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Temas en debate

De ganancias y perdidas

“Art. 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario...” (Constitución de la Nación Argentina)

ImagenDiputado Nacional, Hector Recalde, impulsa el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Entre la aspiración de la clase obrera de emprender viaje de ida al paraíso y la vuelta al infierno que asecha la mirada de gran parte del empresariado, la polémica suscitada por el proyecto de ley elevado por el diputado nacional Héctor Recalde, destinado a establecer la participación laboral en las ganancias de las empresas, cobró puntos suspensivos de discusión –dentro y fuera del ámbito legislativo- tras el fallecimiento del ex presidente Kirchner.

De ello hablaremos. Con el economista Rubén Lo Vuolo. Con Marcelo Ramón Lascano, abogado y prestigioso analista económico-financiero (pág. 18) y reproduciremos las opiniones de Julián de Diego -abogado de grandes firmas y titular de un estudio que asesora a más de 60 cámaras empresarias- expuestas en una reunión con industriales.

La clase obrera va al paraíso

El régimen que inspira este proyecto, ya instalado en las mesas de discusión y en la agenda de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, dispone que “todos los trabajadores, empleados u obreros que presten servicios en virtud de un contrato de trabajo en una empresa con fines de lucro, tendrán derecho a una retribución anual en concepto de participación de las ganancias, sujeta a los resultados del ejercicio económico de la empresa a la que pertenecen”. De aprobarse, consagraría uno de los más postergados derechos proclamados por nuestra Constitución.

De hecho, en muchos otros países impera un sistema similar. En el nuestro, tras el fallido intento de Hipólito Solari Yrigoyen procurando su sanción en el Senado años atrás, la iniciativa actual establece una distribución del 10% del rédito neto obtenido en cada ejercicio anual ganancioso. Para ello, luego de deducir –claro está- las reinversiones de utilidades hasta un 50%, deben restarse del rédito bruto “los gastos necesarios para obtenerlo, mantenerlo y conservarlo”. El resto a repartir, que obviamente no es poco sino un avance significativo en materia laboral, tampoco es un signo tan escandaloso como para sugerir que encadena a cada firma un “soviet” a futuro.

No integrada al salario u otros beneficios a percibir por el plantel, y gravable en conformidad a la legislación impositiva vigente, no es entonces esa porción de la renta empresaria que alimentará el bolsillo de los trabajadores -y que la empresa no está obligada a saldar tras uno (ó tres) ejercicio/s desafortunado/s- lo que más preocupa. En verdad, el mayor cuestionamiento a la iniciativa del asesor legal de la influyente Confederación General del Trabajo, reside en el temor a que el dispositivo sindical tome injerencia en la contabilidad y la dirección estratégica que cada dueño de empresa suele utilizar para definir rumbos al excluyente manejo de su propio capital.

En rigor, como detalla el artículo 4º, la determinación de las ganancias de la empresa “estará sujeta a la revisión que surja del ejercicio del control de los trabajadores”, para lo cual se faculta a las asociaciones sindicales a fiscalizar la información proporcionada por cada empresa.

Los bemoles del proyecto

En verdad, aunque es el más urticante, no es este el único punto que resiste el empresariado, sus asesores, no pocos legisladores. Por ejemplo, convengamos con Marcelo R. Lascano que, si bien el proyecto reúne ciertos aspectos aceptables y otros más irritantes para el sector privado, habría que pulir sus aristas más conflictivas y estudiar con detenimiento las consecuencias últimas de su aplicación, para que llegue al recinto de debate parlamentario tras el visto bueno de sus beneficiarios pero también con el beneplácito de los empresarios.

También éstos –siguiendo el proyecto de Recalde- formarán parte del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, tal el largo título que recibirá la autoridad de aplicación, de carácter tripartito, junto a representantes sindicales y funcionarios designados por el Estado (doce miembros en total) y con competencia en todo el país. Será el órgano que determinará la ganancia mínima anual sujeta a distribución, para lo cual “tomará en consideración los diferentes sectores de actividad económica, las eventuales asimetrías regionales, las dimensiones y estructura de costo de las empresas (..) y todo otro aspecto que resulte relevante para el normal desenvolvimiento de la actividad de la empresa”. Asimismo, será función de ese Consejo resolver las controversias que surjan de las declaraciones de ganancias y los proyectos de distribución, así como deberá atender las solicitudes de excepción o exclusión que eventualmente se presenten.

