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Miércoles 13 de Noviembre, 2019
Comercio exterior

La política comercial en el centro del debate (II)

Informe Industrial consultó a reconocidos referentes de la industria, el comercio exterior y la actividad académica sobre los alcances del fallo de la OMC y la aceptación del mismo por parte del gobierno argentino, así como sobre su impacto sobre el desempeño de la economía nacional y de los sectores productivos. El licenciado Fernando Grasso, director del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); el ingeniero Miguel I. Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio del gobierno porteño y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y el licenciado Ricardo Rozemberg, consultor de organismos nacionales e internacionales y miembro del Centro de iDeAS de la Universidad Nacional de San Martín, optaron por concretar su análisis a partir de los temas propuestos, mientras que el licenciado Adriano De Fina, gerente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) se ajustó al cuestionario preparado por nuestra redacción.

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Fernando Grasso

La economía argentina debe priorizar el crecimiento a partir de un mercado interno sólido y dinámico, el cual constituye la base para sostener altos niveles de empleo, salarios reales crecientes y rentabilidades adecuadas a la inversión productiva y la innovación. Es en esta plataforma sobre la cual se construyen las capacidades de exportación que permiten una inserción internacional inteligente, que promueva la internacionalización de proveedores de alto valor agregado y tecnología. Lejos de plantearse como alternativas excluyentes, la expansión del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones deben analizarse en este marco de complementariedad.

El esquema macroeconómico debe procurar esta dinámica, concibiendo la política industrial como uno de sus pilares fundamentales, potenciándose mutuamente con el objetivo de fortalecer la estructuras productivas a favor del desarrollo, agregando más valor, integrando sus eslabonamientos industriales e intensificando los procesos de inversión y de Investigación y Desarrollo (I+D).

En este marco, la industria metalúrgica ocupa un lugar central, ya sea por su incidencia sobre el entramado productivo local, como por su relevancia en el plano externo.

Más del 50% de las importaciones argentinas corresponden a productos de la cadena de valor metalúrgica, representando asimismo más de dos tercios del déficit comercial asociado a manufacturas de tipo industrial.

Si bien este es un rasgo estructural de la economía local, asociado al alto componente importado de la inversión en el país, a la necesidad de una mayor integración local de determinados segmentos claves de la producción, entre otros factores vinculados a la competitividad; la dinámica reciente del contexto internacional constituye un agravante.

La industria metalúrgica argentina está sumamente expuesta a la competencia internacional, ya que las importaciones provienen de más de 200 países diferentes, de todas las regiones del mundo. Sin embargo, casi el 90% de las mismas se concentran en China, la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, Japón y México, entre otros de la región, y Asia.

En todos estos países, se han intensificado las políticas de promoción comercial y de resguardo de sus mercados internos, principalmente a partir de la crisis internacional de 2008/09. Esto ha implicado no sólo políticas de promoción de diverso orden, sino también acciones comerciales más agresivas por parte de las empresas debido a los excedentes de capacidad productiva y la disputa de los mercados. Esto ha multiplicado las medidas de protección no arancelarias, cuyo nivel de protección implícito al menos triplica los derechos de importación vigentes en los países del Mercosur. Las medidas no arancelarias identificadas a nivel mundial pasaron de menos de 1.500 en 1995 a casi 35.000 en 2014.

Estados Unidos está primero en el ranking de países que más han utilizado este tipo de barreras paraarancelarias, ocupando los países de la Unión Europea el segundo lugar, China el tercer lugar y Brasil en el quinto. La Argentina se ubica en el puesto 42º entre los países que ha utilizado este tipo de instrumentos de protección.

