Ir a la página principal
Temas en debate

FINA se define

En una reciente reunión de la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval, el presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), Juan A. Torresín, expresó su apoyo al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Gastón Harispe, que se encuentra en instancias avanzadas en su tratamiento legislativo. La iniciativa, que ha provocado algunos “chisporroteos” en el seno de la entidad empresaria, establece un “Régimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval”, que apunta a recuperar la capacidad de bodega de la Argentina, eliminar el régimen de tratamiento de bandera de preferencia; incluir un sistema de leasing; y conformar un fondo financiero específico para la construcción de buques.

ImagenEl proyecto prevé financiamiento para la construcción naval en el país
Para la FINA otros proyectos presentados en el Parlamento Nacional conducirían a priorizar servicios por sobre industria, lo que dictaría un certificado de defunción para la industria naval argentina y un retorno a las políticas desarrolladas en la década del noventa, que prácticamente destruyeron el capital económico y social del sector.

En su intervención, Torresín recordó que “el concepto integrador de marina mercante que incluye la actividad naviera, los puertos, las vías navegables y la industria naval, fueron un principio claro materializado en la definición de marina mercante; receptado y explícitamente recogido en la plataforma electoral del actual Gobierno Nacional en 2003”, que sostenía que “respetando el principio integrador que considera a la Marina Mercante y a la Industria Naval, como pertenecientes al mismo sistema económico” ambas deben tener un único tratamiento legislativo.

FINA considera que el proyecto de Harispe “es el que mejor conjuga el concepto de inclusión de los distintos sectores, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la Nación, sacando el mejor partido del potencial de todos los sectores productivos y comerciales, sean de servicios, como así también de las actividades industriales extractivas, renovables y/o no renovables”. Otro tema que no admite discusión, para la entidad, son beneficios que obtenga el transporte por agua, distorsionando la oferta de la industria naval.

En este sentido, Torresín reiteró que no debe permitirse la importación o charteo de buques y/o artefactos navales usados en forma definitiva, destinados al cabotaje y a la pesca, con los que es imposible competir desde la oferta industrial. “Ésta debería ser la regla, incluyendo a la actividad marítima, la cual podría tener excepciones transitorias reguladas y condicionadas a la construcción de unidades similares en el país”.

El dirigente subrayó también que un régimen de promoción como el que se está proponiendo -que habría sido impulsado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables-, requiere un régimen de tratamiento fiscal particular para una actividad que, es considerada en el mundo como merecedora de atención particular.

En relación con el tema del financiamiento, FINA considera un acierto diferenciar los recursos de amortización de largo plazo para los buques terminados, de los asignados a la etapa de construcción que contemplan una amortización de corto plazo, a ejecutarse con herramientas financieras modernas, de acuerdo a las necesidades del sector y las garantías reales suficientes.

Por último, los industriales apoyan los conceptos incluidos en el proyecto respecto a prestar una atención especial para la formación continua de los trabajadores técnicos y profesionales ligados a tareas industriales como a la ingeniería naval, enfatizan, ya sean tripulantes o ligados a las actividades terrestres. “Ésta es la única manera de fomentar en el país los proyectos tecnológicos, fuentes de trabajo decentes y posibilitar el fortalecimiento de toda la cadena de valor navalpartista, garantizando así la ampliación de nuevas fronteras tecnológicas en sede académica y de capacitación continua”.


Ir al principio de la nota