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Política industrial

Un Compre con preferencia por la industria nacional

Horas después que el presidente de la Nación iniciara una gira por el continente asiático que como hecho más relevante contempla una reunión con el presidente de China, Xi Jinping ,para firmar varios acuerdos de cooperación para la construcción y financiamiento de centrales nucleares e hidroeléctricas ,provisión de material ferroviario para transporte de pasajeros y cargas, entre otras obras, en las cuales se desconoce el grado de participación que tendrá la industria local, dos miembros de su gabinete-Francisco Cabrera de Producción y Jorge Triaca de Trabajo- anunciaron que “el gobierno enviará en breve al Congreso un proyecto de ley de Compre Argentino, que apunta a aumentar la participación de las grandes y las pequeñas y medianas empresas nacionales(PyMES)en las obras públicas de infraestructura para impulsar la producción de bienes complejos y generar miles de nuevos empleos”.

ImagenUn proyecto de Compre Argentino que eleva la preferencia para la producción local.
La iniciativa que fue impulsada con tesón por el secretario de Industria y Servicios, Martín Etchegoyen , y su equipo del área fabril desde principios de 2016, prevé incrementar el margen de preferencia para la industria nacional actualmente vigente, llevando del 5 al 8% la participación de las grandes empresas y del 7 al 12 % la de las PyMES en los procesos de inversión pública que, para los próximos ocho año ,se estima rondarán los 200.000 millones de dólares. Según los ministros, ”uno de los puntos relevantes del proyecto es lograr acuerdos de cooperación productiva con proveedores de bienes no nacionales en grandes adquisiciones que contemplen el 20 por ciento del valor del contrato para la industria nacional.” Y aseguraron que cuando compitan en los procesos licitatorios bienes no producidos localmente,el gobierno establecerá incentivos para que gane el que ofrezca mayor contenido nacional.

En la redacción del proyecto participaron asesores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que relevaron las experiencias en la materia de los Estados Unidos, Israel, México y Brasil, y se tuvieron en cuenta las propuestas presentadas por entidades empresarias ,entre ellas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, comprometidas con la vigencia de una norma que es reconocida como una herramienta válida en el marco de los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio(OMC) -que calcula que las compras estatales representan entre el 10 y 15% del PBI de cada país -y que ha jugado un rol decisivo en los procesos de desarrollo de las naciones hoy industrializaos.

El historial de la legislación argentina registra tres antecedentes de regímenes de regulación de las compras públicas. El primero, el decreto-ley 5340/63,de “Compre Nacional”, firmado por el presidente de facto José M. Guido y su ministro de Economía José A. Martinez de Hoz que estableció que la Administración Pública y todas sus dependencias, así como las concesionarias de servicios públicos y las empresas del Estado, debían “adquirir exclusivamente materiales, mercaderías y productos de origen nacional siempre que el precio sea razonable”. También dispuso la creación de una Comisión Asesora Honoraria , integrada por representantes de organismos del Estado y de la actividad privada , que debía intervenir en el cumplimiento del régimen, asesorando al Ministro del área”. El segundo , la ley 18.870,también de “Compre Nacional” -promulgada durante el régimen militar que ,en 1970 , encabezaba Marcelo Levingston -de la autoría de Aldo Ferrer que, por entonces, estaba a cargo del ministerio de Economía y Obras Públicas. La norma incorporó el concepto de “empresa local de capital interno” con preferencia sobre las firmas extranjeras radicadas en el país .El tercero, la ley 25.551,de “Compre Trabajo Argentino”, sancionada por el Congreso Nacional a fines de 2001,impactado por la crisis que se agudizó en el tramo final de la presidencia de Fernando de la Rúa. Es este caso, reestableció la preferencia del 5% para las grandes empresas y del 7% para las PyMES - eliminada en 1991 por el decreto de “desregulación económica “ que firmaron Carlos Menem y Domingo Cavallo-, en favor de las compras estatales de productos nacionales, entendiendo por tal los que incorporasen” en insumos importados no más del 40% del valor bruto de producción”.


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