En este marco, la política industrial asociada al resguardo del mercado interno y la producción local de los diversos sectores metalúrgicos constituye una pieza clave para su desarrollo, entre las cuales se destacan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Hasta tanto no se viabilicen las condiciones adecuadas de competitividad en el actual contexto económico nacional e internacional, la administración del comercio representa una herramienta efectiva para los fines expuestos, cuya gestión permite jerarquizar la aplicación de criterios específicos vinculados a objetivos de desarrollo sectorial, el establecimiento de prioridades en función de la sensibilidad de cada rubro, entre otros aspectos. Las condiciones impuestas por la OMC plantean la necesidad de revisar métodos pero no necesariamente la eliminación del instrumento, tratándose esto de una decisión política que puede ser ejercida de manera soberana.

Esta decisión también puede involucrar acciones complementarias como, por ejemplo, la reconstrucción del sistema de licencias no automáticas previas de importación (LNAPI), que permiten aplicar un procedimiento administrativo selectivo sobre las importaciones antes de que sea aprobado su ingreso al país, en el cual se realizan diversos análisis estadísticos o de otros aspectos técnicos que pudieran existir, dentro de un plazo razonable.

Por otro lado, el diseño, la formalización e implementación de normas técnicas también forman parte de una política necesaria para el desarrollo nacional. Estas normas suelen regular determinados aspectos técnicos y comerciales de los bienes, cuyo cumplimiento corresponde tanto a productos fabricados localmente como los importados. Si bien en muchos sectores metalúrgicos ya existen normas que exige el propio mercado, cabría formalizar muchas otras que no son de cumplimiento obligatorio. A su vez, estamos trabajando en nuevas normas que implican una mejora de la calidad y, a su vez, reducen la competencia desleal. Algunas son transversales a todos los sectores y otras más específicas (seguridad eléctrica de los equipos, contenido en productos de determinados elementos químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente, pruebas de radioactividad en materiales, normas de seguridad ambiental, entre otras).

Del mismo modo, el resguardo del mercado interno requiere fortalecer las capacidades de gestión pública y privada de medidas anti-dumping. En los últimos años se han reducido los tiempos de tramitación de estas medidas, pero debemos seguir optimizando los plazos y asistir técnica y económicamente a las empresas en la formulación de dichas medidas, ya que su complejidad amerita la necesidad de capacitación.

Sin embargo, la administración del comercio no sólo se limita a estas herramientas, también requiere enmarcarlas en otras acciones de más amplio alcance, como la profundización de las políticas de “compre nacional” y de focalización de demandas a partir del poder de compra y regulación del Estado. En muchos países del mundo, esta es una de las formas más frecuentes de resguardo del mercado interno.

El crecimiento productivo de la Argentina requiere impulsar una serie de grandes proyectos de inversión en el área de energía en sus segmentos, telecomunicaciones, transporte ferroviario, aero-comercial y naval, entre otros, pero esta infraestructura debe ser una oportunidad para el desarrollo de las cadenas de valor y su integración nacional. De esta manera, se multiplicarían los beneficios de las mismas en materia de valor agregado, innovación tecnológica, empleo, mejora del salario, entre otros efectos positivos que hacen a la autonomía del país. Estas políticas deben impulsar el crecimiento de la inversión pública y privada de manera articulada con el desarrollo de la industria metalúrgica, ya que se trata de un eslabón clave en estas áreas.

Para ello, deben preservarse y consolidarse el rol de las empresas estatales u organismos especializados, a fin de “garantizar” las demandas en áreas claves, guiar determinados procesos tecnológicos y preservar el interés nacional en mercados específicos, tales como la energía (YPF, Nucleoeléctrica S.A., CNEA, FADEA, etcétera), defensa (Fabricaciones Militares), industria naval (Complejo CINAR), actividades aeroespaciales y de telecomunicaciones (INVAP, CONEA, ARSAT), entre otros sectores que cabría impulsar.

