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Temas en debate

Propuestas para las agendas del próximo gobierno

Los comicios que se realizarán en octubre, definirán al ciudadano que ejercerá la Presidencia de la Nación en los próximos cuatro años. En el marco de una campaña en que los candidatos prefieren, en la mayoría de los casos, no profundizar sus planes de gobierno, numerosos temas son motivos de preocupación de los actores de la actividad económica e industrial: El mantenimiento de las políticas de apoyo a la producción y al desarrollo tecnológico; los niveles de inflación; el gasto público; la profundización de la inclusión social; el ajuste en variables como el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos; el relacionamiento externo del país; las retenciones a las exportaciones; la falta de rentabilidad; las regulaciones en el sistema financiero; la seguridad jurídica y, entre otras cuestiones, el estímulo a la inversión son parte de los temas que necesariamente deberán ser incluidos en las agendas del nuevo gobierno.

ImagenesDaniel Funes de RiojaGerardo VenutoloRaúl AmilJosé M. Louzao Andrade
Informe Industrial convocó a caracterizados representantes de sectores industriales, del comercio exterior, la actividad financiera y la ciencia y tecnología para que expresaran sus inquietudes mirando al período 2015-2019.

Las respuestas del doctor Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); ingeniero Gerardo Venutolo, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), ingeniero Raúl Amil y licenciado Juan Cantarella, presidente y gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC ); y el doctor José M. Louzao Andrade, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI) quedan registradas a continuación.

Por su parte las opiniones del señor Osvaldo Rial, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el doctor Enrique S. Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); el señor Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop Coop. Ltdo.; el doctor Eduardo Dvorkin y de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) se reproducen en las secciones Temas en Debate, Comercio Exterior, Sectores Económicos, Ciencia y Tecnología y Política Industrial respectivamente.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Daniel Funes de Rioja

La industria de alimentos y bebidas (IAB) es un vector fundamental del desarrollo de la Argentina por el gran despliegue territorial de sus vastas actividades, por la capacidad de generar divisas a través de sus exportaciones, por la abundante disponibilidad de recursos naturales, por la innovación tecnológica que generan las empresas y por la excelente calidad de sus recursos humanos.

La IAB tiene una marcada presencia en todo el país, por lo que su expansión no sólo permite una eficiente ocupación del territorio nacional, sino que favorece un desarrollo regional económicamente más equilibrado y socialmente más justo.

A pesar de las dificultades locales y externas, la IAB exporta por un valor de más de 27 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 33% de las exportaciones argentinas, y el 40% de su producción. Estas ventas externas se destinan a 185 mercados, y contribuyen a un saldo comercial superavitario pues las importaciones del sector representan solo el 3% de lo exportado.

Asimismo, la IAB esta integrada por un universo mayoritario de pequeñas y medianas empresas, mas de 15 mil en total, y otorga empleo directo a mas de 500 mil trabajadores, sin contar los miles de puestos de trabajo indirectos que genera.

Sin embargo, a pesar de sus inapelables virtudes, hoy la coyuntura muestra una foto que requiere una atención inmediata. El último informe estadístico elaborado por Copal da cuenta de una caída de las exportaciones de la producción de la IAB del 11% en el primer cuatrimestre de 2015 respecto a igual periodo del año anterior; y de una baja de las ventas externas de las economías regionales del 7,5% en ese mismo lapso, marcando 16 meses de caídas consecutivas.

Esta situación muestra que se encuentran seriamente afectados los factores de producción y, en particular, el empleo de cada una de las zonas productivas que integran las economías regionales.

Es por eso que, desde Copal, que en 2015 cumple 40 años, hemos elaborado una serie de propuestas de políticas públicas para el desarrollo de la IAB a partir del diagnostico de las diferentes áreas estratégicas con un enfoque de corto y mediano plazo.

Ese documento puede servir como un insumo para quienes hoy están a cargo del diseño de la política como así también para los candidatos a ocupar, a partir de diciembre próximo, diferentes niveles de gobierno.

En este sentido, la IAB requiere de un marco de reglas de juego claras y previsibles para su desarrollo; estabilidad macroeconómica y un contexto favorable para la inversión que respete la iniciativa privada y promueva la libertad de competencia; de una política comercial que impulse el acceso a mercados externos; y de un espacio de dialogo entre el ámbito publico y el privado para definir, con una visión estratégica, los criterios que permitan desplegar todo el potencial de la IAB tanto a nivel interno como en los mercados internacionales.

