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PYMES

Rumbo a una nueva frustración

El economista Mariano Kestelboim- consultor de empresas y cámaras industriales -se concentra en esta nota en las políticas implementadas desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2015 y su impacto en la actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales y destaca que con el correr de los meses comenzó a predominar en el segmento un clima de tensión y frustración que puede profundizarse en caso de no rectificarse el rumbo con políticas de apoyo real a la industria PyME.

ImagenMariano Kestelboim
Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 se produjo una gran expectativa positiva en la gran mayoría del mundo de las pequeñas y medianas empresas industriales, debido al énfasis de la nueva gestión en la campaña electoral sobre la necesidad de estabilizar la economía, acabar, como el resto de los países de Latinoamérica (excepto Venezuela), con el flagelo de la inflación y promover un crecimiento sustentable.

El nombramiento de Federico Sturzenegger, como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y de Alfonso Prat Gay, como ministro de Hacienda y Finanzas, anticipaban políticas conservadoras: la reducción de la emisión monetaria, la suba de la tasa de interés, el ajuste de las cuentas fiscales, la liberalización del mercado cambiario y financiero, el cierre del conflicto con los buitres y la reducción de la presión impositiva. La llave maestra para hacer posible todas esas medidas en simultáneo sería la emisión de deuda externa, aprovechando la situación heredada.

En el transcurso de 2016, el entusiasmo sobre el éxito del combate contra la inflación se fue diluyendo ante su aceleración en el primer semestre. En los primeros ocho meses de gobierno, el aumento de la cotización del dólar del 54,6% y los abruptos incrementos de las tarifas de los servicios públicos fueron las principales causas que provocaron que la inflación acumulada haya trepado al 37,2% (4% promedio mensual), según la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Esto llevó a que el BCRA decidiera disparar la tasa de interés hasta el 38% en abril de ese año, luego de haberla subido y bajado considerablemente en los meses previos.

La recesión derivada de las políticas aplicadas y la posterior estabilización del tipo de cambio impulsaron una etapa de sensible baja de la inflación, tendencia que se mantuvo hasta diciembre pasado e implicó que la tasa promedio mensual de inflación cayera en esos últimos 5 meses de 2016 hasta el 1,34%; esa merma habilitó a que el Banco Central bajara la tasa hasta el 24,75%. No obstante, el debilitamiento del consumo en el mercado interno por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores postergó el esperado crecimiento como la gran mayoría de los analistas económicos esperaba que iba a suceder en el segundo semestre de ese año.

En el inicio de 2017, como consecuencia especialmente de nuevos ajustes tarifarios, se registró un nuevo rebrote inflacionario que llevó a que el BCRA volviera a tener que elevar la tasa hasta el 26,25%. Sin políticas de fomento específicas para la industria, el sector prolongó su recesión con caídas de su producción durante 15 meses consecutivos (desde febrero de 2016 hasta abril de 2017), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, algunos sectores, como la construcción y los sectores industriales directamente dependientes de esa actividad, de la mano de la dinamización de la obra pública preelectoral comenzaron a registrar altas tasas de crecimiento. De esa forma, mucho más tarde de lo esperado, comenzó a recuperarse la producción automotriz desde mayo pasado. Con un atraso cambiario cada vez más pronunciado y con muy fuertes campañas de ventas con largos plazos de financiación se reanimaron las ventas de bienes durables.

Ahora bien, el entusiasmo vigente al inicio del mandato de Cambiemos se fue diluyendo y en los sectores PyMES comenzó a predominar un clima de tensión y frustración. Más allá de los conocidos factores que provocaron la mala performance sectorial -caída del consumo interno (es el más importante), gradual apertura de las importaciones y mayores costos financieros y tarifarios-, hubo más ingredientes que deterioraron sensiblemente la actividad PyME industrial. Entre ellos, un hecho relevante que deteriora la competitividad sectorial ha sido la gran acumulación de stocks. Como las empresas programaron un mejor nivel de ventas ya desde el segundo semestre de 2016, tendieron a planificar escenarios que después no se cumplieron. Esa dinámica persiste en 2017 porque nuevamente muchas empresas creyeron, en base a la mayoría de los informes de las más reconocidas consultoras del mercado -proyectaban un crecimiento de entre 3,5% y 5%- que el nivel de actividad iba a ser mucho mayor de lo que realmente ha venido siendo. En consecuencia, las empresas deben soportar un costo financiero por la combinación de un muy elevado capital inmovilizado y altas tasas de interés.

A su vez, el menor nivel de producción y de ventas respecto a los años anteriores también ha implicado una significativa reducción de sus economías de escala, lo cual provoca que los costos fijos tengan una mayor incidencia en la estructura de costos de las compañías. Deben prorratear los mayores costos fijos derivados de los aumentos de tarifas y del costo de sus insumos en un volumen de producción y de ventas inferior.

Por último, muchos sectores, como había advertido oportunamente el ex ministro Prat Gay, durante la vigencia de los controles en el mercado cambiario, no fijaban sus precios en base a la cotización oficial del tipo de cambio. Por el contrario, tenían ajustados sus costos y precios en función de una cotización intermedia entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas (blue o contado con liqui, por ejemplo). En consecuencia, una vez liberalizado el mercado cambiario a mediados de diciembre de 2015, su ganancia de competitividad por la devaluación se extinguió mucho más rápidamente que en los sectores que sí tenían sus precios ajustados en relación al tipo de cambio oficial. En ese contexto y con una demanda en caída y mayor competencia desde el exterior, las empresas de los sectores PyMES que destinan su producción mayoritariamente al mercado interno no pudieron aumentar los precios en la misma medida que se incrementaron sus costos. De hecho, en muchos casos la diferencia entre lo que pudieron trasladar a precios del aumento de sus costos fue tan exiguo que debieron afrontar grandes pérdidas y tomar drásticas medidas como suspensiones, cancelaciones de turnos y despidos de personal. En efecto, en el último año y medio la industria debió soportar una reducción neta de 55.000 puestos de trabajo registrados.

Si bien en estos meses preelectorales puede haber una tenue recuperación de la actividad, dado que la mayoría de los aumentos salariales se concentran en esta época, si no hay un brusco cambio de rumbo con políticas específicas de apoyo real a la industria PyME, será una mejora apenas transitoria. Hacia fin de año, cuando se reactiven los aumentos tarifarios postergados o moderados por motivos políticos (transporte, energía, agua) y se vayan tomando medidas más exigentes en materia de recorte del presupuesto público, la contracción de la demanda interna que implicarán esas políticas volverá a afectar profundamente a los trabajadores y la actividad de las fábricas que elaboran bienes de consumo postergable seguramente se resentirá aun más.

Escribe Mariano Kestelboim


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