Esto debería complementarse con la adecuación de ley de “Compre Argentino” (Ley 25.551), a efectos de ampliar su alcance, de revisar los procedimientos exigidos y el propio margen de preferencia para la industria nacional, que actualmente se ubica entre 5-7% y no contempla las diferencias en la capacidad de financiamiento, siendo que en diversos países desarrollados y en vías de desarrollo estos márgenes alcanzan hasta el 20%. Asimismo, consideramos relevante la creación de una Agencia Técnica especializada, cuyo rol principal debería centrarse en el análisis de la máxima participación posible de la industria nacional en grandes compras públicas, proyectos de infraestructura y similares, delinear el potencial en cada caso, establecer cuotas de mercado para cada rubro/ componente de los mismos y articular los diversos actores involucrados. Los análisis sobre reserva de mercado debe basarse en criterios amplios que trasciendan la simple comparación directa de precios y atendiendo a otros factores de carácter inter-temporal como la generación de empleo, el potencial en materia de tecnología, los beneficios en materia fiscal y de divisas, entre otros.

Finalmente, debería abordarse el marco competitivo de sectores claves como los bienes de capital, la electrónica y la cadena automotriz, a efectos de promover la integración de las cadenas de valor y el desarrollo sustentable de la industria nacional (más de tres cuartos del déficit comercial sectorial se explica por estos sectores).

Los ejes aquí presentados, lejos de ser un abordaje exhaustivo, constituyen la base de una política de resguardo de la producción local vinculada a una estrategia de desarrollo económico, productivo y social. La agenda industrial reviste aristas sectoriales propias a cada cadena y abarca las estructuras impositivas, la necesidad de definir estrategias de negociación internacional compatibles a nivel regional y multilateral, el fortalecimiento de los sistemas de apoyo económico, financiero, técnico e institucional en el plano de la capacitación, la I+D, la ciencia y la tecnología, y el acceso adecuado a materias primas y servicios de logística bajo condiciones competitivas de precio y calidad.

Miguel I. Ponce

En función del fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma la nueva administración, quedarán tres semanas para iniciar el cumplimiento al que se comprometió el actual gobierno, y desmantelar el sistema de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), vigente desde inicios del 2012. Este proceso no será simple ni sencillo y requerirá ponderación y responsabilidad de todos los actores involucrados, públicos y privados.

Queda claro que esta herramienta de administración del comercio exterior, fácticamente, fue complementaria al denominado “cepo cambiario” vigente desde fines del 2011. La combinación de ambas decisiones tenía como objetivo declarado administrar las divisas, direccionarlas a sectores estratégicos, sustituyendo importaciones y “agregando valor” a producciones nacionales, en lo que se denominó “modelo productivo de matriz diversificada con movilidad social ascendente”… No obstante, por diversos motivos, que no son para analizar en esta nota, las reservas hoy han caído más de 30.000 millones de dólares, las exportaciones llevan más de 23 meses de caída continua y el proceso de sustitución de importaciones ha quedado en promesas, salvo excepciones que confirman la regla. Debe entenderse que el 80% de lo que importa nuestro país, en la actualidad lo hacen empresas exportadoras, y más del 90% de lo que se importa es destinado a la producción del campo, la industria y la infraestructura de servicios públicos y privados. Desde hace muchos años, la importación es la principal proveedora de la industria nacional.

La caída de las importaciones de 74.000 millones de dólares (2011) a 65.000 millones (2014), se corresponde con una caída mayor al 3,5% en la producción industrial.

Y lo mismo en el campo, siendo el agro nuestra principal fuente de exportaciones, ha sufrido la falta de insumos y repuestos; al igual que la infraestructura de transporte y energía. Esas son las efectividades conducentes y es necesario iniciar un nuevo tiempo, con una administración del comercio más previsible, con reglas de juego claras y escritas, y compatibles con las normativas de la OMC, de la que formamos parte.

