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Política industrial

El primer sistema de promoción industrial

Si bien a partir de los años 20 se presentaron algunos proyectos parlamentarios para promover el desarrollo industrial, recién en 1944 quedó materializado el primer sistema explicito de promoción industrial. En esta nota, recordamos sus objetivos y operatoria con el aporte de un trabajo de uno de los impulsores de la norma: el ingeniero Emilio J. Llorens.

ImagenEmilio J. Llorens
El 5 de junio de 1944 se dictó el decreto Nº 14.630 de “Fomento y defensa de industrias de interés nacional”, que dos años después, fue convertido en ley por el Congreso Nacional. El análisis de los alcances de la legislación, como así también su redacción, estuvo a cargo de la Dirección de Economía y Política Industrial de la Dirección General de Industria, que actuaba en el ámbito del Ministerio de Agricultura.

Emilio Llorens, por entonces titular de la citada dependencia ministerial, destacó en un trabajo publicado en la edición No 28 (diciembre de 1966) de la revista de la Unión Industrial Argentina que “a las industrias que en lo sucesivo fueron declaradas de interés nacional por decreto y previo informe de una Comisión de Fomento y Defensa Industrial, con participación privada, se les aplicaba un régimen variable y adecuado a las circunstancias de cada una de ellas y del momento, entre las cuales cabían, entre otras medidas, la elevación de derechos aduaneros, las prohibiciones de importar, los subsidios y las exenciones impositivas”.

Para Llorens, el decreto fue “una medida tomada en previsión de los acontecimientos que pudieran ocurrir a la terminación ya previsible de la guerra, especialmente la reanudación de la competencia externa, que podría afectar seriamente a una industria ampliada y diversificada durante los años del conflicto bélico, con todas las limitaciones de equipamiento, desarrollo técnico, infraestructura deficiente y deformaciones de mercado, propios de esos tiempos. Pero también tenia un sentido trascendente, al establecer las bases de una política permanente de fomento de nuevas industrias, según planes privados o promociones gubernamentales, a ser aplicadas en forma progresiva, según lo aconsejaron las circunstancias”.

140 presentaciones y sólo 39 decretos

El decreto reglamentario estableció con precisión las industrias consideradas de “interés nacional”. En su artículo 1o las definía en los siguientes términos:
  • Industrias que empleen exclusivamente materia prima nacional, aquéllas que utilicen productos del país, ya sean de origen vegetal, animal o mineral en su estado natural o que hayan recibido una o más transformaciones, que sirvan de base esencial al proceso productivo considerado con respecto a cada artículo en particular. No se tendrá en cuenta a tal objeto, la circunstancia de que empleen productos secundarios importados que se incorporen o adicionen al básico, o los accesorios, de igual origen, que se utilicen en procesos complementarios del productivo principal aun cuando en ellos resulten esenciales.
  • Industrias que abastecen el mercado interno, las que provean total o parcialmente a las necesidades de consumidores residentes dentro de los límites de la República Argentina. A estos mismos efectos se considerará incorporado al mercado interno el consumo de países a cuyo abastecimiento tenga acceso el producto elaborado, en razón de uniones aduaneras o convenios internacionales que otorguen al mismo un trato aduanero preferencial.
  • Industrias que produzcan artículos de primera necesidad, destinadas a satisfacer necesidades de alimentación, vestidos, vivienda, cultura, alumbrado, transporte y sanidad, cuya falta o escasez afecten a la vida o a la economía de la Nación.

A los efectos de solicitar los beneficios previstos en el decreto, las empresas debían presentar una información detallada conteniendo los siguientes datos:
  • Monto del capital y número de personas empleadas o a emplear.
  • Cantidad y calidad de los productos elaborados, su distribución en el mercado nacional y proporción de la demanda cubierta o posible de cubrir en un plazo próximo.
  • Cantidad y procedencia de las principales materias primas, especificando las que se suponían necesario importar, probando la imposibilidad de obtenerlas en el país en condiciones económicas favorables.
  • Ubicación propuesta para los establecimientos a instalarse, indicando las razones que la justificaban. La empresa solicitante debía aceptar el lugar de ubicación que podía determinar el Ministerio de Agricultura, de acuerdo a su plan de política industrial.

    Las medidas de fomento y defensa se otorgaban por plazos no mayores a cinco años y podían ser renovadas por el Poder Ejecutivo, “en caso de subsistir las condiciones técnicas y económicas que las originaron”.

Llorens recuerda que “muchas empresas y sectores industriales se presentaron a la Comisión de Fomento y Defensa Industrial para asegurar su desarrollo o defenderse de la competencia que se fue haciendo sentir, a pesar de las dificultades del balance de pagos que frenaban las compras al exterior. En total 140 presentaciones divididas en los siguientes sectores: industria química 29, farmacéutica 5, metalúrgica 50, aparatos y maquinarias eléctricas 22 y varias 34.

Durante la vigencia del régimen se dictaron 34 decretos de aplicación de diversas medidas, previa declaración de “industria de interés nacional”, lo que implicaba un estudio detallado de la actividad, su interés para el mercado, su nivel técnico y sus posibilidades de desarrollo. La mayoría de los decretos (13) se aprobaron en los dos primeros años del gobierno del general Juan D. Perón, y con posterioridad, se fue reduciendo paulatinamente su número, siendo notorio “el cada vez más débil entusiasmo por establecer regimenes definidos por parte de la Secretaria de Industria” en donde hubo momentos en que se llegó a opinar que el país debería volver al campo” y “liquidar a la industria”. Los últimos decretos (6) aparecieron en 1954 y allí terminó prácticamente la acción del organismo y de la legislación.

En 1957 se creó una comisión para estudiar una nueva ley de promoción industrial (resolución 1.483/57 del Ministerio de Comercio e Industria), con intervención de la Facultad de Ingeniería y del Centro Argentino de Ingenieros, cuyas conclusiones, sostiene Llorens, “sirvieron para elaborar el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso en 1958”. El nuevo cuerpo legal, aprobado por Parlamento a fines de diciembre de ese año, derogó el régimen del decreto Nº 14.630/44, cerrando así el ciclo de “la primera medida amplia y orgánica de defensa y fomento de la industria nacional”.

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