En efecto, si bien su aplicación será extensiva a toda empresa con fines de lucro, en principio sólo alcanzará a las firmas con más de 300 trabajadores; a las que empleen más de 100 el segundo año de ser promulgado el régimen, y recién al tercer año tendrá carácter universal. En tanto, estarán exceptuadas de distribuir ganancias a su personal, durante dos años, las nuevas empresas o aquellas cuya actividad principal gire en torno a la fabricación de un nuevo bien o servicio, mientras que están excluidas las que no alcancen el mínimo de ganancia anual establecido por el Consejo y las fundaciones e instituciones privadas sin fines de lucro. También las cooperativas. Por otra parte, y de acuerdo al “Proyecto Recalde”, del 10% fijado como porcentaje de participación de los trabajadores se apartará un 5% destinado a engrosar un Fondo Solidario dedicado a los (trabajadores no registrados) beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El resto se distribuirá entre el plantel de empleados dentro de los 60 días posteriores al vencimiento de cada declaración anual del Impuesto a las Ganancias; del siguiente modo: El 50% entre todos los trabajadores, en proporción al número de días efectivamente trabajados por cada uno en el año, incluyendo los períodos de licencias legales o convencionales. El 50% restante, en proporción a la sumatoria de las remuneraciones devengadas por cada trabajador durante el ejercicio económico.

El infierno empresarial

“Se trata de un proyecto de ley muy burocrático y que atenta contra la privacidad de las empresas”, declaró el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Raúl Robin, quien agregó: De ninguna manera podemos aceptar que un sector representativo de los empleados y obreros de nuestras empresas puedan tener acceso al mínimo movimiento empresario sin tener a cambio un riesgo compartido.

“Nuestra entidad –apuntó la Unión Industrial de Córdoba- es firme defensora de la mejora en la distribución del ingreso en un marco que promueva simultáneamente la inversión, la producción y el empleo formal. En este sentido, el proyecto presentado por el diputado Recalde no cumple tales objetivos sino que busca aumentar el poder sindical sobre las empresas y dar espacio al conflicto y la litigiosidad”.

Un empresario del rubro metalmecánico que pidió no ser identificado, dijo que “se habla de distribución de las ganancias pero en realidad se tendría que denominar ley de la intervención a las empresas. O de la cogestión”. Y hablando de antecedentes legislativos en otros países, comentó que recientemente estuvo en Alemania y preguntó como manejaban el reparto de ganancias entre los obreros. La respuesta fue: “Eso es sólo para algunas empresas grandes, donde funciona la cogestión. Por ejemplo en Volkswagen, que factura 100 mil millones por año, el director de Personal es un profesional calificado que proviene del sindicalismo. Pero en las PyMES, olvídese; no existe”.

También los industriales santafesinos sentenciaron la iniciativa. Carlos Garrera –presidente de la Federación Industrial de Santa Fe- entiende que tal reparto se practica, y con éxito, en el mundo, “pero no bajo una ley que impone condiciones difícilmente aplicables y que no compartimos: En principio, el hecho de que los trabajadores puedan discutir un balance aprobado por la AFIP, o generar un fondo para empleados en situación laboral irregular –concluyó- es una barbaridad”.Guillermo Moretti, referente de la entidad provincial en la UIA, señaló su apego a la Constitución, en la que reconoce el derecho enunciado, aunque mantiene una posición crítica frente a lo que considera un mecanismo de co-gestión abusivo. “Y además complejo, dado que cada gremio tiene su particular convenio colectivo de trabajo –agregó- así como resulta polémico el hecho de que luego de presentar el balance ante la AFIP y tributar ganancias al Estado, un comité tripartito del Ministerio de Trabajo decida los números finales de las empresas”. “No son las utilidades ni la alícuota lo que más preocupa –sintetizó con meridiana claridad- sino el tema de la gestión compartida, la imposición a favor de trabajadores informales y la unificación en un marco legislativo común para empresas que tienen realidades diferentes”. Avances y retrocesos