Yendo a medidas más concretas, Copal propone adoptar una serie de pautas que servirán para promover el dinamismo de la IAB:
  • Libre determinación de los precios de alimentos y bebidas
  • Derogación de la Ley 26.991 – Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo por su manifiesta inconstitucionalidad
  • Facilitación de los trámites para la exportación de alimentos y bebidas, así como de la importación de insumos o bienes finales para nuestra industria
  • Definir un cronograma que refleje la progresiva pero permanente disminución de los derechos de exportación sobre las materias primas que procesa la IAB, así como sobre sus productos finales, hasta su eliminación total
  • Precisar un plan de pagos de los reintegros y reembolsos adeudados, y un análisis integral para establecer los nuevos niveles de reintegros, con especial énfasis en las producciones de economías regionales
  • Disminución de la carga fiscal e impositiva acumulada a nivel nacional y subnacional. Reimplantar el ajuste impositivo por inflación
  • Facilitar las condiciones y costos de líneas de financiamiento para capital de trabajo, inversión productiva y prefinanciación de exportaciones con un tratamiento diferencial para empresas pequeñas y medianas
  • Propiciar un dialogo económico-social para consensuar cuestiones colectivas en materia laboral y para construir un espacio que promueva que las cuestiones laborales se adapten a la realidad productiva, que los jóvenes y mujeres se incorporen al mercado laboral y que exista adecuación a los desafíos tecnológicos, de productividad y competitividad con un trabajo digno socialmente protegido y remunerado en forma justa
  • Propiciar la vigencia de un único estándar sanitario en la IAB
  • Generar instrumentos para la eliminación de la informalidad tanto desde el punto de vista de los aspectos fiscales como de normas de higiene y sanidad
  • Propiciar la reducción de los costos logísticos a través de la mejora de la infraestructura en rutas, caminos, puertos, transporte, energía, etc.

De esta forma, la potencialidad de la IAB, podrá desplegarse en su totalidad para transformarse en el motor de crecimiento y de desarrollo de la Argentina, toda vez que la producción de agroalimentos de nuestro país ha dado muestras de su relevancia a nivel económico, social y territorial, así como de su importancia a nivel internacional.

Para el año 2020 la Argentina estaría capacitada para abastecer con su producción a más de 650 millones de personas de todo el mundo, sin desatender su demanda interna.

Las medidas propuestas permitirán aprovechar esa potencialidad para generar mayores exportaciones de productos con valor agregado, recomponer las economías regionales, generar empleo privado de calidad. Ese es el espíritu que rige a los socios de Copal para impulsar una mejor calidad de vida para todos los argentinos.

INDUSTRIA METALÚRGICA
Gerardo Venutolo

El escenario político y económico que estamos transitando nos plantea importantes desafíos, que debemos seguir abordando a partir de la consolidación de una democracia cada vez más justa y representativa del interés común, en cuyo marco encontremos los instrumentos más poderosos para alcanzar nuestros objetivos de inclusión y bienestar social. En este sentido, la transición hacia un nuevo gobierno en 2016 debe representar un paso adelante en este camino, que nos permita fortalecer los avances que ha experimentado nuestro país en esta última etapa y, a la vez, superar las dificultades y problemáticas que han emergido o están pendientes. En el terreno económico transcurren muchos de los factores que operan como limitantes o facilitadores de este proceso, por lo cual es clave que sigamos apostando a un modelo de crecimiento sostenido, que sea la base para generar las condiciones de pleno empleo y expansión del poder adquisitivo. Para ello, debemos ratificar una visión productiva del desarrollo nacional, entendiendo que la industrialización profunda de nuestra economía es un camino fundamental para lograrlo.

Administrar las variables macroeconómicas dentro de un cauce afín a estos objetivos es condición necesaria para sustentar esta estrategia en el tiempo. De este modo, la dinamización del mercado interno, construida sobre la base de una industrialización capaz de generar empleos de calidad, con un mayor valor agregado intensivo en la utilización y difusión del conocimiento y la innovación tecnológica, es la plataforma para una mayor y mejor inserción en los mercados externos.

