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Temas en debate

Dos años más de promoción industrial para cuatro provincias

Mediante el decreto 699/2010, el Poder Ejecutivo Nacional extendió por el término de dos años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en los impuestos a la Ganancias y al Valor Agregado, acordados en el marco de la ley No 22.021 y sus modificaciones, a las empresas industriales radicadas en las provincia de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. El porcentaje de beneficios será el correspondiente a 2009 y en ningún caso podrá exceder el 45%. Para acceder a este porcentual, las empresas titulares de los respectivos proyectos deberán mantener la cantidad mínima del personal comprometido o el nivel de empleo promedio efectivamente afectada a la actividad promovida, en caso que este fuera mayor durante el citado año.

ImagenEl Poder Ejecutivo respondió positivamente al pedido de las cuatro provincias para que se prorrogara el régimen de promoción industrial vigente.
El articulo 5º de la norma establece que durante la vigencia de la extensión de los beneficios promocionales, la Autoridad de Aplicación Provincial “podrá aprobar ampliaciones de proyectos industriales vigentes tendientes a fortalecer el proceso de industrialización” del distrito. De aprobarse la ampliación, deberá establecer los niveles mínimos de personal ocupado, inversión y producción correspondientes al incremento de la capacidad productiva del proyecto industrial promovido actualmente vigente y/o a la complementación de la actividad originalmente promovida a los fines de integrar la cadena de valor de la rama industrial involucrada”. La fecha límite para la puesta en marcha de la ampliación no podrá exceder del 31 de diciembre de 2012.

Por otra parte, el articulo 7º fija que a los efectos de otorgar preferencias en la selección de los proyectos de ampliación, se deberán contemplar también criterios de selección que involucren, fundamentalmente, “la cantidad de recursos humanos a ser afectados, la generación de incremento en las exportaciones, la producción de bienes con alto valor agregado, el impacto ambiental y la promoción de mecanismos tendientes a una instancia de competencia”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas en materia de empleos, inversión, etcétera, y en caso de comprobarse el incumplimiento de alguno de los mismos la extensión de beneficios perderá efectos, renaciendo la escala original prevista para el proyecto en el acto respectivo.

La prórroga del régimen promocional estará en vigencia una vez que se suscriban los respectivos convenios y los proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación Provincial deberán contar con el dictamen vinculante favorable del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, emitido dentro de los 30 días del dictado del acto de aprobación. Transcurrido ese plazo se tendrán por aprobados los proyectos respectivos.

En los considerando del decreto 699/2010 se sostiene que “la República Argentina se encuentra obligada a adoptar las medidas adecuadas en medio de la actual crisis financiera mundial, que particularmente ha afectado a los países de Grecia y España, a fin de garantizar que ese entorno global no produzca un desmejoramiento de las perspectivas tendientes a la recuperación y crecimiento económico del país”. Y agrega que, en ese sentido “debe destacarse que la preservación y promoción de las actividades industriales en las provincias integran las políticas impulsadas por el gobierno nacional a fin de lograr el progreso y desarrollo equitativo de las mismas, procurando la continuidad de sus fuentes de trabajo, así como un crecimiento sustentable que asegure un adecuado aumento de las oportunidades de empleo productivo”.

Con ese propósito, el Poder Ejecutivo consideró “necesario prorrogar el plazo de vigencia previsto oportunamente para los proyectos industriales, acordados en el marco de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones y extensiones” en uso de las amplias facultades otorgadas por la ley Nº 26.077 para “la adopción de las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública, declarada oportunamente mediante Ley Nº 25.561, prorrogada en último término hasta el 31 de diciembre de 2011 por su similar Nº 26.563”.

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