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Energía

Transener no debe ser vendida

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi emitió un documento en el que reseña diez razones -económicas, financieras, patrimoniales, políticas, técnicas e institucionales- para no transferir las acciones que el Estado posee en Transener a través de Enarsa,. Considera que la decisión es errónea y que “todavía puede ser reparada si se actúa con honestidad intelectual, sin vanas obstinaciones y con grandeza política”.

ImagenCapitales chinos estarían interesados en Transener
Con la firma de sus vicepresidentes primero y segundo y del secretario de la entidad, el posicionamiento del IAE es sugerente por cuanto su presidencia es ejercida desde su fundación por el ingeniero Jorge Lapeña, quien recientemente renunció a los cargos que detentaba en las empresas (Transener y Enarsa) a las que se refiere el manifiesto.

El documento “Poderosas razones para no vender las acciones que posee el Estado Nacional a través de Enarsa en Transener” intenta, sin lograrlo, eludir críticas que son insoslayables por la misma índole del pronunciamiento.

Ya desde la introducción y al definir que “la energía eléctrica no es un bien como cualquier otro, está en el centro de nuestras vidas y es un motor de desarrollo económico y social” la conducción del IAE marca una diferencia sustantiva con la filosofía imperante en algunas áreas del gobierno de Cambiemos. Enseguida y asentada en la teoría económica que demuestra “ la competitividad en la cadena de valor de la industria eléctrica, y enseña que los segmentos del transporte y distribución son monopolios naturales que deben ser regulados y cuya expansión requiere inversiones de largo plazo y baja rentabilidad”, desde el IAE se juzga que “la planificación estratégica juega un rol central en la configuración de las redes; en la selección de su topología, y en la combinación de las tensiones de transmisión”.

Acto seguido pone como telón de fondo la experiencia de la privatización de la transmisión de los años ´90, al que considera uno de los mayores fracasos de la década, y señala que “en el año 2000 el Estado nacional tuvo que crear el Plan Federal de Transporte con el que se ampliaron las redes durante el presente siglo, método que hasta la fecha no se modificó” Puntualiza enseguida que es un acierto la decisión del gobierno de incentivar las instalaciones de centrales eólicas, solares y de otras fuentes renovables con la activa participación de la inversión privada de riesgo y eximiendo al Estado del rol que podría tener en la expansión del sector.

“En los Escenarios al año 2030 que elaboró el Ministerio de Energía a través de la Secretaría de Planificación, el Gobierno plantea inversiones por 14.000 MW en esas centrales, alrededor de 3.000 MW hidroeléctricos, además de las centrales nucleares y térmicas”, hecho que provocaría que los segmentos de generación y distribución del sistema eléctrico casi se duplicarán en 12 años.

A la pregunta ¿ cómo se transportará esa energía desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo?, la respuesta de la institución es “ por una red de transmisión sofisticada y extensa” y deberá ser el Estado quien defina cómo y cuándo, y con qué costo será expandido el sistema de Transmisión” si no se quiere caer en la pésima experiencia de los años 1990 en la que se pretendía dejar la decisión en manos del mercado y tuvo que ser modificada 8 años después de haber sido sancionada la ley de marco regulatorio eléctrico 24065.