Se trata de articular la sustitución de importaciones con la expansión de las exportaciones industriales, especialmente en aquellas ramas que evidencian un mayor potencial o involucran procesos de alto valor estratégico para el desarrollo. En este sentido, las dificultades que derivan del complejo escenario internacional se contraponen a estos objetivos básicos, ya que los países centrales están desplegando acciones más ofensivas en defensa de sus industrias, tanto en los respectivos mercados locales como en sus posiciones internacionales.

Esto no hace más que poner en evidencia la necesidad de aunar esfuerzos para que nuestros sectores productivos no sean dañados y puedan desplegar su potencial. Por este motivo, la política industrial debe continuar siendo un pilar de la agenda futura, ocupando un lugar central en el esquema económico más general. Entre los lineamientos de políticas más trascendentales cabe mencionar la administración del comercio, a efectos de preservar el mercado interno y la producción local, sin afectar los procesos productivos e inversiones. Esto requiere jerarquizar los instrumentos de intervención de manera consistente con los objetivos y estrategias de desarrollo de cada cadena de valor, atendiendo las reglas de juego que derivan de una economía abierta al mundo pero sin ser ingenuos. Todos los países, especialmente los más industrializados, utilizan mecanismos de control sobre sus importaciones. En efecto, diversas fuentes internacionales muestran que los Estados Unidos, la Unión Europea y China son los más activos en la utilización de medidas no arancelarias, haciendo un uso intensivo en la aplicación de licencias de importación, de medidas anti-dumping, valores criterio y reglamentos técnicos, entre otras.

Asimismo, en estos países, una de las políticas más usuales de apoyo a la expansión de sus capacidades industriales es el “compre nacional”, que ha asumido diversas formas: márgenes de preferencia para compras públicas o que involucren fondos del Estado, empresas o entes públicos que motorizan la demanda en determinados mercados y la orientan hacia el desarrollo de proveedores locales, etcétera. En la Argentina, debemos profundizar este concepto de articulación público-privada para el desarrollo de la infraestructura nacional en sus diversos ámbitos (generación, transporte y distribución de la energía), transporte ferroviario, terrestre, naval y aéreo, así como en áreas donde el Estado cumple un rol ordenador de relevancia, generalmente asociado a servicios públicos de agua y saneamiento, telecomunicaciones, entre otros. Es preciso ampliar el criterio de comparación directa de precios o el pequeño margen de preferencia que establece la actual ley 25.551, teniendo en cuenta resultados inter-temporales en materia de agregación de valor, empleo, recaudación fiscal, desarrollo de capacidades tecnológicas, mejoras en el perfil de inserción internacional, etc. Asegurar esta visión en la gestión pública es clave, tanto para la oferta local actual como para la que podría desplegarse como consecuencia de estas políticas. En este sentido promovemos la creación de una Agencia gubernamental que asegure la “máxima participación posible” de la industria nacional en las obras de infraestructura.

En este marco, el sostenimiento de líneas de créditos para inversión y capital de trabajo a tasas de interés y plazos competitivos representa un instrumento de apoyo sustancial, que debe ser ampliado. Si bien en estos años se han extendido los fondos y líneas disponibles, resulta relevante poder constituir una banca de desarrollo capaz de acompañar las obras de infraestructura con un fuerte contenido local, así como la realización de inversiones que implican “saltos cualitativos” de la estructura productiva.

Resulta indispensable, en el camino de la mejora de la competitividad, la creación de líneas de crédito a PyMES industriales con este objetivo, que les permita saltar la barrera de la “falta de escala” que en muchos casos resulta un obstáculo hacia una competitividad internacional. La ubicación geográfica de la Argentina y la necesidad de “cortar” con el circulo negativo de “falta de escala = falta de competitividad” es la principal motivación para crear líneas de crédito especificas que atiendan esta problemática, a través de mayores plazos, tasas, etcétera. Por otro lado los sistemas financieros tradicionales suelen requerir determinadas condiciones de garantía que se basan en el negocio o el patrimonio presente de las empresas, pero no consideran el potencial de los proyectos de inversión, en especial de aquellos más innovadores. Es por ello que resulta determinante articular la acción del Estado con la del sector privado para minimizar el alto riesgo de las inversiones más transformadoras y, a la vez, maximizar las sinergias positivas de las mismas en materia tecnológica, de integración de las redes locales de proveedores y clientes, entre otras cuestiones.

