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Miércoles 23 de Octubre, 2019
Temas en debate

Se acentúan la marginalidad y la desigualdad

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, aseguran que tanto las desigualdades sociales como la pobreza estructural, no son el resultado de un déficit en materia de capital humano, sino la consecuencia de la implementación de un modelo productivo desigual y heterogéneo, que tiene un impacto regresivo tanto a nivel social y laboral como distributivo. La fragmentación y la fragilidad laboral de los trabajadores urbanos se espejan en un aumento de la marginalidad y la profundización de las desigualdades estructurales.

ImagenLos parches no funcionan en una economía que no encuentra su piso
La economía se debilita y los indicadores económicos se arrastran por el suelo o, desmedidos, lo horadan.

En la población de a pie, las expectativas inflacionarias se resisten a bajar del 35%, las ventas en los supermercados resbalaron en abril un 12,6% y en los shoppings el 22,9% siguiendo un declive que ya lleva una decena de meses; los medicamentos subieron 314% en los últimos 3 años y el consumo de leche se contrajo 6 y medio por ciento en el primer cuatrimestre de este 2019. Siguiendo con de todo un poco no puede obviarse que las tarifas de gas siguen aumentando hasta el 50%, pese al disimulo de guardarlas bajo la alfombra hasta pasadas las elecciones; la luz- cuando hay pero también cuando desaparece a nivel nacional- es impagable para el universo PyME y para la mayor parte de hogares con alta proporción de endeudados para afrontar boletas y vencimientos.

“La gente no quiere trabajar, se acostumbró a los planes”, dicen repetidores de consignas propaladas por la mayor parte de los medios de comunicación. Pero nada es cierto excepto la carencia de empleo y, en todo caso, su fragilidad en un país asfixiado en un esquema económico que no respeta su talla.

Según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, referidos al tercer trimestre de 2018, sólo el 44,1% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. El 9,9% de esta población se encontraba abiertamente desempleado y el 18,6% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el 27,2% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social).

En los últimos años, explica el informe, siguió aumentando la proporción de ocupados en el sector micro informal de la estructura productiva (actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal). A finales de 2018, este sector reunía al 49,3% de los ocupados.

En el mismo año (2018) los ocupados en el sector público representaban el 14,9% (se incluye tanto a los empleados que cubren las necesidades operativas del Estado como a los trabajadores que contra prestan en los programas de empleo directo), y solamente el 35,8% de los ocupados realizaban actividades en el sector privado formal (actividades laborales profesionales o en unidades económicas de media o alta productividad e integradas a los mercados formales).

Se observa una fuerte asociación entre el sector de inserción de los trabajadores y la calidad del empleo y, del mismo modo, es importante observar que el 74,8% de los ocupados del 25% de los hogares de más bajo nivel socioeconómico desarrolla actividades en el sector micro-informal, mientras que en el 25% de los hogares de mayor nivel socioeconómico esto se reduce a sólo el 17,3%. Que es algo así como afirmar que las condiciones de arranque, la línea de largada, no es la misma para todos.

4 de cada 10 hogares (38,7%) ¿defienden? su derecho a vivir con trabajadores precarios o lisa y llanamente desocupados “Las normas establecidas por diversos instrumentos internacionales y por la propia Constitución Nacional, apuntan desde la UCA, constituyen umbrales civilizatorios a partir de los cuales es exigible el derecho a no sufrir la injusticia de la pobreza, la marginalidad y el subdesarrollo”. ¿Quién las cumple?

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