política económica que significa esa iniciativa”, una comisión integrada por “los elementos más representativos de los círculos económicos y financieros del país” organiza un almuerzo en honor del presidente Justo que reúne más de 1.200 personas. El agasajo se realiza en el recinto de la Bolsa de Comercio el 4 de junio y a la derecha del titular del Poder Ejecutivo se ubica el embajador de Gran Bretaña, sir Ronald Macleay... Hablan el presidente de la Bolsa, Ernesto Aguirre; el titular de la comisión de homenaje, Horacio Bruzzone; Julio A. Roca y Agustin P. Justo.

Dirigiéndose al presidente de la Nación, Aguirre sostiene: “A V.E. le cabe el alto honor de ser iniciador de la nueva política que de tiempo atrás reclamaba el país”; Bruzzone prefiere referirse a la actuación de Roca: “Ha cumplido como el país esperaba y por eso le debemos gratitud. Ha sabido mantener el alto nombre de nuestra patria, encarnándolo aun más en el corazón del pueblo británico”.

El vicepresidente es más modesto: “antes que un convenio es una política de grandes y fecundas consecuencias. El tratado en que he puesto mi firma es quizá la primera afirmación de las normas y preceptos llamados a regir las relaciones internacionales del porvenir. Ninguna de sus cláusulas constituye una amenaza para las demás naciones, ni lleva en su entraña el cáncer de la guerra preferencial de tarifas”.

Por último, habla Justo. “Los 30 millones de desocupados existentes en el mundo, no encontrarán de nuevo una aplicación de sus energías mientras los capitales inertes no entren en actividad y esto último depende en gran parte del restablecimiento del comercio internacional, tan aminorado en su caudal y tan obstruido por medidas restrictivas y artificiales de toda índole”.

“Proporciones ciertamente insospechadas” Apenas una semana después, el 12 de junio de 1933 y mientras Jorge V inauguraba la Conferencia Económica Mundial y en España se constituía un nuevo gabinete, esta vez presidido por Manuel Azaña, más de 30.000 personas se agolpaban en el Luna Park convocadas por la UIA “en defensa de la industria y el trabajo nacional” y para solicitar al gobierno que las reducciones de los derechos aduaneros previstas en el marco del convenio de Londres incluyan solamente “a las materias primas no producidas en el país y a los artículos elaborados que la industria argentina no confecciona por ahora”.

Para “La Nación” la reunión tuvo proporciones ciertamente insospechadas ya que a las 14, hora fijada para iniciar el acto, el estadio estaba colmado de empresarios, trabajadores y profesionales. Los más remisos, alrededor de 15.000 “debieron conformarse con escuchar los discursos a través de una red de altoparlantes instalada especialmente”.

La UIA, comenta el cronista, “hizo colocar carteles en los que podía leerse : ‘Cada peso invertido en la compra de productos extranjeros es un peso restado a los obreros del país’, ‘Habiendo trabajo habrá consumo’”. El estrado es ocupado por Luis Colombo, Emilio Pujals, Miguel Campomar, Hermenegildo Pini, León Fouvel Rigolleau y Alejandro Bunge, entre otros.

El primer orador fue precisamente el titular de la UIA quien desde el inicio no quizo dejar lugar a dudas: “Hemos defendido sin reservas a la agricultura y a la ganadería y hemos reclamado para esa riqueza las defensas que no les fueron otorgadas en los momentos necesarios; pero con la misma decisión hemos sostenido que el país no podía –no debía- vivir entregado a esa sola fuente de riqueza, no solo por los peligros económicos que ello comporta, sino también porque nación alguna del universo se hizo grande en la vida pastoril. Las que de ella evolucionaron hacia las manufacturas crecieron en importancia, prosperaron en población y en riqueza y se hicieron tanto más poderosos cuanto más intenso fue el desarrollo fabril”.

“Queremos, agregaba Colombo, las sabias defensas que otros países otorgaron a sus nacientes industrias por más ‘artificiales’ que fueron, al decir de algunos teóricos. Por lo demás podemos afirmar que si se llaman industrias artificiales a aquellas que transformaron materias primas que el país no posee, no hay nación en el mundo que, poco o mucho, no las sostengan. En su gran mayoría las industrias europeas se han creado, fortalecido y afianzado con materias primas extranjeras, muchas de ellas precisamente argentinas”.