La conformación de una banca de desarrollo o un sistema financiero de fomento también resulta de interés para avanzar hacia un tipo de inserción externa con más valor agregado e intensivo en conocimiento y tecnología. Básicamente, se trata de mejorar la ecuación económico-financiera de las empresas industriales para la exportación, principalmente en aquellos casos donde los ciclos de producción son más largos, requieren más insumo de mano de obra y el producto final tiene un alto valor unitario. En estos casos, las condiciones de acceso a la financiación del capital de trabajo utilizado para exportaciones, así como la post-financiación de las mismas en el exterior adquieren una importancia central. En particular, los sectores de bienes de capital son muy sensibles a esta situación, ya que la mayoría de los países productores cuenta con herramientas competitivas de este tipo y, muchas veces, la decisión de compra de una maquinaria se define en función de sus condiciones de financiamiento.

De igual modo, la financiación del capital de trabajo permite ampliar las escalas de producción y obtener esquemas de producción más eficientes, que son apalancados por este medio. Complementariamente, los incentivos a la exportación vinculados al reintegro de impuestos internos y a esquemas efectivos de importación temporal que no impacten negativamente sobre la producción local, deben ser fortalecidos para conformar una apuesta decidida a la inserción externa de la industria argentina.

Finalmente, el desarrollo de una agenda industrial requiere revisar diversos aspectos vinculados a la estructura impositiva y de aranceles de importación, a efectos de potenciar esquemas más favorables a la agregación de valor y la inversión productiva. Existen casos a revisar en términos de protección efectiva de la cadena de valor, ya que existen productos gravados con derechos de importación donde no existe fabricación nacional, o bien, las partes y piezas tributan un arancel inferior a los productos finales.

Por otro lado, el establecimiento de un marco para la inversión en el país, que priorice la compra de maquinarias y equipos fabricados localmente mediante esquemas de desgravación impositiva o bonos fiscales, representa un lineamiento clave de la política económica, ya que casi un tercio del déficit comercial que tiene el país en productos industriales se genera en este rubro.

Los otros dos tercios corresponden a la industria automotriz y la electrónica, debido a la baja integración local de bienes intermedios. En este sentido, la política industrial en estos segmentos requerirá un abordaje especial que requiere reformular el marco competitivo en el cual se desenvuelven.

El desarrollo tecnológico y la innovación son también desafíos que el sector privado debe afrontar en el corto plazo a fin de dar sustentabilidad al sector metalúrgico a mediano y largo plazo. En este sentido, además de las políticas de Estado que lo promuevan, ADIMRA está realizando acciones de fondo para acompañar a la industria PyME del sector. El instituto de capacitación y formación de ADIMRA, el IAEA, y el departamento de Tecnología son decisiones de los últimos años que muestran nuestra visión estratégica hacia el futuro del sector. Además, hace pocos días hemos firmado el contrato con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para la construcción del Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM), en el predio del Parque Industrial de Florencio Varela, con el objetivo de contar con una institución de esas características para los industriales metalúrgicos en la zona del Gran Buenos Aires, que sumado a la red de centros tecnológicos del sector ya existentes en otras regiones del país, sea una referencia a nivel nacional.

En ADIMRA trabajamos gestionando el presente pensando en el futuro.

INDUSTRIA DE AUTO PARTES
Raúl Amil y Juan Cantarella

De los 194 países del planeta, sólo 40 producen vehículos con cierta relevancia. La Argentina está en el puesto número 22.

La industria automotriz tiene un importante impacto cuanti y cualitativo en el crecimiento y el desarrollo económico, por lo que la mayoría de los países que la poseen establecen políticas públicas específicas.

Esta industria no sólo constituye una fuente importante de generación de empleo de alta calidad, sino que también estimula el desarrollo de capacidades tecnológicas de vanguardia, tanto en ingeniería de producto como de procesos. Ello trasciende hacia el resto de la industria, generando externalidades positivas sobre otras actividades manufactureras, mejorando no sólo la capacidad tecnológica sectorial sino también las capacidades sistémicas.

Más allá de la caída de la producción de 2014-2015, este año se estará produciendo un volumen cercano a las 600 mil unidades, habiendo superado en 2011 las 800 mil.

Si bien resulta muy relevante el potencial del mercado interno, el cual tiene tasas de saturación mucho más bajas que los países desarrollados; la heterogeneidad y cantidad de modelos de vehículos demandados por el mercado argentino no permitiría por si solo alcanzar escalas productivas eficientes. Para delinear una estrategia productiva con escalas económicamente sustentables resulta imprescindible hacerlo bajo un esquema de especialización y complementación productiva. Y en este contexto, la región y particularmente el Mercosur tienen un rol central.

