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Política industrial

Los sectores tienen la palabra (segunda parte)

Es el momento de conocer la opinión de las cadenas de valor seleccionadas en el Plan Estratégico Industrial 2020. Informe Industrial invitó a destacados representantes de siete de ellas a responder a un cuestionario, ofreciéndoles la posibilidad de plantear sus coincidencias e inquietudes con la iniciativa oficial en un texto único. A continuación las definiciones del director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, ingeniero José M. Fumagalli; el director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, licenciado Mariano Kestelboim y el presidente de la Cámara de Empresarios de Software y Servicios Informáticos, señor José María Louzao.

ImagenesJosé M. FumagalliMariano KestelboimJose Maria Louzao
JOSÉ MARÍA FUMAGALLI (Química y petroquímica)

– ¿Qué importancia asignan al PEI 2020?

–Fundamental. El PEI 2020 marcará un hito en el desarrollo industrial de Argentina. Por primera vez en nuestra historia, contamos con una visión y con objetivos de largo plazo, abarcando tres períodos presidenciales. Por dos razones esta disponibilidad es muy importante para la industria química; en primer lugar, porque por sus características de mercado, tecnología y finanzas, el desarrollo químico y petroquímico necesita ser planificado a mediano y largo plazo y en ese sentido el PEI proporciona un marco de referencia adecuado a esas necesidades. En segundo término, porque la metodología empleada en su elaboración, de diálogo entre gobierno, industria, sindicatos y academia, no solo facilita la generación de los consensos y los compromisos indispensables para facilitar el proceso de desarrollo, sino que además permitirá realizar el seguimiento de los resultados y efectuar los ajustes que sean necesarios. En otras palabras, tenemos la oportunidad de contar no sólo con la prospectiva que brinda el PEI 2020, sino de enriquecerlo como un sistema de gestión para el desarrollo de la industria.

Otro dato no menor es que el PEI no está sólo; el Plan Estratégico Agroalimentario y el Plan Estratégico de Planificación Territorial lo complementan. Para completar el tablero, sólo nos falta que se haga público un plan sobre energía e hidrocarburos.

–¿Hay coincidencias del sector con el diagnóstico del PEI?

–Tras nueve meses de trabajo, en agosto pasado, la CIQyP publicó un estudio que comprende un diagnóstico de la situación presente de la industria química en la Argentina, su potencial de crecimiento hacia 2020 y que concluye con nuestras recomendaciones para facilitar el desarrollo del sector (disponible en www.ciqyp.org.ar). Si bien las bases de análisis del PEI y de ese estudio no son exactamente iguales, podemos concluir que el diagnóstico en términos de valor de la producción, comercio y empleo es muy coincidente, con diferencias no mayores al 8%. Posiblemente nuestro trabajo presente un mayor detalle sobre el diagnóstico cualitativo de los factores críticos para el desarrollo de los diferentes subsectores que integran la industria químicay los diferentes tamaños de empresas de la actividad. Por otra parte, el PEI plantea objetivos de sustitución de importaciones más ambiciosos que los evaluados en los diferentes escenarios descriptos en nuestro trabajo, pero lo central es que existe un elevado nivel de coincidencia entre ambos diagnósticos. Consideramos que el nivel de coincidencias alcanzado es suficiente para poder avanzar en la construcción de los consensos y los compromisos que serán necesarios para concretar el proceso de crecimiento y desarrollo de la industria química y petroquímica en Argentina.

– ¿Consideran que son posibles los objetivos de crecimiento e inversión contemplados en el Plan?

–El PEI 2020 plantea para la industria química y petroquímica concretar inversiones por 25.500 millones de dólares, eliminar su déficit de balanza comercial y crear 75.000 nuevos puestos de trabajo. Como dije, dentro del margen de error de este tipo de proyecciones, nuestros números son muy similares, aunque están sujetos a dos condicionantes de importancia. El primero es lograr una disponibilidad de materias primas que permita a la industria petroquímica encarar las inversiones necesarias. Hoy la disponibilidad de gas natural y de etano está limitando la plena utilización de la capacidad productiva existente, especialmente durante los meses de invierno y en los días de alta temperatura en el verano. Con estos limitantes, hoy no es posible plantear la construcción de nuevas plantas petroquímicas. Sin embargo tenemos conocimiento de la existencia en nuestro país de enormes recursos de gas no convencional, cuya transformación en reservas comprobadas significaría un cambio fundamental del escenario energético presente. Para poner números a esta afirmación, hoy la Argentina dispone de reservas comprobadas de gas natural equivalentes a 10 años de consumo; la transformación de los recursos considerados técnicamente recuperables en reservas comprobadas permitiría asegurar más de 500 años del consumo actual. Esa transformación de recursos en reservas comprobadas requiere de enormes inversiones en exploración y producción. La buena noticia es que las primeras inversiones ya están en ejecución y están demostrando resultados muy alentadores, especialmente en la Cuenca Neuquina.

