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Energía

La importancia de la renta en la definición de la política petrolera

En esta nota, el doctor Daniel G. Montamat, ex secretario de la Energía de la Nación y ex presidente de YPF, sostiene la necesidad de relanzar una nueva oferta exploratoria que replantee el sistema de apropiación y distribución de la renta vigente en la Argentina y asegure, durante toda la vida útil de la explotación, certidumbre, transparencia y previsibilidad.

ImagenEl doctor Daniel G. Montamat, ex secretario de la Energía de la Nación y ex presidente de YPF
La riqueza petrolera puede ser una maldición o puede ser una bendición. Ha sido una bendición para el desarrollo de Noruega, y ha sido una maldición para el desarrollo de Nigeria y muchos otros países exportadores de crudo. Cuando la riqueza petrolera se suma a una cultura productiva, enriquece a la sociedad; cuando, en cambio, apuntala una cultura rentista, favorece a una minoría a costa del empobrecimiento general. La Argentina no es un país rico en petróleo y gas, y muchas de las expectativas que se alientan en torno a su renta petrolera son puras quimeras. La certidumbre sobre los mecanismos de apropiación y distribución de la renta petrolera y su previsibilidad en el tiempo es clave para relanzar con éxito una nueva oferta exploratoria.

La existencia de reservas de petróleo o gas en un determinado territorio es un legado de la naturaleza. Esas reservas están distribuidas en yacimientos de distinta dimensión, productividad y costos. La renta de un yacimiento en Medio Oriente es mayor que la de un yacimiento en Venezuela; y la de un yacimiento en Venezuela, mayor que la de uno en nuestro país.

La renta surge como diferencia entre precios y costos, por lo que su valor es muy variable en el tiempo, aún en un mismo contexto geológico. Por ejemplo, la renta total estimada del petróleo y el gas (renta del up-stream) en la Argentina fue de 25.811 millones de dólares en el 2008. El año pasado, por la caída de los precios de referencia internacional y regional (gas de Bolivia) y la suba de costos internos, la renta total se redujo a 12.967 millones de dólares. En 1999, cuando los precios del crudo promediaron los 19 dólares el barril, la renta argentina aguas arriba fue sólo de 1969 millones.

David Ricardo fue el economista inglés que desarrolló el concepto de renta económica. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas -sostenía Ricardo-, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles. Este último tal vez tenga un beneficio de la explotación, pero el otro obtiene algo mucho mayor: he aquí la renta agrícola.

El concepto de renta asociado originalmente a la tierra como factor productivo, se hizo extensivo a los recursos humanos y a otros recursos naturales no renovables como los mineros.

El debate sobre la renta del negocio petrolero en la Argentina siempre estuvo subordinado al debate sobre el régimen de propiedad de los hidrocarburos. El derecho argentino consagra el principio de dominio regalista. El dominio originario de los yacimientos antes pertenecía a la Nación (ley 17.319), y, desde la reforma del 94 (artículo 124), a los estados provinciales, salvo los que pudieran existir en el mar argentino. El dominio útil, es decir, la explotación del yacimiento, estuvo bajo predominio del Estado antes de que YPF fuera privatizada, y hoy depende de actores privados. Para explotar los hidrocarburos algunos países crean empresas del estado monopólicas que sólo pueden operar con los privados mediante contratos de servicio (países del Medio Oriente, Méjico, Nigeria). Otros países permiten la asociación de la empresa del estado con empresas privadas en contratos de producción compartida, donde el riesgo exploratorio es asumido por el privado (Colombia, Angola, Rusia). El tercer esquema se basa en el otorgamiento de licencias de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, que incluso pueden competir o armar asociaciones con la empresa pública, si esta existe (Brasil, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, la Argentina). Los regímenes de explotación pueden variar y complementarse, y en todos está en juego la asunción de riesgos y el reparto de la renta.

Pero ningún régimen de explotación puede asegurar el 100% de la renta a quien detenta el dominio útil. Cuando el estado monopoliza la actividad y se apropia de la renta mediante una empresa pública, debe ceder una parte de ella a la reposición y desarrollo de nuevas reservas, exploración incluida. A su vez, si mantiene precios internos para los combustibles divorciados de los precios internacionales, cede otra parte de la renta a los consumidores. En el esquema de explotación privada, los concesionarios hacen la inversión para explorar y explotar a cambio de una participación en la renta, y el estado se apropia de otra parte de la renta a través de regalías e impuestos. Si los precios internos están divorciados de los internacionales (por ejemplo, aplicando derechos de exportación como en el caso argentino) también el consumidor aguas abajo se apropia de una parte de la renta. La Argentina se deshizo de la YPF estatal que producía petróleo y gas por sí (70%), y con la asistencia de contratistas privados (30%), y adoptó el actual esquema de concesiones privadas. La YPF del estado era criticada por perder plata, y las empresas privadas hoy son criticadas por explorar poco y sobreexplotar las reservas probadas. Cuando YPF daba pérdidas la renta petrolera quedaba en el camino (contratistas, “ñoquis”, proveedores, consumidores); y, cuando los privados invierten poco en nuestros campos, parte de la renta argentina migra a otras geologías. En contra de la percepción generalizada, el gran beneficiario de la renta petrolera argentina generada entre el 2002 y el 2009 fue el consumidor aguas abajo de gas natural y productos refinados. De los 95.691 millones de dólares de renta generada en el período, el consumidor aguas abajo se apropió del 57%, el estado (nacional y provincial) del 28% y las empresas del 15%. De los 95.691 millones, 35% es renta gasífera y 65% renta petrolera. La renta transferida al consumidor aguas abajo se tradujo en un subsidio económico total de 54.573 millones de dólares: el 53% fue a los consumidores finales de gas natural y el 47% restante a refinerías y consumidores de productos derivados del petróleo. A no confundir, estos subsidios no tienen expresión presupuestaria, pero son decisivos al fijar los incentivos y señales de precios que determinan la distribución de la renta. La apropiación y el reparto de la renta atraen o disuaden inversiones. Peor, pueden alentar la reposición de reservas en otras geologías más atractivas o que ofrezcan más certidumbre, reduciendo al mínimo la exploración y los riesgos donde prevalece el oportunismo y la falta de atractivo geológico.

La Argentina tiene petróleo y gas para autoabastecerse. Ha exportado saldos y ahora va camino a importar. Fue pionera en la creación de una empresa estatal petrolera, y uno de los países que fue más lejos en la transformación del sector y en la privatización de su empresa estatal. La aproximación a la renta del recurso y su reparto, nunca acompañó estrategias de largo plazo: fue víctima del desarrollo ausente. En la organización de la industria petrolera terminó predominando el corto plazo y la cultura rentista por sobre el desarrollo productivo. Llegó la hora de cambiar sobre la base de acuerdos y políticas de estado.

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