La escala promedio de cada modelo de autos y utilitarios livianos producidos, es actualmente de 30 mil unidades, mientras que si se produjera con foco exclusivo al mercado interno la escala promedio sería de sólo 5 mil. Es el Mercosur, a pesar de las importantes correcciones que tiene pendientes, uno de los principales facilitadores de esta situación.

Cualquier medida que considere el próximo gobierno deberá tener presente esta cuestión.

Esta estrategia también ha delineado el perfil productivo, con una participación cada vez mayor de vehículos con alto valor agregado. En efecto, en 1994 sólo el 17% de la producción eran pick ups, mientras que se proyecta que ese porcentaje llegue a cerca del 50% en 2017.

A pesar de esta performance, no se ha logrado revertir el desequilibrio de la balanza comercial autopartista, con un déficit cercano a los 9.000 millones de dólares en 2014 (incluyendo mercado de reposición y otros sectores vinculados). Sin industria automotriz, las importaciones ascenderían a 12 mil millones de dólares, sin incluir repuestos.

Es justamente el sector autopartista el principal enlace entre la producción de vehículos y el derrame sobre el resto de la economía. Sin este enlace, no hay quien ponga en funcionamiento el efecto multiplicador del sector automotor sobre el empleo y resto de la actividad productiva. La demanda de autopartes impacta sobre la industria plástica, química, metalúrgica, electrónica, caucho, vidrio, textil, software, entre otras.

Sin entrar en detalles que exceden el alcance de esta nota, vale destacar que existen varios factores que han llevado a esta situación.

Claramente hay una inequidad arancelaria a lo largo de la cadena productiva, en donde los vehículos tienen un Arancel Externo Común (AEC) del 35%, las materias primas un AEC del 10/12%, los herramentales un 35% (éstos son fundamentales a la hora de sustituir importaciones y localizar piezas); mientras el arancel promedio ponderado de las autopartes es de sólo el 6,5%.

El equilibrio de la protección efectiva de toda la cadena productiva, al igual que los requisitos de origen y los mecanismos de administración del comercio automotriz, deberían ser los ejes centrales en las negociaciones por la Política Automotriz. Dada la reciente prórroga por un año, esta discusión debería emprenderse a comienzos de 2016 para poder llegar a un consenso con Brasil antes del 30 de junio.

También resulta crucial revisar la estructura tributaria de nuestro país para que mitigue la fuerte pérdida de competitividad de los últimos años.

En un trabajo conjunto realizado por ADEFA y AFAC, se demostró que la presión impositiva de todos los niveles gubernamentales, y de todos los eslabones productivos intervinientes, sobre el valor de un vehículo producido en nuestro país, supera el 50%. A modo de ejemplo, de esa cifra un 9% corresponde a la carga de todo el efecto cascada de Ingresos Brutos, 2,8% de tasas municipales y 2,7 del Impuesto a los Débitos y Créditos. Por ello mismo también es necesario analizar la estructura de reintegros a las exportaciones y eliminar los derechos de exportación, los cuales fueron establecidos en un contexto económico sumamente diferente al actual.

Adicionalmente hay ciertos aspectos de carácter microeconómico que se deben destacar.

En el desarrollo de los vehículos cada vez cabe mayor responsabilidad a los proveedores globales, quienes participan del codiseño y desarrollo.

Ello hace que la compra de las autopartes más críticas (y de mayor valor) quede comprometida a dichos proveedores. Si estos proveedores no se encuentran radicados en el país, dichas piezas quedan ¨condenadas¨ a ser importadas, dejando fuera de competencia al resto de las empresas, muchas PyMES de capital nacional.

Por ello resulta imprescindible que se promueva activamente su radicación o joint ventures con proveedores locales. A través de la transferencia de tecnología sería posible una mayor sustitución de importaciones.

Deberían diseñarse líneas de financiamiento destinadas a proyectos que incluyan contratos de largo plazo entre terminales y proveedores, lo cual facilitaría los procesos de inversión.

Más allá de todos los elementos exógenos que influyen sobre la competitividad, se debe remarcar que independientemente de la coyuntura, se debería emprender un trabajo permanente en los pisos de planta de las fábricas tendiente a generar una cultura de la mejora continua de los procesos productivos. Varios programas destinados a PyMES industriales han sido muy útiles en ese sentido, a lo cual debería darse continuidad.