El documento del Instituto General Mosconi presenta la historia reciente en los siguientes términos: “el gobierno del Presidente Macri, dicen, decidió comprar las acciones de Transener que Electroingeniería había puesto en venta a precio de remate en mayo de 2016. y a través de esa operación pasó a ser co-controlante de la empresa monopólica de transporte en Extra Alta Tensión Transener, que a su vez controla la estratégica TransBA encargada de la distribución troncal de energía eléctrica en uno de los mayores centros del consumo del país: la Provincia de Buenos Aires:” Esta acción valorizó la tenencia del Estado en Transener “ no como la consecuencia de una operación de corto plazo, sino por las implicancias futuras en el largo plazo teniendo en cuenta que Transener tiene por delante una concesión de 68 años, en la cual operará un monopolio natural en expansión” y que ” este año el gobierno de Cambiemos lanzará la construcción de ocho líneas de alta tensión por el programa de participación público-privada (PPP): 2175 kilómetros de líneas, una potencia de transformación de 3700 MVA, y una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Al ser Transener el concesionario y operador del sistema, ingresará en sus arcas un porcentaje del 3% de esa inversión en poco tiempo, lo que incrementará notablemente su negocio de operación y mantenimiento regulado en una cifra muy importante, con los consecuentes beneficios que le aportarán las economías de escala que posee la compañía.” “Es claro que el destino de Transener es crecer en un negocio regulado sin riesgos empresarios ni comerciales y es obvio también que la existencia misma de la empresa es una garantía para el desarrollo del sector eléctrico en las próximas dos décadas, y el impulso que a nuestra economía darán los incentivos a las fuentes renovables no convencionales: desarrollo tecnológico y de la industria nacional, trabajo calificado, descarbonización, liderazgo regional etc. Esto es lo que le da valor a Transener, no es una empresa ni una actividad como cualquier otra, sino que es estratégica para la transformación energética y solo puede crecer y dar ganancias”.

Si esto es así ( y lo es) ¿por qué malvender y perder el control en este sector estratégico?, se preguntan desde el IAE y consideran “un grave error ceder el control de Transener en el momento clave del nacimiento de una nueva industria eléctrica en la Argentina”. Reproducimos a continuación las razones esgrimidas en el documento que lleva la firma del doctor Pedro Albitos y los ingenieros Gerardo Rabinovich y Diego Grau.

* No existe Estudio de Factibilidad previo al Dictado del Decreto PE 882/2017 que demuestre en forma clara y contundente que la venta de las acciones de Citelec en poder de Enarsa, sea más conveniente que conservar esas acciones en poder del Estado y obtener el flujo de beneficios futuros regulados por el propio Estado mediante las tarifas fijadas conforme a la legislación vigente.

* No se ha proyectado el flujo de beneficios futuros de la compañía teniendo en cuenta que la Concesión del Monopolio natural del Transporte de Energía Eléctrica en extra Alta Tensión en todo el territorio nacional durante el lapso remanente de la Concesión que es de 68 años. Debe tenerse en cuenta que el flujo de beneficios futuro será creciente con el crecimiento de la energía transportada (crecimiento de la demanda) y el cambio del factor de carga de las líneas (disminución del factor de carga de las instalaciones de generación en base a energías renovables).

* El Decreto 882/17 prevé la aceptación, como medio de pago, de los certificados de deuda con generadores – Liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir (LVFVD)– originados en el programa FONINVEMEM, los cuales deberían ser aceptados como medio pago en el proceso de venta de los activos de Enarsa en generación, pero no es razonable su aceptación en la venta de Transener.

* Enarsa, la actual tenedora de las acciones que se enajenarán, es una empresa altamente deficitaria que requiere para su funcionamiento de fuertes “transferencias para gastos corrientes” por parte del Tesoro Nacional. Si Enarsa pierde el flujo de beneficios que las acciones de Transener le reportan –unos 30.000 millones de dólares anuales en 2017-, el Tesoro Nacional –actualmente en déficit- tendrá que aumentar las transferencias corrientes a Enarsa en esa misma proporción. Esas transferencias provendrán marginalmente de un mayor endeudamiento y probablemente este sea de costo mayor.

* Enarsa, o su sucesora, tiene una situación patrimonial extremadamente precaria; no es en la actual situación sujeto de crédito por parte de ninguna entidad bancaria. El real patrimonio de ENARSA se conforma solamente del valor de la tenencia accionaria en Transener. Lo demás son solo papeles sin valor real. Vender esa tenencia accionaria es deteriorar gravemente el patrimonio de Enarsa y su sucesora.

* Desde varios espacios políticos se han expresado cuestionamientos a la decisión de la venta de las acciones de Transener en las actuales circunstancias. Una de ellas la UCR ante el Ministro de Energía y Minería. El Ministerio de Energía respondió de forma política con un argumento altamente opinable (“aquello que pueda ser realizado por un privado no debe ser realizado por el Estado”), sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de esta venta.