Una alternativa posible es volver a la aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA), mecanismo contemplado por la OMC, de aplicación sectorial (a diferencia de las DJAI que abarcaban todo el universo de posiciones arancelarias). Es obvio que, de la noche a la mañana, no puede pasarse de un esquema arbitrario de protección total a otro en el que las únicas barreras sean los aranceles y las normas comerciales y técnicas permitidas por el organismo internacional. Sobre todo porque la nueva administración hereda situaciones muy complejas: una deuda con proveedores por importaciones ya efectuadas y demoradas en el pago, por unos 10.000 millones de dólares, más DJAI atrasadas pero necesarias por otros 6.500 millones, unas 150 empresas que, al no conseguir las divisas en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC), recurren al CCL, con el aumento de costos que ello significa, y su impacto inflacionario y de pérdida de competitividad si se trata de producciones para la exportación, etcétera. A lo expuesto deben agregarse crecientes dificultades con la Aduana donde la actividad del canal rojo pasó del histórico 7% al 45% en promedio…a lo que se suma el notorio aumento de los pedidos de Alerta por Destinación (ADOs), con los retrasos y aumentos de costos consiguientes.

Por esto, en su momento, califiqué como una “carrera de obstáculos” la situación actual de nuestro comercio exterior: de la Secretaría de Comercio, al BCRA y luego a la Aduana… Y como la respuesta a la actual situación, pero sobre todo al nuevo escenario, a partir del próximo 1º de enero, ya sin DJAI, debe ser consensuada mayoritariamente, desde el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, hemos construido esos consensos estableciendo políticas que permitan lograr la reinserción comercial internacional, con premisas “fronteras adentro”, “en frontera”, y “fronteras afuera”. El “punteo” del decálogo acordado, nos da una idea de la complejidad y el alcance del programa, priorizando la Agenda de la Competitividad Nacional: Incrementar la tasa de inversión, recuperar el abastecimiento energético, mejorar las expectativas, aliviar la presión tributaria (principalmente a PyMES, economías regionales, y sectores sensibles) simplificando sobreregulaciones, incrementar la oferta de financiamiento, mejorar la infraestructura, normalizar el tipo de cambio real; simplificar las tramitaciones en frontera mejorando la eficiencia en las ventanillas; jerarquizar las relaciones internacionales, y reiniciar una política exterior de negociaciones que implique una política comercial externa eficaz y al servicio de un plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo.

La coyuntura inmediata pasa por la disyuntiva para la nueva administración: si desmontar el sistema de DJAI inmediatamente o utilizar un mecanismo gradual. Pero en cualquiera de las dos alternativas deberán atenderse las demandas de sectores sensibles, fuertemente dependientes del mercado interno y que puedan tener algún grado de problemas de competitividad. Estoy pensando en textiles, electrónica, calzado, línea blanca, entre otros.

Si finalmente se optase por el gradualismo, no debería liberalizarse generalizadamente, sino inicialmente algunos sectores y otros no, mientras en simultáneo, se recurre a los acuerdos bilaterales con nuestros principales socios, principalmente Brasil y el Mercosur, para lo que habrá que, rápidamente, dar pasos concretos que recompongan la credibilidad y la confianza. Este esquema que logra combinar un “suave aterrizaje” en los sectores sensibles, con la agilización racional de importaciones en sectores principalmente vinculados a los bienes de capital (que permitan las necesarias inversiones en infraestructura de transporte y energía), los insumos necesarios para el funcionamiento de la agroindustria (alimenticias), y para la industria automotriz, estos últimos con aportes fuertes a nuestras exportaciones.

Esto se complementa con la utilización de muchos de los mecanismos de protección, que serán más focalizados, permitidos por la OMC, principalmente salvaguardias, licencias, normas técnicas específicas que obviamente conformaran la nueva política de administración del comercio exterior, más racional y previsible que el llevado hasta el presente. Con reglas escritas y una mejor calidad administrativa.

