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Energía

Un futuro con muchos interrogantes

“El Estado (nacional o provincial) sólo debe intervenir a través de la fijación de las políticas monetarias, financieras y fiscales y de los controles que debe ejercer en su rol”. Esta es la opinión del 73% de los 121 directivos de empresas locales e internacionales que operan en el país en las áreas de petróleo, gas, energía eléctrica, energías renovables, servicios públicos y minería consultados sobre el papel del Estado con relación a la matriz energética en un relevamiento realizado en agosto pasado. “Entre ciertos conceptos vertidos por los encuestados se puede inferir que las reglas de juego deberían ser claras, constantes, y previsibles en el largo plazo” sostuvo Néstor García en la presentación de la Encuesta de Energía y Recursos Naturales 2011 que llevó adelante la firma de servicios profesionales KPMG de Argentina.

ImagenLos programas Energía Plus y Energía Total fueron evaluados como poco efectivos.
Mayoritariamente (74%), los encuestados coincidieron en que para que la Argentina logre una matiz energética sustentable es necesario el reemplazo significativo de combustibles fósiles por fuentes de energías renovables. La eólica fue señalada por el 63% como la energía renovable con mayores posibilidades de desarrollo en el largo plazo, seguida por biocombustible (13%) y solar (12%). Sin embargo, el 40% consideró como poco probable que en 2016 el 8% de la energía eléctrica sea generada con renovables como lo establece la ley 26.190 sancionada en 2007.

El financiamiento del sector de energías renovables es “un tema de crucial importancia ya que en este tipo de desarrollo juegan un papel central compañías que necesitan financiación”. Hubo coincidencia que, en los próximos 12 meses, el financiamiento bancario será la principal fuente para fondear inversiones en el sector; la segunda opción será el financiamiento a través de las casas matrices.

Las consultas relacionadas con biocomustibles incluyeron previsiones de aumento de la producción, evolución de precios y corte en naftas y diesel en el largo plazo. En el primer caso, el 63% consideró que se incrementará más del 20%; en el segundo, el 58% cree que aumentará y en el tercero, el 75% estimó que superará el 10% (en la actualidad es del 7%).

El informe afirma que “la exploración y explotación de hidrocarburos en el país se encuentra en un momento clave y más que nunca, se necesita de una política consensuada sin importar quien se encuentre gobernando el país”. De la encuesta surge que no se espera un incremento en la producción de petróleo en los próximos 12 meses y que, en el mismo período, la producción de gas se reducirá. Respecto de los factores que actúan como determinantes en la evolución de la actividad productiva en ambos sectores, fueron considerados como más importantes la fuerte regulación de los precios internos (con el 27% de las opiniones), la falta de inversiones en la exploración (19%), la maduración de los principales yacimientos (16%) y el esquema actual de derechos de exportación (13%).

En otro orden, y en referencia al sector de energía eléctrica, la mayor parte de los encuestados consideró que los programas Energía Plus, Energía Total y Energía Delivery fueron poco efectivos en el logro de sus objetivos e identificaron como principales problemas a resolver en el sector eléctrico -cada caso con el 48% de las respuestas- a: “no existe una previsión a mediano y largo plazo del abastecimiento eléctrico argentino, lo que implica el desconocimiento, por parte del sector público, de lo que puede acontecer en éste estratégico sector en pocos años” y “la autoridad pública no termina de asumir la definición e implementación de las políticas de planeamiento estratégico del sector”.

En el capítulo dedicado a la minería la encuesta resalta que el 88% consideró que continuarán los cambios en la legislación y el 63% que no habrá modificaciones en el escenario del sector después de las elecciones presidenciales. Un llamado de atención: el 75% opinó que las restricciones a las importaciones retrasan el desarrollo de los proyectos explorativos y productivos, y el 12% que obligan al cierre o no comienzo de proyectos ya aprobados.


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