En ese mismo sentido polar se pronunciaron, con voz unánime y condenatoria, las principales centrales empresariales: tras pronunciarse a favor del proceso de desarrollo con inclusión y de mecanismos que mejoren la distribución del ingreso en nuestro país, los representantes de la Asociación de Bancos de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina manifestaron su desacuerdo con el proyecto “presentado de manera intempestiva, sin respetar los compromisos de consulta previa establecidos por la OIT”. Objetaron, por considerarlo inviable, “el sistema de cogestión sindical que el proyecto instaura, lesionando el derecho de propiedad que es primordial en el ordenamiento constitucional argentino”. Así también, expresaron su preocupación por “el desaliento a la inversión que este régimen provocará, con su inevitable consecuencia de incremento de la exclusión y el desempleo”. Por ello proponen incluir esta cuestión en “una agenda más amplia, que contenga la totalidad de los grandes problemas económico/sociales” y a tal efecto llaman “a la reflexión y a la responsabilidad” compartida.

“Yo no sé como ustedes están tan tranquilos” arengó Julián de Diego a un grupo numeroso de industriales. Tras aleccionarlos magistralmente cómo avanzó el derecho laboral sobre el capital, los convocó luego a “luchar por sus intereses”. Lo hizo después de enumerar la larga nómina de cargas que pesan en términos de retribución al trabajo –hablando de salarios, convenios colectivos, licencias, aportes y contribuciones adeudadas, reclamos laborales, demandas, fallos adversos, etcétera- difundiendo jurisprudencia con ejemplos contundentes que suelen atemorizar a la platea. Luego vendría el tema central: el tratamiento del proyecto Recalde. “No hay círculos cuadrados –anticipó con claridad- y por lo tanto, toda prestación no remunerativa en definitiva lo es”. O sea que “cuando le paguemos ese 10% a los trabajadores, tendrán derecho a incorporarlo en el aguinaldo, en las vacaciones, en las licencias pagas, en el preaviso de despido...” No es la única contradicción, observó el asesor laboral dando cuenta de requerimientos tributarios irresueltos en el texto junto a excesivas atribuciones de la autoridad de aplicación, críticas al Fondo Solidario y otros vacíos, que en suma lo indujeron a vaticinar que, “si bien habrá tensión y alguna protestita, la ley será aprobada y nosotros vamos a quedar colgados del pincel. Entonces –concluyó- es hora de saber que estamos enfrentando uno de esos hitos que se presentan en la historia económica real de la Argentina. Es cuando el sector empresario debe plantearse: ‘existen riesgos, miedos y amenazas’, pero hay que plantar la bandera y empezar a defender sus legítimos intereses, o de lo contrario corren el riesgo de perderlo todo”.

La experiencia internacional

Después de recordar dos experiencias que hubo en nuestro país (“la cogestión de SEGBA fue un caso catastrófico, y a ella siguió el fracaso del más reciente Programa de Propiedad Participada, creado por la ley no 23.693, implementado con las privatizaciones de los ‘90”), Julián de Diego también acercó su conocimiento sobre los sistemas de distribución de ganancias que existen en 17 países: Siete con mecanismos voluntarios –informó- y diez con regímenes obligatorios. “En Latinoamérica son cinco (México, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile) y sólo Brasil lo hace a través de un ejercicio voluntario de sus empresas”.

En realidad, su mención remite a un estudio realizado hace once años por Andrés E. Marinakis, especialista de la Organización Internacional del Trabajo. En su investigación (“Participación de los trabajadores en las utilidades o resultados de las empresas en América Latina”) Marinakis compara las características de estos sistemas entre ellos y con la modalidad adoptada en Brasil a partir de 1994. En todos los casos pagaderos en dinero, si bien esta participación “en los lucros o en los resultados –diferencia- pueden ser consideradas parte de sistemas de remuneración variable (..) representa una ventaja frente al resto de los costos laborales, ya que en momentos de crisis que hagan caer las utilidades de la empresa este componente se ajusta a la baja en forma automática”.