Por otra parte, en referencia a las materias primas derivadas del petróleo, vemos que el PEI ha destacado acertadamente la necesidad de construir una nueva refinería de escala internacional; al respecto creemos muy importante tomar rápidamente contacto con las autoridades que están trabajando en ese proyecto para lograr que el diseño conceptual de ese proyecto tome en cuenta la provisión de materias primas para la industria petroquímica. De no ser así, el sector encontrará limitaciones para el aprovisionamiento de materias primas y las consecuentes restricciones a su crecimiento.

En definitiva las perspectivas respecto a la disponibilidad de materias primas despiertan nuestras esperanzas; y por ello, en nuestro estudio, contemplamos la posibilidad de encarar un nuevo ciclo de importantes inversiones petroquímicas dentro del período previsto por el PEI.

El segundo condicionante que mencioné resulta no menos importante. Se refiere a la creación de políticas públicas e instrumentos específicos para el sector que permitan facilitar el proceso de desarrollo, fundamentalmente en materia de promoción de inversiones y exportaciones.

– ¿Qué políticas públicas consideran que deben ser implementadas?

–Para responder a esta cuestión es primero necesario describir algunas características de la industria química y petroquímica. Se trata de una industria que produce miles de productos (un 30% del universo arancelario). Algunos para el consumo por la propia industria, el agro y la minería; otros destinados al consumidor final, tales como productos de limpieza y cuidado personal, cosmética, etcétera. Se trata en definitiva de productos de muy diferentes características técnicas, de precio y de mercado. A su vez, en el sector conviven empresas de muy diversa magnitud, desde grandes multinacionales hasta mini PyMES, de diferente capital y distintas culturas empresariales.

Las características señaladas se traducen en problemáticas muy diferenciadas para el desarrollo competitivo de cada empresa. En otras palabras, los factores críticos para el desarrollo son muy diferenciados y no es posible pensar en una receta única para facilitarlo. Por esta razón, en nuestro estudio desarrollamos el concepto de “menú” de políticas e instrumentos para el desarrollo y presentamos sólo dos propuestas. La primera consiste en la creación de un mecanismo permanente de diálogo entre el sector público y el privado, reconociendo para ese diálogo dos etapas de implementación sucesiva: la generación de consensos y compromisos respecto de planes y políticas, primero y el seguimiento de la implementación, después. La segunda propuesta se refiere a los grandes temas que según se desprende de los diagnósticos contenidos en nuestro estudio deberían integrar el “menú” de políticas e instrumentos para el desarrollo de la industria química y petroquímica en la Argentina. Esos títulos incluyen temas tales comomejora de la disponibilidad y acceso a materias primas y energía; desarrollo logístico e infraestructura; promoción de las inversiones; defensa y promoción del comercio; materia ambiental y regulatoria; desarrollo científico, tecnológico y la innovación; formación, capacitación de personal y negociación colectiva; y desarrollo empresarial. A modo de cierre, la CIQyP no solo está comprometida con el éxito del PEI 2020, sino que ya hemos manifestado a la Ministra Débora Giorgi nuestra total disponibilidad para continuar avanzando en su cumplimiento.

MARIANO KESTELBOIM (Textil e indumentaria)

Las políticas públicas aplicadas durante los últimos ocho años y medio contribuyeron a que el gran crecimiento de las exportaciones asiáticas de bienes industriales, a precios depredatorios, y el aumento de las cotizaciones internacionales de los recursos naturales no provocaran una reprimarización de la estructura productiva nacional. Lamentablemente, esas condiciones económicas internacionales sí repercutieron regresivamente en el resto de los países latinoamericanos, donde la participación de las exportaciones primarias se incrementó en relación a la de los productos industrializados, de acuerdo a un reciente informe de la CEPAL. No obstante, el mayor obstáculo del actual proceso de reindustrialización fue tener que lidiar con las secuelas de dos décadas y media de un modelo de especulación financiera impulsado, en una primera etapa a mediados de los años setenta, por la fuerza militar y, a finales de los años ochenta, por el terrorismo económico. El resultado de las políticas neoliberales impuestas fue el más grave deterioro de la capacidad productiva nacional de la historia.

