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Política industrial

Por ahora más apoyos que criticas

En su décimo noveno comunicado de prensa del mes de febrero, el miércoles 16 la Ministra de Industria sostuvo: “Estamos defendiendo nuestro mercado interno de la competencia desleal, no podemos permitir daños a la industria nacional que impliquen el deterioro de las condiciones laborales de nuestros trabajadores”. Las expresiones de Débora Giorgi, en referencia a los alcances de la Resolución Nº 45/10 que establece la ampliación de Licencias No Automáticas (LNA) a 200 nuevos productos de los sectores metalúrgico, electrónico, de consumo; hilados y tejidos, autos de alta gama, moldes y matrices, vidrio, bicicletas y sus partes, entre otros, recibieron la adhesión de cámaras empresarias y dirigentes fabriles. Los importadores no levantaron mucho el tono de sus reclamos -dicen estar analizado la “letra chica” de la norma- a la espera de la posición que asuman los gobiernos de los países exportadores de los productos involucrados.

ImagenVarias posiciones arancelarias del sector textil están incluidas en las LNA de importación.
Giorgi resaltó que “las nuevas LNA se aplican en sectores en los cuales tiene una producción local capaz de satisfacer la demanda y en sectores donde se han registrado inversiones y es estratégico preservar su desarrollo”. Y agregó que el gobierno nacional “actúa de acuerdo a las normas impuestas por la Organización Mundial del Comercio y ha tomado medidas materiales de defensa del mercado interno para la producción nacional como lo hacen la mayoría de los países para preservar el trabajo y la industria nacional”.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina se señaló que el sector resulta ser el más afectado frente al crecimiento de las importaciones (40% del total) y al respecto subrayó que “la política llevada a cabo por el gobierno en materia de LNA resulta necesaria y efectiva para preservar la producción y el empleo nacional: es decir el dinamismo del mercado interno”.

Para el presidente de ADIMRA, Juan C. Lascurain, “la complejidad que ha adquirido el escenario mundial post-crisis internacional torna aún más necesaria la toma de decisiones en este sentido, en el marco de fuertes volatibilidades de las monedas, la liquidación de stocks a precios irrisorios y la competencia que ejercen las importaciones a partir de políticas comerciales más agresivas” Por su parte, desde la Fundación Pro-Tejer se sostuvo que “la incorporación de 28 nuevas posiciones arancelarias del sector textil al sistema de LNA es una respuesta a las prácticas comerciales desleales detectadas en 2010. Solamente a través de esas posiciones se declaró una importación de tejidos planos y de punta por un valor de 121 millones de dólares”.

El comentario del presidente de Pro-Tejer agrega: “Considerando que 2009 fue un año de crisis económica a nivel internacional y de estancamiento del consumo interno, el hecho de que las compras externas a través de esas posiciones arancelarias habían crecido ese año un 44% respecto a 2008 ya era particularmente llamativo. No obstante, el nivel de incremento de las importaciones de esos productos durante el año pasado –saltaron de 13 millones de kilos en 2009 a 37 millones de kilos en 2010- evidenció que se trataba de una maniobra absolutamente depredatoria de la industria nacional”.

En conclusión, también para el sector textil “la reacción del gobierno ante este desleal intento de destrucción de la actividad productiva de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional permitirá mantener el vigoroso proceso de reindustrialización, que registró inversiones por 2.704 millones de pesos en los últimos tres años y emplea directamente a medio millón de personas en toda la Argentina”.

También los fabricantes de equipos electro-electrónicos, a través del pronunciamiento de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas se pronunciaron en apoyo a lo dispuesto en la Resolución Nº 45/10, enfatizando que la aplicación de licencias “no indica que no se pueda importar”, al tiempo que pusieron de relieve que estas medidas “no distorsionan ni traban la actividad económica, tal como sostienen los sectores importadores”.

El vocero de la entidad empresaria afirmo que “ante estas prácticas los industriales argentinos reconocen la necesidad de avanzar en la armonización del comercio exterior de la mano del Estado como administrador y promotor de acuerdos enfocados en la protección de los sectores sensibles del entramado industrial nacional y del trabajo de los argentinos. Este tipo de medidas junto con otras como el control y la profundización de herramientas como el régimen de Compre Trabajo Argentino impulsan el desarrollo de las PyMES que generan ocho de cada diez puestos de trabajo”.

En un medido comunicado, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) destacó que “las LNA de Importación implementadas por el Ministerio de Industria resaltan la fuerte convicción de promover la localización de la producción de autopartes por parte del gobierno nacional, lo cual nuestra Asociación destaca y reconoce. Y luego de medidas como la Ley de Promoción de Autopartes y el Fondo de Desarrollo Autopartista, entre otras, era necesaria una norma que permita monitorear determinadas importaciones que se están realizando en condiciones irregulares que afectan la producción nacional”.

En esa dirección, AFAC sostiene que “tanto las autoridades como nuestro sector, estamos preocupados por el déficit sectorial, originado en muchos casos, en la competencia de productos que ingresan amparados por subvenciones en sus países de origen o mediante prácticas comerciales desleales...” que podrían afectar las importantes inversiones y creación de nuevos empleos verificados en el sector, “principalmente en lo que respecta al mercado de reposición, segmento de mercado al que se vinculan mayoritariamente autopartistas PyMES”.

Es de esperar que las LNA no sea el justificativo de aumentos de precios ni de inconvenientes al normal abastecimiento de los productos incluidos y que puedan afectar la actividad de sectores industriales. Es responsabilidad de las autoridades ejercer los controles necesarios para que ello no ocurra.


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