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Miércoles 23 de Octubre, 2019
Economía internacional

UNCTAD: La crisis de Argentina por los “fondos buitre” tiene consecuencias que amenazan al sistema financiero internacional

En un ensayo especial publicado en su página web,del que ofrecemos una síntesis, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD advierte que las consecuencias del fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene resonancia más allá de las fronteras de Argentina y de los Estados Unidos.

ImagenPalacio de las Naciones, Ginebra
Junto con una sentencia, dicen los expertos del organismo internacional, se podrá pedir a las instituciones financieras la entrega de información sobre los activos que Argentina mantiene en todo el mundo, decisión que podría abrir las puertas a otros casos similares según interpretaciones dadas por los tribunales bajo la legislación de Nueva York, la ley británica u otras leyes.

Desde Ginebra se puntualiza que las sentencias fijaron precedentes legales que podrían tener profundas consecuencias para el sistema financiero internacional: en primer lugar, porque hará más difícil la reestructuración de deuda en el futuro, en particular para los bonos en circulación sin una cláusula de acción colectiva, cuya cantidad real se desconoce, pero es probable que sea grande. En segundo lugar, obligando a las instituciones financieras de terceros a proporcionar información confidencial sobre los activos de los prestatarios soberanos para facilitar el cumplimiento de los contratos de deuda para los acreedores, postura que sacudirá el actual funcionamiento del sistema financiero internacional y en tercer lugar, porque la sentencia erosiona la inmunidad soberana y no está en conformidad con la Foreign Sovereign Immunities Act de Estados Unidos.

El gobierno de ese país presentó un informe a favor de la Argentina y afirmó que un fallo posiivo para los tenedores de bonos dañaría las relaciones internacionales y podría provocar un trato recíproco adverso a los Estados Unidos en tribunales extranjeros.

La historia reciente, que el dossier de la UNCTAD recorre prolijamente, se inicia cuando en 2005 y 2010 Argentina ofrece un canje al que acuden el 93% de los viejos bonos En febrero de 2005 el Congreso de Argentina aprobó una ley que prohibió al gobierno realizar los pagos de los bonos no licitados, para luego abrir el intercambio y saldar con los acreedores no participantes uno por uno. Sin embargo, un puñado de hedge funds compra los bonos cuando estaban con grandes descuentos y, desde entonces, han exigido en varias ocasiones, que les fuera pagado en un 100 por ciento de su valor nominal. Esta postura es considerada por muchos como depredatoria. Por ejemplo, NML Capital compró la mayoría de los bonos argentinos desde junio a noviembre de 2008, pagando un estimado de 48,7 millones de dólares más 220 millones de dólares en bonos de cesación de pagos, en un precio de poco más de 20 centavos de dólar.

Según cálculos de Morgan Stanley, los bonistas que aceptaron la oferta de 2005 han recibido retornos de cerca del 90 por ciento gracias en particular a un cupón ligado al crecimiento del producto bruto interno, que aumentó significativamente la cantidad realmente recibida. En respuesta, los bonistas dirigidos por NML Capital cambiaron de táctica y llevaron a cabo juicios (basados en la cláusula pari passu, o igualdad de trato, en los contratos de bonos) en los tribunales inferiores de Nueva York. La sentencia a favor de los peticionantes fue una interpretación inaudita de la cláusula que sorprendió incluso a los veteranos en el mundo de reestructuración de la deuda.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2013, el segundo circuito de Apelaciones de los Estados Unidos falló a favor de NML Capital. Argentina, entonces, apeló el fallo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero el Alto Tribunal dejó intactas las sentencias de los Tribunales inferiores.

Como se afirma en el libro de Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente publicado sobre reestructuración de la deuda, "en esencia, los tribunales [Estados Unidos] han interpretado una disposición' caldera placa' de estos contratos (la cláusula de pari passu), requiriendo que un deudor soberano haga el pago completo en una reclamación por defecto (en este caso, celebrada por el comprador del mercado secundario). Teniendo en cuenta dichas consecuencias, los gobiernos de Francia y Alemania apoyan a Argentina en su lucha legal y economistas como Joseph Stiglitz y Anne Kruger hicieron una petición contra los fondos de cobertura.

Las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos han demostrado una vez más lo que puede ocurrir en la ausencia de un mecanismo de entrenamiento internacional de la deuda. Este vacío ha conducido a la fragmentación de foros jurídicos creando la inconsistencia y la imprevisibilidad. Diversos tribunales tienen interpretaciones muy diferentes de la misma cláusula contractual y pueden imponer una amplia gama de resoluciones. Grupos política e intereses pueden influir sobre el resultado de las resoluciones y reestructuraciones de deuda, comprometiendo la coherencia y la imparcialidad. Las sentencias han dificultado la reestructuración de la deuda en el futuro y han fortalecido la mano de los acreedores aunque su comportamiento puede ser una de las causas subyacentes de la crisis de la deuda.

El junio de 2014 un Policy Paper del Fondo Monetario Internacional titulado "Marco de financiamiento del fondo y deuda soberana - consideraciones preliminares" y sus anexos (en un documento separado) repasa las reestructuraciones de la deuda y propone mantener un enfoque basado en el mercado.

Uno se pregunta si el FMI está mejor posicionado para dar juicios justas y oportunos y cómo podría eventualmente reestructurar un país su deuda cuando el mundo no posee suficientes herramientas para lidiar con los problemas encontrados hasta ahora.

En este contexto caótico, la formulación de normas globales y armoniosas y principios rectores de reestructuraciones de deuda soberana se ha convertido en un objetivo de suma importancia. Por esta razón la UNCTAD ha sido un defensor de larga data de un mecanismo de instrucción de la deuda soberana y actualmente está trabajando en un proyecto financiado por el gobierno de Noruega para aclarar aún más cómo podría funcionar en la práctica. La lista de principios generales y cuestiones identificadas hasta el momento por un grupo de expertos en el marco del proyecto incluye: parada/estancia de litigio, umbrales de deudas e indicadores de transparencia, exhaustividad y antigüedad (equidad entre acreedores, problemas de acción colectiva) legitimidad imparcialidad supervisión institucional y la relación entre los niveles nacionales e internacionales.


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