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PYMES

La propuesta PyME de la UIA

La Unión Industrial Argentina presentó “un programa integral para el desarrollo de las PyMES y sus cadenas de valor”. La propuesta contempla medidas de estímulo en el plano jurídico-laboral, impositivo y de inversión que, según los técnicos de la central fabril, no representan costo fiscal para el Estado.

ImagenHéctor Méndez
En respuesta a una consulta de Informe Industrial, el titular de la UIA reconoció que una de las razones de la presentación del programa “es pelear” el espacio PyME que hoy se adjudican entidades de dudosa representatividad pero con fácil acceso a los despachos oficiales. Héctor Méndez enfatizó: “la UIA nació PyME y a través de sus ochenta cámaras, federaciones y uniones industriales provinciales representa más del 90% de las PyMES”.

Méndez fue acompañado en la presentación del programa por miembros del comité ejecutivo de la UIA y los presidentes de sus entidades adheridas, “que representan a todos los sectores y regiones del país”.

Con vistas al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la Unión Industrial Argentina definió oportunamente un conjunto de líneas de acción:

• Contar con un marco normativo, laboral e impositivo acorde con las características de las PyMIS.

• Desarrollar políticas de inclusión y reinserción al sistema formal.

• Ampliar la oferta de herramientas financieras y facilitar su accesibilidad.

• Incentivar la reinversión a través de políticas activas.

• Simplificar los mecanismos y procesos burocráticos.

• Fortalecer los organismos y herramientas de apoyo a la internacionalización del segmento empresario.

• Garantizar un desarrollo de oferta energética e infraestructura acorde al desarrollo industrial de las PyMIS.

• Aumentar la oferta educativa y reorientar la escuela / universidad a las demandas laborales específicas.

Con la base de estos lineamientos, el programa recientemente difundido por la central fabril propone en el plano jurídico-laboral que se sancione un código laboral especial para las PyMES, se establezca un monto mínimo no imponible sobre las contribuciones patronales para las empresas del segmento, y se defina como tasa de referencia para la actualización de los juicios laborales la tasa pasiva del Banco Nación, que es el rendimiento que el trabajador hubiese obtenido se hubiera dispuesto de ese capital.

El código laboral para el segmento debería contemplar la ampliación de las posibilidades del período de prueba y pasantías, así como asegurar la representatividad PyME en las negociaciones colectivas. La UIA también promueve la creación de la figura de representante comercial autónomo (según el modelo brasileño) y la limitación de la responsabilidad de las pequeñas y medianas empresas cuando actúan responsablemente exigiendo el cumplimiento de la legislación a sus cesionarios y contratistas.

Con respecto a las Contribuciones patronales (CP’s), la central fabril propone que las que corresponden a las PyMES industriales se calculen sobre la porción de la masa salarial que supere el monto mínimo no imponible, y sin incluir las contribuciones a cargo del empleador con destino a obra social y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

El costo fiscal oscilaría, a juicio de los técnicos de la UIA, entre 180 y 400 millones de pesos y proponen financiarlo con la partida presupuestaria por reducción de CP’s –de 482 millones de pesos– subutilizada en 2006.

En materia de inversión y financiamiento, el trabajo destaca la necesidad de promover la capitalización de las PyMES que reinviertan utilidades, y de fijar un mecanismo de capitalización por el cual las personas físicas puedan destinar parte del monto del impuesto a las ganancias a la inversión de activos financieros para PyMES.

En este capítulo del documento, la UIA reclama la sanción del proyecto de ley de régimen especial capitalización de las PyME, que ya cuenta con el voto favorable de la Cámara de Diputados de la Nación.

El régimen propuesto prevé la desgravación durante dos períodos fiscales de las utilidades obtenidas por las PyMES en tanto las mismas sean reinvertidas en la compra, construcción, fabricación o importación definitivas de bienes de capital.

La Fundación Observatorio PyME, en un reciente estudio, destacó que el proyecto con media sanción de la Cámara baja presenta una serie de argumentos en favor yen contra. Entre los primeros sobresale el hecho de constituir un incentivo explícito a la reinversión de utilidades, a través de sus mecanismos de aplicación simple y horizontal. Entre los segundos, la mayor objeción recae sobre el costo fiscal de la medida; sobre este tema el trabajo de la Fundación sostiene que “a la hora de evaluar el costo fiscal del régimen debería trascenderse el cálculo meramente contable y pensar también en los beneficios económicos en término de creación de valor agregado y reingreso de empresas en el sistema tributario, hechos que generarán a futuro ingresos impositivos que compensarán en parte el costo fiscal”.

El documento de la UIA estima en 629 millones de pesos anuales al costo fiscal para el sector de bienes transables. La propuesta empresaria es financiarlo con la partida presupuestaria no utilizada por amortización acelerada –750 millones de pesos– o con otras partidas disponibles en el presupuesto.

En el mismo capítulo, la propuesta contempla la implementación de un régimen especial consistente en la suscripción de instrumentos sujetos a oferta público destinados al financiamiento de inversión de las PyMES. En calidad de inversores podrán participar las personas físicas alcanzadas por el impuesto a las Ganancias (cuarta categoría), manteniéndolo al menos dos años en el régimen especial. La UIA considera que este sistema podría complementarse con líneas de financiamiento bancario por un monto equivalente al que capitalizarán las PyMES.

En el área impositiva, la propuesta plantea promover la formalización de las pequeñas y medianas empresas industriales, facilitando el pago de las deudas fiscales y previsionales, a partir de la sanción del proyecto de ley de “Régimen Consolidado de Deudas de Tributos y Recursos de la Seguridad Social”, que prevé facilidades de pago para todas las deudas fiscales y previsionales generadas hasta abril de 2006 (comprende todos los impuestos que cobra la Administración Federal de Ingresos Públicos, con excepción de obra social y ART). En este caso, propone definir como tasa de referencia para el cálculo de las deudas fiscales la tasa activa del Banco Nación.

Por último, para el buen contribuyente se establecería un premio anual por puntualidad del 5% del impuesto a las ganancias (por ganancias inferiores a 120.000 pesos).


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