Tanto a lo largo del proceso de desmantelamiento industrial como posteriormente en el período de recuperación, el comportamiento de la cadena de valor textil y de indumentaria fue emblemático. Con la pérdida de casi 346 mil puestos de trabajo directos y de más de 2.700 establecimientos productivos, el sector había caído a su mínimo de actividad a principios del año 2002. A pesar de la frágil base heredada y a contramarcha de la tendencia regional, la industria textil mostró una notable capacidad reacción. Fue el primer sector en reanimar la actividad económica; desde la devaluación, su producción creció dos veces y media, generó casi un cuarto de millón de nuevos puestos de trabajo directos a lo largo de su cadena de valor y desarrolló inversiones en la ampliación y modernización de su estructura productiva por 2.000 millones de dólares. La fortaleza del nuevo proyecto productivo tuvo, entre sus ejes más importantes, el establecimiento de un tipo de cambio competitivo y de un conjunto de políticas tendientes a la ampliación del mercado interno y a la protección comercial de la creciente competencia desleal asiática.

Más allá de la valiosa reconstitución del tejido industrial, el logro más importante de las políticas kirchneristas ha sido recuperar bastiones de soberanía nacional que permiten discutir las medidas que requiere el país para profundizar el proceso de sustitución de importaciones y encaminar al país hacia su desarrollo.

Un plan integral

La nueva etapa de reindustrialización de una cadena de valor mano de obra intensiva y crecientemente competida internacionalmente, por estructuras productivas de países donde prima una agresiva explotación laboral, requiere de un conjunto de políticas específicas de promoción. El desafío es diseñar una intervención estatal que equilibre las desigualdades en el reparto de la renta generada por la producción sectorial y, a la vez, estimulen la creación de empleos de creciente calidad. En este sentido, el Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI) aparece como el gran foro de evaluación de medidas que provoquen una distribución del ingreso de la cadena funcional a la mayor agregación de valor interno, a la superación de sus cuellos de botella y al mayor aprovechamiento del potencial productivo. Esta tarea sólo puede ser abordada exitosamente a través de un plan integral.

Hasta el momento, el PEI elaboró un fiel diagnóstico de la situación sectorial y trazó metas cuantitativas orientativas de la capacidad de crecimiento de cada uno de los sectores seleccionados. Ahora ingresamos en la etapa de análisis de las políticas que requiere cada sector. En el caso de la cadena textil, entre las medidas prioritarias, la de mayor importancia es la referida a la formalización del trabajo de la confección.

Las modificaciones estructurales de la economía nacional de la década de 1990, la liberalización comercial sectorial a nivel internacional, producto de la finalización del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta de la OMC, y la expansión exportadora asiática en el sector provocaron, además del colapso productivo de fines de la convertibilidad, una estrategia defensiva empresarial. En ese contexto antidesarrollista, una de las principales decisiones empresariales tomadas fue la fragmentación de los procesos productivos textiles mediante la subcontratación de las actividades menos rentables. El eslabón de la cadena más intensivo en mano de obra (la confección) fue masivamente abandonado por las grandes empresas de indumentaria que se concentraron sobre todo en las tareas de diseño, marketing y comercialización. La confección y las actividades vinculadas pasaron a ser crecientemente desarrolladas por pequeños talleres que, en general, bajo condiciones de mercado más vulnerables, fueron operando de forma crecientemente informal para poder ser competitivas ante el crecimiento de la competencia internacional y su menor poder de negociación en la cadena.

La reactivación económica a partir de 2003 promovió un creciente proceso de inversión y de creación de empleos. Sin embargo, la nueva división del trabajo heredada de la década previa se consolidó y se fueron agudizando los problemas de la informalidad que, además de la violación de los derechos de los trabajadores, se constituyeron en la principal restricción del crecimiento de la producción.

Para evaluar en detalle esta situación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación Pro Tejer elaboraron un informe donde se puede observar que son los actores no vinculados directamente a la cadena de valor -los locales comerciales y las tarjetas de crédito- quienes absorben mayor parte de la renta de la cadena textil. Así se llegó a la conclusión de que, analizando la participación de cada eslabón de la cadena en el precio de una prenda de marca, el costo industrial, con todos sus eslabones, solo representa el 20% del precio final. Sumando el diseño y desarrollo de marca, se aprecia que todo el desarrollo productivo representa tan sólo un 40% del precio de venta al público de una prenda. El resto es destinado al pago de componentes no relacionados directamente al proceso productivo: los impuestos (25%), los gastos de ocupación de los locales comerciales y los aranceles por operar con tarjetas de crédito y débito (estos dos últimos conceptos representan el 35% del precio final).