A continuación, el autor describe uno a uno los sistemas. El caso de México es paradigmático y con él fundó Recalde su propuesta. Chile utiliza el lucro líquido para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades. Pese a fijar en 30% el porcentaje a distribuir, también establece una alternativa: la de pagar una proporción del salario anual (25%), con un límite máximo de 4.75 salarios mínimos por trabajador, lo que beneficia a empresas con alta rentabilidad. Perú se diferencia por cuanto las pérdidas en años anteriores pueden ser compensadas. Además establece diferentes niveles porcentuales según la actividad: 6% para empresas mineras, comerciales y restaurantes; 10% en pesqueras, industriales y de telecomunicaciones; y 5% el resto, con un tope bastante alto (18 salarios mensuales) y dejando fuera de esta obligación a instituciones sin fines de lucro y a empresas con menos de 20 empleados. En Venezuela su aplicación constituye un pago fijo, con un mínimo equivalente a 15 días de trabajo y un máximo diferenciado: para las empresas con más de 50 trabajadores corresponde abonar cuatro salarios; las que cuentan con menos de 50 empleados deben cubrir dos meses de sueldos.

Espejos

De hecho, según Marinakis, “el mexicano aparece como el (sistema) más puro, ya que los pagos realizados bajo este concepto varían con el lucro logrado por cada empresa”. Brasil, como se señaló, se diferencia del resto. Si bien en Latinoamérica existen empresas que cuentan con programas de participación basados en el desempeño de resultados, “Brasil es el único país de la región en que la legislación ofrece la posibilidad de optar entre ambas alternativas, que disfrutan de los mismos incentivos en términos de exenciones de contribuciones empresariales”.

O sea que si se compara el sistema brasileño con los de los demás países latinoamericanos –como lo hace el analista Marinakis- es posible observar que no está ligado únicamente a las utilidades, ya que puede optarse por vincular la participación a resultados. “Aunque es posible reglamentar la participación en las ganancias (por lo general fijando porcentajes), la participación en los resultados no puede ser reglamentada por la autoridad central, ya que se encuentra eminentemente en el dominio de la empresa”. O sea, lo que de Diego menciona bajo la denominación de “reparto voluntario”. Asimismo, otra diferencia que destaca es que en Brasil no se establecen formas de distribución entre los trabajadores, “precisamente para dar mayor libertad en el caso que una empresa elija la participación en los resultados. Por ejemplo, si se toma como referente el resultado de un grupo de trabajo y se quiere potenciar la solidaridad entre sus miembros, es preferible realizar pagos iguales a todos ellos. Pero si se quiere privilegiar la productividad individual, la forma de distribución más apropiada dependerá del salario de cada uno”.

Estos problemas –resume el autor- no se presentan cuando se trata de distribuir la participación en las ganancias que, según su visión, resulta ventajoso respecto al otro sistema. “Su carácter obligatorio y la aplicación genérica de un mismo coeficiente hacen de su aplicación un proceso extremadamente sencillo”. Sin embargo –concluye- se ha comprobado que en la práctica no siempre se cumple con lo establecido por la ley, lo cual pone en tela de juicio la eficacia de estos sistemas como instrumentos de distribución de ingresos.

¿Luz verde? Amarilla.

Al presentar el proyecto de ley, un día antes del comienzo de la primavera, el diputado Recalde fundamentó su propuesta exponiendo la experiencia internacional en la materia -con cita explícita a Marinakis y recurriendo a cuanto ocurre en el Primer Mundo- además de alegar antecedentes histórico/jurídicos y argumentar políticamente, explicando en detalle el articulado, a favor de su iniciativa.

“Mediante la redistribución prevista en el presente –consideró- la mejora en la distribución del ingreso tendrá incluso efectos virtuosos dentro del propio universo asalariado, puesto que la forma de repartir los mayores beneficios prevé una mayor equidad en la matriz salarial de la economía. Así, la mejora en los ingresos de los trabajadores desata un círculo virtuoso, debido a que parte de ese poder adquisitivo se vuelve al mercado interno bajo la forma de una mayor demanda de bienes, lo cual a su vez incentiva a los empresarios a incrementar sus inversiones, aumentando el nivel de empleo y consagrando un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo”.