Es necesario el fortalecimiento de una red de laboratorios habilitados y reconocidos por los clientes para llevar a cabo las validaciones de piezas necesarias para la concreción de los procesos de localización, minimizando la realización de ensayos en el exterior, paso esencial para la disminución de tiempos y costos de las localizaciones.

Para el sector de reposición resulta sumamente relevante la implementación efectiva de la Ley de Tránsito, tanto por las verificaciones técnicas en todas las jurisdicciones, como también en lo que respecta a autopartes de seguridad (CHAS). Este sistema del cual nuestro país fue pionero en toda la región, debe ser extendido con un sistema de controles efectivos y sin generar costos a las empresas sin contrapartida.

El déficit autopartista del Mercosur con Extrazona es del orden de los 22.000 millones de dólares lo cual es un gran potencial para la sustitución de importaciones. Los bajos niveles de saturación de la región, sumado a las crecientes exigencias medioambientales, nuevas alternativas de motorización, nuevos materiales y componentes para una mayor seguridad activa y pasiva, generarán importantes cambios en los países que producen vehículos. Ello nos da una gran oportunidad para encontrar la senda de un verdadero desarrollo de la actividad automotriz.

INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
José María Louzao Andrade

Desde la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI) creemos que es clave seguir definiendo en conjunto, entre el sector público y privado, la agenda de acciones que permitan crecer, en base al consenso y las prioridades estratégicas de nuestro país.

En primer lugar, consideramos que es muy importante continuar con un marco regulatorio específico para el sector que entienda que se trata de una industria intensiva en capital humano y que su principal recurso es el talento y conocimiento que aportan sus recursos humanos. En este sentido, el marco regulatorio que otorga el Régimen de Promoción de la Industria del Software, ha sido fundamental en su impulso y desarrollo, ya que ha promovido la generación de empleo, la inversión en investigación, desarrollo e innovación, el aseguramiento de la calidad y la internacionalización de las empresas. Por tal motivo, debe contemplarse la continuidad de un marco regulatorio sectorial más allá de 2019 (año en que culmina la prórroga del régimen, dispuesta por la ley 22.692).

Asimismo, es importante mejorar la normativa actual para simplificar el proceso de inscripción para las PyMES y mejorar su operatividad. Sin embargo, además de este marco promocional se debe tener en cuenta el principal obstáculo que enfrenta el sector en su desarrollo, la generación de recursos humanos calificados en la industria, en la que existen alrededor de 5 mil puestos de trabajo sin cubrir.

Por ello, es importante impulsar una estrategia de desarrollo educativo con base en la tecnología, buscando flexibilizar los esquemas de las carreras informáticas en los distintos niveles, en el ámbito nacional y en todos los distritos del país.

El impulso de acciones que tengan como objetivo la enseñanza y capacitación en todos los niveles educativos es elemental para el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), Así como promover la formación técnica y el estudio de carreras informáticas contribuye a la inclusión social, digital y laboral. En este sentido, creemos esencial continuar con el programa de formación profesional EMPLEARTEC - ofrece capacitación a través de cursos de formación técnica y representa un caso único de articulación público-privada reconocido a nivel internacional-, que se instrumenta entre CESSI y toda la red de Entidades Regionales del sector y el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación. También consideramos primordial que se continúe con las iniciativas de fomento y difusión de las carreras informáticas y del despertar de las vocaciones en las mismas, tales como el crédito fiscal para capacitación, ProgramAR, Dale Aceptar, y se apoye iniciativas privadas como la Copa Turing, Proyecto GEMA, entre otras. Por último, no debemos dejar de lado aquellas acciones que buscan reducir el desgranamiento en las carreras universitarias vinculadas con la cadena de valor del SSI, como el proyecto “La Empresa vuelve a la Universidad” (realizado en conjunto con los Ministerios de Educación, Industria y Planificación, y Universidades Nacionales del conurbano bonaerense.

El desarrollo de mercados también se presenta como uno de los temas a contemplar. Por un lado, en el plano externo, debe considerarse la preponderancia de micro y pequeñas empresas en la estructura del sector que condiciona la disponibilidad de recursos tanto humanos como económicos para buscar de manera constante y sostener nuevos mercados externos.