Este fenómeno ha provocado, entre otros efectos, una gran segmentación de los mercados entre canales formales e informales, donde los primeros tienden a reducirse y donde sólo pueden posicionarse marcas que desarrollan una gran diferenciación productiva para un sector muy exclusivo del mercado. Sin embargo, ambos mercados, en general, son abastecidos por los mismos talleres que, en su gran mayoría, operan en condiciones informales. Ello afecta la competitividad del sector porque estos establecimientos no pueden producir a escala, garantizando calidad y tampoco pueden tomar créditos para incorporar tecnología de última generación. Además, sus procesos productivos dependen de una producción a destajo que, además vulnerar derechos de los trabajadores, no es la más eficiente.

En base a ese diagnóstico, para lograr la formalización del sector el INTI y Pro Tejer desarrollaron una propuesta de política pública de regulación que está siendo analizada por los funcionarios del Ministerio de Industria. No obstante, el plan tiene que complementarse por otro conjunto indispensable de medidas. Entre ellas, la política de mayor urgencia es el endurecimiento de los controles en zona primaria aduanera, de modo de evitar maniobras de elusión de las medidas de preservación del mercado de la competencia desleal como las licencias no automáticas, los valores criterio y los derechos antidumping.

Asimismo, esas políticas deberán ser acompañadas por la extensión y la adecuación de los créditos a tasa subsidiada para las pymes del sector; la promoción del desarrollo de los textiles innovadores -técnicos e inteligentes- a través de las compras del sector público a la industria nacional; el desarrollo de la marca país para potenciar la capacidad de diseño nacional y su exportación; la ampliación de programas de capacitación y de formación de oficios; el fortalecimiento de las carreras de ingeniería textil y la promoción de la producción de fibras naturales, garantizando el abastecimiento de la industria nacional en condiciones competitivas. La economía mundial exhibe, de modo cada vez más elocuente, un crónico déficit estructural en la generación de puestos de trabajo y en la distribución del ingreso. Por ello, la cadena textil fue seleccionada como un sector estratégico para el desarrollo nacional. Este objetivo sólo podrá ser alcanzado en la medida en que se construya una sinergia entre el sector público y el privado que oriente y facilite el desarrollo de inversiones y la generación de empleos.

JOSÉ MARÍA LOUZAO (Software y servicios informáticos)

– ¿Coinciden con el diagnóstico del sector contenido en el PEI 2020 y los objetivos cuantitativos establecidos en el documento? (ventas por valor de 7.000 millones dólares, creación de 74 mil nuevos puestos de trabajo y exportaciones superiores a los 2.900 millones de dólares).

–Si las variables que conforman la cadena de valor del sector se estabilizan vemos probable cumplir con las metas fijadas en el plan. Como variables claves podemos mencionar: Formación de recursos humanos en toda su gama -ingenieros, licenciados, técnicos y diplomados-; crecimiento del aparato productivo interno (público y privado); continuidad de una política coherente en el área de Ciencia y Tecnología, y profundizar las acciones en conjunto con la Cancillería para el logro del desarrollo de nuevos mercados externos.

– ¿Qué medidas deberían implementarse de política industrial, financieras, arancelarias, de comercio exterior, inversiones y recursos humanos para concretar esos objetivos?

–Para concretar los objetivos planteados se deberá Implementar y reglamentar adecuadamente los instrumentos legales con los que cuenta el sector y generar instrumentos de cooperación internacional con distintos países para evitar la doble imposición y otras retenciones para nuestros productos y servicios informáticos. Además, es muy importante continuar con el incentivo a la formación de recursos humanos calificados para la industria SSI, incentivar el estudio de carreras informáticas y actualizar los planes de estudio existentes de acuerdo a la demanda del sector empresario.

–El marco institucional y legal vigente ¿favorece el desarrollo del sector? ¿Requieren otros instrumentos?

–El marco institucional y legal vigente favorece totalmente el desarrollo del sector. Otros instrumentos a desarrollar pueden estar alineados con las acciones ya descriptas anteriormente. También puede favorecer el desarrollo del sector la creación de nuevos instrumentos para financiar a la demanda de tecnología y a proyectos de innovación así como la creación de capitales de riesgo.


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