En el ámbito empresarial, sólo la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó públicamente su beneplácito. “Apoyamos el proyecto –explicó su presidente, Manuel Gabás- porque beneficiará al mercado interno al incrementar los sueldos de la parte trabajadora. Esa es una razón importante por la que apostamos a todas las medidas que inciden en el incremento de la actividad dentro del país”. También el diputado Carlos Heller declaró su apoyo a la iniciativa: “Es natural que los sectores conservadores intenten que no se avance en determinadas cuestiones, incluso que argumenten sobre la propiedad privada, la desinversión y todas esas cuestiones que funcionan como barricadas. Lo que no podemos aceptar –señaló- es que hablen de inconstitucionalidad de una ley cuando ésta está establecida en la Constitución Nacional. Por otra parte –subrayó- el proyecto estimula la inversión ya que las empresas podrán deducir de sus ganancias netas hasta un 50% para reinversión de utilidades. Esto quiere decir que si la empresa quiere repartir menos ganancia, lo que debe hacer es reinvertir sus utilidades”. Con posiciones tan antagónicas, el debate quedó abierto. La súbita muerte del ex presidente impuso un compás de espera al ciclo de consultas que preludia el tratamiento de una ley que, polémica al fin, trasciende el interés de empresarios y trabajadores. Las cartas están echadas. En 2011, año electoral, en el Congreso de la Nación habrá de jugarse más que una partida.

Rubén Lo Vuoloz
Es positivo discutir la distribución de ganancias

“Si bien el proyecto, tal como está planteado, deja expuesto errores de concepción y ciertos interrogantes a partir de sugerir una difusa interpretación, es fundamental que sea tratado y debatido en profundidad. Dentro y fuera del Parlamento, pues resulta auspicioso que estas cuestiones se discutan en tanto favorezcan una reorganización del funcionamiento de la economía argentina. En particular, de cómo se retribuye el trabajo.

Claro que me hubiera gustado que el debate se diera en otro contexto. No obstante, lo considera positivo, más aún cuando se ha convertido en un tema tan significativo para las relaciones entre las propias corporaciones, al punto de haber sido pospuesto su tratamiento en pos de garantizar una mayor tranquilidad política. De modo que adquirió una centralidad que ya nadie puede desconocer.

La distribución de ganancias es una institución reconocida por nuestra Constitución. También lo es (en el mismo 14 bis) la asociación sindical libre y democrática, y por eso sería interesante que tenga la misma fuerza que se pretende aplicar a lo otro. Es operativamente importante señalarlo, porque dada la heterogeneidad estructural de Argentina la defensa de un proyecto de esta naturaleza tendría que ser esgrimido por las empresas, o por conglomerados empresarios con representaciones sindicales a ese nivel, por lo cual para sustentar un proyecto de este tipo nuestro país tendría que tener una estructura sindical diferente. Y lo destaco considerando que uno de los enunciados más cuestionables es la pretensión de conformar con ellos un organismo superestructural, burocrático y único, que habrá de tomar las decisiones. Allí reside una primera contradicción importante, que anticipa la dificultad de operación. Ese Consejo, que es la autoridad de aplicación, será el encargado de determinar una suerte de mínimo anual. En verdad, no se entiende si es un mínimo porcentual o un monto nominal, por lo que llama la atención que se lo pueda dictaminar en una economía tan heterogénea como la argentina. Ese modo de fijar un índice tiene connotaciones prácticas y la duda cabe en la medida que puede agregar rigidez al funcionamiento del sistema o un nuevo elemento de discriminación que terminará favoreciendo sólo a las empresas que tienen capacidad para soportarlo. Por otra parte, en la práctica, habrá que discutir la descompensación entre las pérdidas con las ganancias. No hacerlo es desconocer la volatilidad histórica de la economía argentina. Como también existen otras imprecisiones. Por ejemplo, no se contempla a las empresas que están pagando la ganancia mínima presunta, que ya de por sí es un problema serio, o no están registrando balances con ajustes por inflación. De manera que se omite el tratamiento de temas que hacen a los resultados de las empresas.

Otro punto crítico se concentra en la naturaleza misma de la distribución que propone. Llama la atención que por un lado se supone que hay un debate tributario que cuestiona el hecho de que la distribución de dividendos no esté gravado por Ganancias, mientras que este proyecto establece que tal distribución tampoco la tributará. Se trata de una contradicción muy clara. Porque son ingresos; y la verdad es que este elemento, y el hecho de que probablemente sean las empresas más grandes -las más formalizadas, las que pagan mejores salarios y tienen empleo más registrado y estable- las que se verán beneficiadas. Con lo cual, tal como está establecida la cuestión, uno puede suponer que la distribución de ingresos hacia el interior de la propia clase trabajadora se puede ver afectada, incluso más regresivamente.