Por ello es vital seguir desarrollando y profundizando el plan actual de Mercado Externos con las Misiones Comerciales y la participación en eventos y ferias coordinadas con la Cancillería y la Fundación Exportar, y apoyar iniciativas como la Red ArgenTIna IT de CESSI.

Por otro lado, en el mercado interno, lograr la incorporación sistémica y sistemática de tecnología informática, generada desde la industria nacional, en los otros verticales productivos: ésta es una tarea que requiere de mucha continuidad y esfuerzo para vencer una gran cantidad de problemáticas al interior de cada sector. Creemos además, que es clave lograr que crezcan las compras estatales hacia la industria para el crecimiento del sector, el empleo y la potenciación, no sólo del mercado interno sino también hacia el mercado externo donde pueden brindarse soluciones y servicios similares. Continuar con el impulso de la informatización de los procesos fiscales y previsionales es primordial en este sentido, junto con los demás servicios a la ciudadanía brindados por el Estado (salud, seguridad, transporte, etcétera).

Por otro lado, consideramos esencial seguir dando impulso a la innovación, ya que beneficia la competitividad local e internacional de la industria.

Es necesario seguir fomentando las iniciativas llevadas adelante por la Fundación Sadosky, que dan impulso a la investigación, desarrollo e innovación. De esta forma, se busca seguir acercando la industria y la academia en forma concreta y con foco en la creación de soluciones informáticas competitivas e innovadoras a nivel global, poniendo a la investigación al servicio de la producción. Es aquí también, junto a otros puntos, que se ve la necesidad de seguir impulsando el desarrollo de los emprendedores, ya que es en este espacio desde donde se están generando las mayores innovaciones a nivel global.

El financiamiento, tanto de la oferta como de la demanda de los productos y servicios del sector, es otro elemento clave a tener en cuenta en la agenda. En este aspecto, desde el financiamiento de la oferta es importante tener en cuenta que en este sector el 95% de las empresas son micro y pequeños emprendimientos de hasta 49 empleados, que se trata de una industria que produce bienes intangibles, y que su dinámica impone plazos de tiempo más cortos a los proyectos que en otros rubros.

En consecuencia, si bien creemos muy importante que se continúe con una herramienta como el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), debe buscarse su simplificación y seguir mejorando los plazos de evaluación y operación, con mayor foco hacia los emprendedores y las PyMES que son los que más necesitan este tipo de instrumentos.

Asimismo, debe impulsarse un marco regulatorio que posibilite las inversiones de capital que la Industria requiere, con foco al acceso al capital en modelos de valoración de intangibles y con la posibilidad de la proyección internacional de los negocios para las empresas que van creciendo y requieren otro tipo y tamaño de inversiones.

Al mismo tiempo, deben profundizarse esquemas de créditos para capital de trabajo -tales como lo es por ejemplo el Fondo Integral para el Desarrollo Regional (FONDER) del Banco Nación donde se entienda claramente los respaldos de garantías y contratos disponibles en el sector, y que realmente se otorgue financiamiento sobre la base de los flujos de fondos de los negocios que se generan.

Asimismo, es clave para las PyMES del sector habilitar mejores opciones de financiación en el pago de impuestos, a tasas razonables.

Por el lado del financiamiento de la demanda, consideramos fundamental continuar impulsando y mejorando la aplicación de programas de actualización tecnológica en las PyMES de todos los sectores (como los actuales FONTAR, PACC, etc.) con foco en la implementación de tecnologías “blandas” como lo es el software, adicionalmente a otras incorporaciones requeridas. También cabe señalar la necesidad de profundizar la institucionalización y la asociatividad de todo el entramado productivo de la industria, continuando con el fortalecimiento institucional de toda la red de entidades, polos, clusters y cámaras regionales existentes del sector.

Por último, se debe seguir impulsando el posicionamiento de la industria a nivel local e internacional. En este sentido, continuar apoyando e impulsando los Premios Sadosky, la Copa Turing, Hackatones, Competencias y el Proyecto DANE (de aplicación de la tecnología informática para la inclusión), se convierte en eje de valoración y visibilidad hacia la sociedad de las posibilidades de esta industria.

Del mismo modo, destacamos la importancia de promover cada vez más el posicionamiento internacional del sector a través de la construcción de Marca ArgenTIna, de la generación de convenios bilaterales y multilaterales de desarrollo de negocios internacionales a través de esquemas de políticas comparadas y espacios de interacción en entidades internacionales.


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