El IAE “General MOSCONI” estima que es arriesgado seguir adelante sin transparentar el problema y contestar en forma racional y contundente todos los requerimientos planteados.

*Transener es una empresa sin riesgo empresario, que opera con tarifas reguladas por el Estado, que retribuye los costos de funcionamiento de la compañía. El Estado nacional, además, carga en la tarifa el monto de las inversiones anuales que realiza la compañía para invertir en la Operación y Mantenimiento de las instalaciones o sea que éstas son afrontadas por los propios usuarios en sus tarifas. Transener no está obligada, como si lo están las Distribuidoras, a invertir en la expansión de los Sistemas de Transmisión. De ello se deriva que no existe para esta empresa riesgo empresario en la inversión. ¿Por qué privar al Estado entonces que se beneficie de un negocio que funciona bien y da ganancias a los socios privados (Pampa Energía); institucionales (ANSES) o independientes?.

*Transener es una empresa que transporta por sus redes el 67% de la energía eléctrica que se genera y consume en Argentina. La tensión de transporte que opera es mayor a los 220 kV, y la tensión de transmisión en extra alta tensión en el SADI es de 500 kV. De estos datos deviene su importancia estratégica. Esa característica, y la de ser la única empresa en su tipo en toda la Argentina, la transforma en una empresa líder que cuenta con recursos humanos de altísima especialización que no existen fuera de ella, ni en el sector privado, ni en la Academia, ni en el Estado nacional ni en los estados provinciales.

Ello configura una situación especial: no es suficiente con decir –como erróneamente lo ha hecho el MINEM- que la presencia del Estado en el sector solo se debe hacer a través de la regulación, en este caso del ENRE.

El Estado en general mantiene presencia en empresas de sectores estratégicos, como lo demuestra la experiencia mundial: la industria nuclear, la industria aeroespacial y muchas otras donde los servicios se prestan en condiciones de monopolio natural muestran como conveniente esta forma organizativa.

*El Estado nacional a través de Enarsa (que es una empresa estatal) posee el 50% de las acciones de CITELEC; el otro 50% pertenece a la empresa privada Pampa Energía.

CITELEC posee el 52 % de las acciones de la empresa Transener; el 48% restante de las acciones de esta última pertenece un 19 % al Fondo de Garantía de la ANSES y el resto pertenece a un conjunto de accionistas independientes que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

CITELEC es la empresa controlante de Transener, ya que reúne la mayoría del capital social. Al ser la participación del Estado nacional y del socio privado igualitaria las decisiones son tomadas por consenso entre ambos socios. Esto implica que ningún socio tiene el control pero si el poder de veto, ya que si un socio no aprueba una decisión el otro no puede imponer su voluntad En este sentido existe un co-control entre ambas empresas.

La experiencia de los últimos 12 años hasta el presente ha demostrado que el Socio privado ha logrado imponer sus criterios de decisión al socio estatal..

En apretada síntesis digamos que normalmente existen y han existido diferencias de enfoque en ciertas cuestiones clave donde el Estado empresario y el empresario privado difieren en forma substancial. No es conveniente que el Estado nacional renuncie a la intervención en cuestiones estratégicas de esta naturaleza.

* Finalmente hay una última e importante razón para no vender Transener, y es que el Estado Nacional debe alentar al sector privado a invertir en aquellos sectores donde exista competencia y riesgo, evitando los monopolios privados originados en decisiones ministeriales. Bienvenido el sector privado en la inversión en la exploración petrolera, en la generación de energía eléctrica, en las energías no convencionales; en la construcción de rutas, puertos y sistemas ferroviarios afrontando los riesgos comerciales correspondientes y aportando los capitales necesarios para la construcción de los emprendimientos y la puesta en marcha. Bienvenido también el sector privado cuando a través de la PPP se suma a la construcción de la infraestructura necesaria para poner en marcha un país en desarrollo.


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