A eso se suma la conformación del Fondo Solidario que, además de poder transformarse en un mecanismo arbitrario de discriminación política, se procura generar con un 5%; y acá empiezan las mezclas de política. Porque lo que en realidad se pretende con este fondo es algo que ya se intentó, y es que los propios trabajadores denuncien al empleador de trabajo no registrado. A todas luces expone una lectura equivocada de la cuestión al suponer que el empleo “en negro” se debe simplemente a la falta de voluntad de los empleadores, sin reconocer –como incluso revelan los propios informes y publicaciones del Ministerio de Trabajo- la presencia de factores económicos que explican ese fenómeno, en tanto ciertas empresas, sobre todo las de menor tamaño, las más vulnerables, utilizan esa modalidad como un modo de supervivencia; e incluso, de financiamiento ante la ausencia de otros mecanismos de acceso al crédito. En definitiva, hoy nadie puede negar que el empleo no registrado está directamente relacionado con la falta de crédito a las empresas de menor tamaño.

De manera que éstos son algunos de los puntos oscuros que deberían ser revisados. Seguramente habrá otros. Sin embargo, valoro mucho que en el Congreso de la Nación se debata un proyecto de esta envergadura. Es muy importante que los trabajadores reciban parte de las ganancias empresariales que contribuyen a generar, así como es bueno que no sólo reciban ingresos por sus salarios: Cuanto más diversificada sea la fuente de ingresos de los trabajadores, mejor. La distribución de ganancias debería tomarse como un elemento integrado a esa diversificación que, a mi entender, es positiva tanto para los trabajadores como para la propia empresa. En ese sentido, también la participación en los resultados me parece que es una alternativa que habría que tomar en consideración.

Pero por otra parte, aunque el proyecto no lo contempla, me parece que si van a tener mayor incidencia en los resultados de las empresas en las que trabajan, e incluso pretenden involucrar sus opiniones sobre la gestión de cada firma, deberían también compartir los riesgos de la empresa. Y en este caso, estimo que lo más adecuado no es una simple distribución de ganancias como la planteada, sino pensar -por ejemplo- en acreditarles un cupo de acciones por el trabajo realizado. O sea, una participación accionaria que les permita discutir, en función de ese capital, cómo se acumula en virtud de participar en los resultados. Es más: para que la lógica del sistema cierre racionalmente, incluso deberían participar –también- en las pérdidas. Resulta un tanto ilógico que la participación en los resultados sea sólo en las ganancias y no parte del riesgo que implica toda actividad empresaria. De esa manera se estaría contribuyendo, además, a evitar los problemas que deja planteado el proyecto a la hora de definir la reinversión de las utilidades: Si bien puede dar satisfacción a una visión empírica de corto plazo, es un curso no deseable por cuanto podría ir en detrimento de la inversión del empresario. Y esta situación, claro está, es la que hay que evitar. Repartir el 50% de las utilidades –como plantea el proyecto- es muy difuso y no me parece correcto”.

Marcelo Lasacano
Los trabajadores deben ganar bien.
Los empresarios, reinvertir utilidades.

La productividad es una función de aquellos factores –sea capital, trabajo, tecnología- que contribuyen a la producción. Su adecuada combinación inspiran un atento seguimiento, no sólo por razones de costos y calidad de los productos, sino también para ampliar la oferta, diversificar mercados y generar innovaciones que permitan obtener mayores beneficios, que hacen posible la distribución. De lo contrario, la misma se frustra o amenaza las fuentes de trabajo. Por el contrario, cuando aumenta la productividad, la pretensión de participar en los beneficios recibe legitimación desde que se comparten frutos y no meras esperanzas. De modo que dada la heterogeneidad de los sectores, la localización y tipo de empresas, las habilidades laborales, la capacidad de innovación –en fin, aquellos atributos que definen la identidad de una empresa, de la que no es ajena su conducción- amerita también la consideración de peculiaridades propias de cada firma.