Mi posición, públicamente conocida, siempre ha sido contundente: el comercio exterior administrado llegó para quedarse, mucho más en un contexto internacional crecientemente complejo. Pero cumpliendo con las normativas internacionales, principalmente de la OMC, y siempre como una herramienta al servicio del objetivo deseado de lograr una integración inteligente al mundo que nos permita aumentar significativamente nuestro intercambio comercial con más producción, más valor agregado a nuestras materias primas, y más trabajo nacional, incluyendo el creciente protagonismo de nuestras PyMES y nuestras economías regionales postergadas.

Ricardo Rozemberg

La Argentina se merece un debate serio y responsable sobre el sendero de desarrollo deseable para los próximos 10 o 20 años, que articule el patrón de especialización productiva con el de inserción internacional.

De este trabajo, necesariamente conjunto público y privado, debería concluirse no sólo qué sectores o actividades serían consideradas como estratégicas en este período, sino también qué medidas de política sostenibles serían aplicadas a este respecto. Sin olvidar a los sectores o ramas de producción que no entren en este conjunto, para las cuales también deberían consensuarse lineamientos y metas, así como instrumentos para alcanzarlas.

Es en este marco, desde el cual se podrá discutir la política comercial en serio. Como parte de un engranaje amplio de instrumentos, donde se ubican también aspectos tan amplios y diferentes, como la política industrial, la científico-tecnológica, la laboral, la agrícola, la política cambiaria, la cuestión impositiva, entre muchas otras.

De otro modo, la política comercial continuará siendo un péndulo desalentador, con períodos de apertura seguidos por otros de proteccionismo, con apreciación o depreciación cambiaria. Y lo que es peor, en ese escenario nadie considera a la política comercial seriamente, y sus resultados operan sobre el margen de utilidad del exportador, pero no sobre sus verdaderas decisiones de producción y generación de empleo. Dicho de otro modo, quien decide su inversión no considera a la política comercial en su cálculo de rentabilidad del proyecto debido a la enorme variabilidad y discrecionalidad de la misma.

¿Qué efectos deseados y no deseados generaron la aplicación de las DJAI? El establecimiento de las DJAI claramente contribuyó a amortiguar la demanda de importaciones; si en un principio, este instrumento –y su antecesor, las LNA- fue pensado para detener el crecimiento de importaciones impulsado por el dinamismo de la economía argentina, en los últimos años actuó como compensador de la apreciación cambiaria en un contexto de bajo crecimiento o estancamiento de la economía doméstica.

Así, benefició a diferentes sectores cuya demanda de bienes finales está fuertemente competida por productos importados (como por ejemplo juguetes, indumentaria, entre otros).

Sin embargo, como contrapartida, dificultó el abastecimiento de insumos y componentes a lo largo de las diferentes cadenas de valor, entorpeciendo el normal funcionamiento de varias de ellas. Pero por otra parte, la debilidad del instrumento que, a diferencia de un arancel no brinda señales de largo plazo, limitó la toma de decisiones empresariales tendientes a incrementar la oferta productiva, por lo que su efecto sobre la inversión fue de escasa magnitud. Lo cual muchas veces se tradujo en tensiones sobre los precios internos.

¿La actual coyuntura nacional e internacional requiere utilizar instrumentos aceptados por la OMC que mantengan restricciones al comercio? Como mencionamos al principio, la Argentina debe definir su estrategia productiva y de inserción internacional y en función de ello, decidir el nivel de protección que dicha estrategia requiere. En mi opinión, cualquiera sea ese nivel, exige de instrumentos generales, transparentes y de largo plazo. En el comercio internacional, el único instrumento de esas características es el arancel. Y la Argentina lo tiene consolidado ante la OMC a niveles bastante más elevados que los vigentes. El límite para elevarlo, si así se decidiese, es el Mercosur. En tal caso, deberán debatirse los intereses internos comunes de los países socios y evaluar los cambios pertinentes, en lo posible a nivel comunitario. Y si no se llega a un acuerdo, blanquear las diferencias. Argentina ya está alterando la protección Mercosur con las DJAI. Reemplazar el instrumento con aranceles más elevados no sería vulnerar más el espíritu del Tratado de Asunción. Y eso que soy un claro defensor del Mercosur.