Le queda tiempo a Colombo para rebatir el argumento del encarecimiento de los productos nacionales: “Cuando los precios han disminuido ha sido y es porque la producción de la industria argentina se ha hecho presente en el mercado”, resumiendo luego los reclamos empresarios.

· Queremos que cualquier concesión a los países amigos se reduzca estrictamente a materias primas que no producimos o artículos que no se elaboran en el país, sin que ello implique cerrar ilimitadamente las posibilidades de fabricarlos: · Queremos que la salvedad que se hiciera en el protocolo firmado en Londres “por el inminente ciudadano vicepresidente de la Nación” sea cumplida con toda fidelidad, por los que han de concretar el acuerdo definitivo, en cuanto aquél estableció que la reducción de derechos aduaneros alcanzará hasta donde lo permitan las necesidades fiscales y el interés de las industrias nacionales.

Las industrias, concluye Colombo, sienten en estos momentos el peligro de concesiones aduaneras que las inutilizarían. “No se conseguirá en el caso de confirmarse tal peligro ninguna mejora en los precios de nuestros ganados y cereales y si en cambio se habrá asestado un golpe de muerte a nuestras fábricas”.

El empleado José Avellón, por su parte, se pregunta entre los aplausos de la multitud: “Lo que nosotros compramos de carne, trigo y productos alimenticios ¿quién lo va a adquirir cuando no tengamos ni trabajo ni dinero?. Lo que compramos de productos industriales, zapatos, trajes y muebles ¿quién lo va a comprar?. Lo que gastamos en luz, transporte y alquileres ¿quién lo va a gastar?. Lo que entregamos al Estado en forma directa o indirecta a través de impuestos ¿quién lo va a entregar?”. Y se respondía: “Sinceramente no lo sé y hasta la fecha nadie lo ha dicho y mientras no lo digan en forma clara y terminante debemos, como trabajadores de la industria, oponernos a lo que signifique destruir nuestro medio de vida actual”.

También habla el asesor económico dela UIA, ingeniero Alejandro Bunge, quien afirma: “No queremos industrias artificiales protegidas. Bastan las que han surgido y surgen espontáneamente de las circunstancias geográficas e históricas para poner en movimiento nuestros capitales y nuestros brazos y de los que quieran venir a participar en la obra de una nación democrática en la plenitud de su desarrollo”.

De réplicas y contra réplicas La respuesta del gobierno de Justo no se hizo esperar. Al día siguiente un comunicado de la secretaría general de la Presidencia señalaba que “no ha sido ni podrá ser nunca propósito del Poder Ejecutivo, destruir o perjudicar a las industrias nacionales que elaboran importantes cantidades de materias primas argentinas, ocupan millares de obreros y no viven artificialmente como ha sucedido algunas veces de la exclusiva protección aduanera”. Para el gobierno “sería una grave equivocación dividir al país en dos grupos de intereses hostiles o que se miraran mutuamente con prevención. Uno más grande, de intereses agropecuarios, y otro menor, de intereses fabriles”. Y aclaraba que las concesiones serán efectuadas dentro de los límites que fijan la cordura de los gobiernos y los sanos intereses nacionales.

La UIA reacciona. “No solo se trata en estos graves momentos para la industria de un movimiento que reclama protección, que pide elevación de derechos o que solicita la amplia defensa a que debería ser acreedora, ya que todo lo que se haga por ella es obra constructiva que cimenta la riqueza. “La industria sólo pide que no se disminuyan los aranceles aduaneros en todo lo que puede afectar el trabajo industrial”.

Mientras el debate se agudizaba en Buenos Aires, en Londres se aceptaba la pretensión de los fabricantes escoceses de arpillera de imponer el uso de la tela fabricada por ellos como envoltura de los cuartos vacunos que los países sudamericanos exportaban al Reino Unido...

El tratado fue aprobado por el Senado el 28 de julio de 1933. Pero las diferencias impactaron también al gabinete ministerial, con la renuncia de Alberto Hueyo al cargo de ministro de Hacienda que discrepó con el tratamiento del aspecto arancelario. También en el bloque de senadores oficialista hubo serias resistencias por parte del representante tucumano José N. Matienzo. Atacando el manejo del 85% de la cuota de carne por Gran Bretaña, acusó: “En estas condiciones no podría decir que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejante humillación. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota y la administran ellos”.

En definitiva, la misión Roca había logrado salvar el comercio de carnes con Gran Bretaña. ¿El precio?: demasiado alto para el país.


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