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Política industrial

El alto costo del régimen de promoción industrial

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) actualizó un trabajo que realizó en 1999 en el que se identificaban y estimaban las consecuencias económicas para el país y para Mendoza de los regímenes de promoción de las provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca establecidos a partir de la ley 22.021/79, modificatorias y complementarias, que impulsaron la relocalización de la inversión industrial utilizando mecanismos de diferimiento y de exención de impuestos, tanto al inversionista como al propio proyecto.

ImagenEl estudio del CEM estimó que el valor actual neto del costo fiscal total del régimen de promoción hasta el año 2010 equivale a tres veces la inversión promovida.
La decisión del CEM de actualizar el trabajo tiene su justificación ante la decisión del gobierno nacional de recrear mediante el decreto 699 -del 20 de mayo de 2010- un régimen de promoción industriales para las cuatro provincias que se extendería hasta el año 2027. La aplicación del citado decreto esta suspendida por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que admitió el pasado 26 de agosto un recurso extraordinario interpuesto por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael en contra del polémico régimen que ahora deberá ser debatido en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A fines de 2010, la justicia mendocina había rechazado una medida cautelar peticionada por la cámara empresaria, fallando a favor de la apelación presentada por el Gobierno Nacional.

Los resultados de la actualización que fueron utilizados para la última presentación judicial de la entidad sanrafaelina, son impactantes: el costo fiscal para el país del régimen de promoción aumentó en 5.919 millones de pesos comparado con las proyecciones presentadas en el libro publicado por el CEM en el año 1999, ya sea porque el costo fiscal demeritado fue mayor y/o como consecuencia de excepciones, prórrogas y reasignaciones. Esto ocurrió a pesar de que el régimen de promoción había finalizado, porque las provincias otorgaron prórrogas y excepciones que, posteriormente, fueron legalizadas en las respectivas leyes de presupuesto, y que implicaron mayores costos económicos para la Nación y para la provincia de Mendoza.

Otras precisiones del trabajo del CEM son: • En valor actual neto, el costo fiscal efectivamente incurrido por el régimen de promoción hasta el año 2010 alcanzó los 33.379 millones de pesos de abril de 1991 y 179.152 millones del año 2010. Esto es equivalente al 12,4% del PBI de la Argentina, representa el 27,4% de la deuda pública del Sector Público Nacional y el 43,4% del gasto público nacional.

• El valor actual neto del costo fiscal total equivale a tres veces la inversión promovida. En otras palabras, si el Estado Nacional hubiera donado el dinero que se invirtió en los proyectos promovidos, el país en su conjunto hubiera ahorrado el equivalente a 120.000 millones de pesos, con lo que se podrían haber construido aproximadamente 40.000 kilómetros de carreteras o alrededor de 30.000 escuelas.

• Cada nuevo puesto de trabajo promovido le ha costado al país 2.618.362 pesos lo que significa un costo adicional de 5.900 pesos mensuales desde la puesta en marcha del régimen.

• La pérdida total en términos de recursos fiscales para la provincia de Mendoza ocasionados por el régimen de promoción de las cuatro provincias, alcanza un valor actual al de 10.288 millones de pesos de 2010. Con ello, se podrían haber construido en Mendoza aproximadamente 2.000 escuelas o 1.000 megaescuelas o, bien, se podrían haber construido 340 hospitales con muy buen equipamiento.

• La pérdida de actividad del período completo de vigencia de beneficios promocionales (desde 1973, con la ley 20.560, hasta 2010) alcanza un valor actual de 62.224 millones de pesos de 2010.

• La pérdida económica total para Mendoza del régimen de promoción de las cuatro provincias ha sido de 72.512 millones de pesos, manteniéndose en un rango entre 1,6 y 2 veces el Producto Bruto Geográfico Provincial.

Sin embargo, el alto costo del régimen promocional “no gravitó en la mejora de los indicadores de desarrollo humano ya que las provincias comprendidas muestran una convergencia menos dinámica que las restantes provincias argentinas”. Por otra parte, y analizando los últimos censos económicos nacionales, se comprueba que la promoción industrial favoreció la relocalización de emprendimientos fabriles hacia los cuatro distritos, pero ninguno de ellos “ha logrado un padrón productivo con predominio de las actividades vinculadas con la producción de bienes”.

Uno de los capítulos del nuevo trabajo del CEM presenta una simulación del costo fiscal para el país y Mendoza en caso de aplicarse el decreto 699/2010. En su introducción se aclara que “dado que al presente momento no se dispone de ningún dato referido a cupos fiscales anuales y/o proyectos”, las hipótesis del trabajo están basadas en lo verificado en el régimen anterior (ley 22.021) con varios supuestos y metodología que se describen en la misma.

De tal forma resulta que si se centra el análisis en las cifras de cupos promedio, y si se aplicara el criterio de incurrir en costos fiscales en las mismas proporciones de los recursos, las franquicias impositivas en valor actual a nivel nacional alcanzarían valores equivalentes entre 4% y 17% del PBI. Si los cupos fueran cercanos a los verificados en el régimen original, ajustados por inflación, el costo fiscal fluctuaría entre 1% y 4,4% del PBI.

Para la estimación del costo total fiscal para Mendoza, los autores del trabajo tomaron en cuenta que representa el 5,8% del incurrido en el país, por lo que “el costo fiscal potencial para la provincia de la aplicación del decreto 699/10, en términos de valor actual, se ubicaría en un rango de entre 664 millones de pesos y 11.502 millones”.


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