De otro modo, seguiremos inventando nuevos instrumentos transitorios, que deberán ser cada vez más creativos, para poder pasar el filtro de la OMC. Que pueden ser útiles para administrar el flujo de corto plazo, pero que no generan señales claras para la inversión de largo plazo. Eso sin entrar a considerar los problemas de administración de estos instrumentos, la incertidumbre y los inconvenientes que generan, y las tentaciones de funcionarios y empresarios por apropiarse de rentas extraordinarias.

Adriano De Fina

- ¿Cómo impactó en los sectores representados por Asociación de importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) la implementación de las DJAI?

- Nuestra entidad está integrada por pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras y es de carácter multisectorial, pertenecen a diversas ramas de la industria. Ante este doble carácter las respuestas son muy distintas: en general la mayoría de nuestros asociados importa insumos para su producción a los que, junto a otros insumos, les agregan valor para luego exportar los productos terminados. Si la empresa importa productos considerados sensibles para el gobierno (producidos en el país), en general tiene demoras a veces muy grandes lo que termina afectando su proceso productivo y la marcha de la empresa en sí. En ese caso se hace muy difícil hacer cualquier proyección a futuro y la unidad productiva debe ir adaptándose en función de las DJAI que va obteniendo. En este caso el panorama es angustiante cuando tarda en ser aprobada. Si la empresa importa insumos no sensibles, no tiene mayores problemas. De todos modos AIERA cuenta, para los casos de demoras, con la posibilidad de avalar o refrendar el pedido ante la Secretaría de Comercio mediante un mecanismo web con el organismo público. Sí señalamos que el ritmo de aprobación no es regular, puesto que observamos que hay períodos en que es más difícil la aprobación de los formularios de ingreso, y en otros las aprobaciones son más corrientes.

Pero, en general, el balance en nuestro caso -dadas las particulares características productivas de nuestras asociadas- es bastante satisfactorio teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestras empresas no tienen grandes problemas de aprobación, y los que sí tienen vamos actuando con ellos y se van resolviendo en general con los reclamos que hacemos. Por supuesto en este caso la empresa debe cumplir previamente con los requisitos establecidos por los organismos públicos, como la presentación del plan y estar en regla en el aspecto fiscal.

- Ante la aceptación del fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte del gobierno nacional ¿Qué medidas (licencias, aduaneras, técnicas, antidumping, financieras) está proponiendo la entidad para proteger la producción nacional de la competencia desleal, así como la actividad de los fabricantes locales que requieren en sus procesos la incorporación de bienes de capital, partes y/o componentes importados?

- Las medidas para restringir importaciones desmedidas y defender la industria argentina son muchas y bastante conocidas. Nuestra entidad siempre sostuvo la defensa de la industria nacional, desde su fundación hace casi medio siglo.