No estoy en contra de esta discusión. Aplaudo la iniciativa de mi colega y amigo Recalde; no le resto méritos. Pero todo esto hay que pensarlo mejor. Sobre todo en un país como el nuestro, donde el capital personal –sometido a tributación- lleva a la gente a no ahorrar. Claro que en Estados Unidos tampoco hay ahorro personal, pero hay crédito bancario. Es un sistema bancarizado que contrasta con el de la Argentina, que tiene un régimen de financiamiento muy acotado; sobre todo para quien necesita capital para producir. Es un problema grave, más aún teniendo en cuenta que esa carencia demora el proceso de expansión de la base de capital en el sistema. Por eso es tan importante la reinversión de utilidades; el autofinanciamiento genuino. De ahí que resulta crucial la liquidez en las empresas. Claro, los obreros no precisan papeles sino buenos salarios. Tienen demandas postergadas y si a la compañía que le fue muy bien debe repartir el 10% de sus ganancias, es probable que esa cantidad de dinero afecte la realización de proyectos. O sea que más allá de bajar el valor capital de la compañía (lo que vale es la rentabilidad), si durante un ejercicio exitoso obtiene una ganancia de 10 ó 12 puntos y debe repartir la mitad, hay que ver cómo dan los números. Desde este punto de partida, en un mundo donde la concordia social no siempre está asegurada, tal situación podría suscitar conflictos que bien pueden ser evitados.

Por otra parte, es de notar la arbitraria ambigüedad que pesa sobre el comportamiento de este régimen ante la diversidad empresaria. De llevarse a la práctica, las compañías que son mano de obra intensiva –cuyos miembros recibiría una pequeña fracción- serían discriminadas respecto a las de carácter capital intensivo. Sobre todo las que tienen pocos asalariados en la nómina y grandes utilidades: por más chico que sea el porcentaje, determina una feroz distribución per cápita. Es un despropósito. Habría que analizar muy bien, sector por sector, la incidencia de este esquema para no acarrear conflictos, suplantando vacío por inequidad, al tiempo de favorecer las condiciones de desenvolvimiento de las empresas. Además, como la inflación siempre está presente en nuestras vidas, habría que tomar en cuenta que en 1992 se suprimió el ajuste por inflación. Hoy, si una firma que logra una ganancia anual de 2000 pesos, en tanto con una inflación del 20 al 30% debería tributar por 1600, debe repartir 1000, esta situación repercutirá sobre su futuro: tendrá que desactivar proyectos y enfurecerá a los empresarios, por que estará obligada a quedarse con un excedente menor para reinvertir en producción, en investigación, en mejoras de todo tipo. No es un tema menor. En casi todo el mundo, un aspecto muy importante de la capitalización de las empresas se vincula con la reinversión de utilidades. Apple tiene una caja de 70 mil millones de dólares por que no reparte utilidades ni apela a los bancos. Eso les permite, cada tres o cuatro meses, lanzar un producto vanguardista que tumba a sus adversarios. Acá no hay espacio para ello; pero toda nueva legislación que involucre al ámbito productivo debe hacerse muy bien para no desanimar a los inversores, sean locales o extranjeros.

En esa dirección, creo que este proyecto es útil y atractivo, pero debe pensarse muy bien. El innovador, el creador de nuevas oportunidades, el visionario –el empresario shumpeteriano- puede sentirse muy incómodo al tener que compartir decisiones estratégicas, que son siempre apuestas al porvenir y significan arriesgar capital. Por eso hay que contemplar las características regionales, el tipo de rama industrial o comercial y bien, todo aquello que no entorpezca la actividad de quienes crean riqueza, empleo, bienestar. Porque establecer un régimen de distribución de ganancias resulta interesante como dato generoso, pero el problema es que si no dan los resultados esperados, puede convertir al sistema en un monstruo perverso que, por otra parte, no le va a cambiar el humor a los trabajadores. A ellos se les debe pagar buenos salarios para que puedan vivir muy bien, así como los empresarios deben asumir riesgos para superar sus marcas cada día. Y los legisladores, por su parte, tienen que actuar con sensatez, inteligencia y generosidad, para no sembrar conflictos a futuro.


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