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PYMES

La ley más esperada

Seis títulos, tres capítulos y 58 artículos comprende la ley 27.264 que instituye con carácter permanente el Programa de Recuperación Productiva -denominación oficial de la ley-, crea un régimen oficial de fomento a la inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas y define numerosos beneficios impositivos y financieros.

La propuesta inicial surgió de la bancada del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Nación y fue asumida, como propia, por el gobierno a partir de la introducción de varias modificaciones que contaron con el apoyo del resto de los sectores políticos, lo que posibilitó la aprobación casi unánime del proyecto de ley PyME en el Parlamento.

Los aspectos relevantes de la nueva normativa son: • En el Título I incorpora con rango de ley al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y eleva los topes en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en un 50% (a $9.060). Además simplifica su tramitación específicamente para el segmento.

• En materia impositiva, en el Título II la ley establece que: el impuesto a la Ganancias Mínima Presunta no será aplicable a las MIPyMES a partir de los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2017; las micro y pequeñas podrán ingresar el saldo remanente de la declaración jurada del impuesto al Valor Agregado (IVA) a la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original (90 días de facturado) y computar en un 100% el Impuesto sobre los Créditos y Débitos (cheques) como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias (IG). En este caso, las industrias manufactureras consideradas Medianas I lo podrán hacer en un 50%.

Los saldos impositivos a favor de las MIPyMES podrán ser compensados a través de “cuentas tributarias” y en el caso de que no sea posible en forma automática se podrá solicitar su devolución (para los saldos existentes antes de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo podrá emitir bonos de deuda pública de inscripción voluntaria).

La norma contempla además la necesidad de avanzar en un esquema simplificado de determinación e ingreso de los impuestos nacional para las MIPyMES así como de desarrollar un Sistema de “Ventanilla Única” que facilite la operatoria. En ambos casos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de implementar los procedimientos correspondientes.

• El Título III -Fomento a las Inversiones- crea el Régimen de Fomento de Inversiones para las MIPyMES y define por inversiones productivas (IP) a las que realicen por bienes de capital u obras de infraestructuras -excluyendo a los automóviles- en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las IP se considerarán realizadas en el año fiscal o ejercicio anual en el que se verifique su habilitación o puesta en marcha y su afectación a la producción de renta gravada.

Entre los beneficios aplicables a las IP que se formalicen entre el 1º de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, cabe destacar: el 10% del valor de las IP será computable como pago a cuenta del IG, y el otorgamiento de un bono fiscal por un porcentaje del IVA invertido.

Las MIPyMES gozarán de estabilidad fiscal durante el plazo de vigencia antes señalado, incluyendo a todos los tributos -impuestos directos, tasas y contribuciones- que tengan como sujeto pasivos a las empresas del segmento. Todos los beneficios consagrados en el Título III caducarán si la firma redujera el nivel de empleo, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

• En los restantes Títulos (IV -Reformas de las leyes 24.467, Marco Regulatorio de la PyME, y 25.300, Ley de Fomento para la MIPyME-; V -Financiamiento de las MIPyMES-, y VI -Otras disposiciones-), se introducen modificaciones en el objeto y en aspectos operativos del Fondo Nacional de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME) y del Fondo de Garantía (FOGAPyME); se identifican los instrumentos financieros que permitirán a las empresas del segmento un mayor acceso al crédito y al capital de trabajo (Obligaciones Negociables -ON-, letras de cambio, pagarés) y se obliga a invertir íntegramente los depósitos de reservas en garantías retenidos a los reaseguradores en ON y debentures.

Por otra parte, la norma legal prevé que los beneficios impositivos se incrementen entre un 5 y 15% para las economías regionales y establece: la revisión anual de la definición de MIPyMES a fin de actualizar los parámetros de clasificación, la elaboración de un Registro, con el objetivo de contar con información actualizada para el diseño de políticas e instrumentos adecuados por el apoyo del segmento, y la creación de un Consejo de Monitoreo y Competitividad, con participación público-privada, encargado de realizar el seguimiento de la evolución de la asignación del crédito y del comercio exterior y su impacto en la producción y el empleo, así como el análisis del rol, la posición y la evolución de las MIPyMES en las cadenas de valor. Por último, la norma instruye al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a implementar las acciones necesarias para minimizar los costos con los fines de facilitar el acceso de las empresas a los planes y programas de invocación tecnológica destinados a resolver asimetrías de productividad.

Opiniones empresarias

Aunque en algunos casos con reservas fue positiva la opinión de las entidades empresarias sobre la ley PyME. La Unión Industrial Argentina (UIA), por ejemplo, ponderó el texto aprobado y el intenso trabajo realizado en las comisiones parlamentarias, en el que participaron activamente sus cuerpos técnicos, que lograron introducir importantes modificaciones al texto inicial del proyecto, en tanto que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su beneplácito por la sanción de la ley que “reconoce y da lugar a históricos reclamos” de la entidad.

En cambio, para la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) y la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) la ley no resuelve la emergencia MIPyME, y si bien reconocieron que incluye algunos puntos que alivian la situación del sector, señalaron que tal como está planteada terminará beneficiando solo “a las empresas que resulten ‘viables’ en el mediano plazo”.


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