Casualmente, en fecha reciente, hemos realizado una consulta interna del mismo tenor a nuestros socios, y nos han respondido con un mix de las medidas por ustedes enunciadas, y sobre todo han señalado mayoritariamente que es necesario proteger la industria nacional pero con acciones inteligentes y previsibles que no terminen afectando la provisión de insumos indispensables para el proceso productivo. Es un tema muy complejo en el cual el próximo gobierno tendrá que poner la máxima atención, porque es fundamental que las medidas que adopte aseguren la previsibilidad necesaria que requiere todo proceso productivo. Aclarado esto, ningún país que posea industria nacional y la desee desarrollar como en nuestro caso puede prescindir de la aplicación de medidas de protección. Pero con las DJAI, -motivo del fallo de la OMC- el gobierno también las utiliza para administrar sus divisas, porque no cuenta con muchas reservas y no tiene acceso al crédito barato, por lo tanto depende casi exclusivamente de las divisas que resultan de su comercio exterior, es decir el problema original es la “restricción externa” que es crónica en nuestro país: por cada punto de incremento del PBI argentino crecen 3 puntos las importaciones, y esa relación despareja lleva al ahogo de divisas. Es una paradoja pero cuanto más crecemos más dólares necesitamos para las importaciones, esto será así hasta que no se produzca un cambio radical de nuestra estructura económica. Es por ello que AIERA, al margen de las alternativas que nuestro país encuentre para cumplir con el fallo de la OMC, sostiene que lo que hace falta es un plan integral de largo plazo para desarrollar las exportaciones con valor agregado, para que las mismas sean sustentables en la generación de divisas y poder combatir la restricción externa a la que periódicamente nos conduce nuestra economía. Nuestra entidad presentó públicamente hace poco una propuesta -“Plan para el Equilibrio Comercial Industrial”- que contiene nuestras iniciativas para lograr el equilibrio del sector industrial en el largo plazo, a través del fuerte impulso a la exportación de valor agregado y la sustitución de importaciones de bienes industriales.

Para incrementar las exportaciones con valor agregado es fundamental darles beneficios a los exportadores, crear un fondo para promover a las economías regionales y a las PyMES, y establecer mecanismos para acceder al crédito en forma accesible. Si vamos en esa dirección, que es la del desarrollo de nuestra industria con la incorporación de cada vez más tecnología, y la incorporación de ese valor agregado a nuestras exportaciones, a largo plazo dejaremos de pensar en las DJAI, los aranceles, las licencias no automáticas, los requisitos técnicos y otras medidas similares.

- A su juicio, ¿por qué es necesario que se mantenga la administración del Comercio Exterior?

- En principio, y en esto creo que hay un acuerdo generalizado, no hay país en el mundo que tenga industria propia que no administre su comercio exterior. Es fundamental regular el comercio exterior para crear y sostener las condiciones necesarias para que esa industria primero se incube y luego crezca; así lo han hecho todos los países desarrollados y lo siguen haciendo junto a los países de desarrollo intermedio como es nuestro caso. Esto es por principio, pero si a la vez le sumamos las actuales condiciones por las que atraviesa el comercio mundial, signado por una crisis de demanda y el excedente de mercadería circulando con el objeto de introducirla en países con economías abiertas, la necesidad de regular las importaciones resulta imprescindible.

Si se abrieran totalmente las importaciones, en las actuales circunstancias, se acentuaría más nuestra restricción externa, vendría el ahogo de divisas y a la Argentina no le quedaría otra opción que endeudarse como lamentablemente ya ha ocurrido, para luego tener que devolver ese dinero más los intereses, entrando en ese círculo vicioso nefasto para la economía del país. Pero la escasez de divisas tiene que ver también con la caída de las exportaciones argentinas por diversos factores, entre ellos la pérdida de competitividad, el declive de los precios de los commodities que exportamos, la caída de la demanda de los principales países de la región, especialmente Brasil, a los que la Argentina habitualmente les exporta sus productos con valor agregado; todo redunda en menos divisas por lo cual es inevitable administrar el comercio exterior vía importaciones. Ahora bien AIERA, si bien reconoce esta situación, lo que propone es que el gobierno tome medidas para contribuir a solucionar esta problemática pero vía ventas externas, es decir impulsando un plan integral de exportaciones para generar las divisas que hacen falta para que nuestra economía funcione de mejor modo. Pero nosotros nos centramos especialmente en las exportaciones con valor agregado porque son las que, cuando crecen, son más estables y duraderas porque no dependen de los vaivenes de los precios internacionales como ocurre con los productos primarios. Además cuando se ganan mercados externos con productos industriales éstos son también más estables y duraderos asegurando de este modo el regular ingreso de divisas para el país.


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