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Política industrial

La” tijera” también alcanzó al bono fiscal

El bono fiscal, que se otorga desde 2001 a los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones en sus ventas en el mercado interno, fue prorrogada una vez más: en esta oportunidad hasta el 31 de diciembre del presente año. Pero con un cambio muy importante, ya para las solicitudes que se presenten a partir del 3 de abril el beneficio sufrirá una poda del 20%, por cuanto será equivalente al 80% del valor resultante del esquema de cálculo que se venía utilizando desde mediados de 2017. En otro orden, el decreto 229/18, que modificó la normativa vigente, dispuso eliminar el Registro de Empresas Locales de bienes de capital (al que se debían inscribirse y actualizar trimestralmente los datos del personal para tramitar el beneficio )y simplificar y reducir la tramitación administrativa del bono ,manteniendo en cambio vigente la obligación por parte de las empresas de afrontar los costos que originen las actividades de verificación y contralor de la operatoria del régimen(auditorias).

ImagenPreocupa a los fabricantes de bienes de capital la reducción del bono fiscal.
El decreto 397/2001,que lleva la firma de los doctores Fernando de la Rúa y Domingo F. Cavallo- entonces presidente de la Nación y ministro de Economía respectivamente-, instituyó el régimen de incentivo fiscal para los fabricantes de bienes de capital(conocido en el sector industrial como “el bono del 14%” por el porcentaje asignado al momento de la implementación del beneficio)) que, con sucesivas prórrogas y varias modificaciones , fue un instrumento muy importante para el sector, tanto en los años que debió afrontar y superar situaciones de crisis(caída de ventas, competencia externa)como en los períodos de recuperación de la demanda. Como se recuerda el bono, que es transferible y puede aplicarse al pago de impuestos nacionales, fue creado para compensar la eliminación de los aranceles de importación de ese tipo de bienes, y por ello la mayoría de los fabricantes acordó destinar el total del incentivo fiscal a otorgar descuentos a los compradores locales como una forma de reducir, al menos en parte, la presión importadora.

Según el esquema de cálculo anterior, que fue implementado a mediados de 2017 y que será de aplicación para las solicitudes de bonos por facturas emitidas hasta el 31 de diciembre de ese año anterior y presentadas hasta el 31 de marzo de 2018,el beneficio resultaba de la sumatoria de dos componentes aplicables al valor de los bienes de capital involucrados:1)Seis por ciento(6%) del importe de detraer el precio de venta de los insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación de 0%, y 2)Ocho por ciento(8%) del importe de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o componentes referenciados en 1) y el valor de los insumos, partes o componentes que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación superior a 0%.Con la vigencia de la nueva normativa, el bono fiscal a otorgarse en adelante consistirá en un monto equivalente al 80% del valor resultante del esquema de cálculo citado.

En el ámbito industrial se reconoce que tanto la prórroga de la vigencia del régimen del bono fiscal como la simplificación de su tramitación son positivas, pero se considera que la reducción de 20% -a la que los empresarios sostienen deben incorporar un 10% que ya vienen destinando a afrontar costos de gestión y de control, como las auditorías externas-no es alentadora, ya que está en línea con los trascendidos en cuanto a que el gobierno tendría en estudio ir recortando progresivamente el incentivo fiscal hasta su total eliminación. Un tema que necesariamente deberá ser motivo de análisis, por ejemplo, en la mesa sectorial de competitividad de la industria de la maquinaria agrícola que se propone convocar próximamente el jefe de asesores del ministro de Producción, Martín Etchegoyen.


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