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Temas en debate

Un sistema financiero vinculado con el desarrollo productivo y social

El diputado Nacional Carlos Heller presentó a fines de julio un nuevo proyecto de ley de Servicios Financieros. En su renovada propuesta, mantiene las principales pautas establecidas en un proyecto anterior que fue analizado en comisiones pero perdió estado parlamentario al cierre de 2011; incorpora los cambios introducidos en la Carta Orgánica de la autoridad monetaria; profundiza el abordaje de las necesidades de los usuarios de servicios financieros y promueve la vinculación del sistema con el desarrollo productivo social. A nuestro pedido, el legislador del Frente Nuevo Encuentro y presidente del Banco Credicoop Coop. Ltdo. destaca los aspectos más salientes de la iniciativa.

ImagenDiputado Nacional Carlos Heller.
Recientemente hemos presentado el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social(*), que tiene en cuenta las últimas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otras normativas financieras y también recoge los comentarios que los actores involucrados hicieron al proyecto original presentado en 2010. Con esta nueva presentación, nuestra propuesta no cambia en lo esencial: se modifica el espíritu de la ley de entidades financieras Nº 21.526, pues se pasa de una ley para bancos, a una pensada en los usuarios de los servicios financieros. La gran diferencia conceptual con la Carta Orgánica de la entidad monetaria es que la misma indica lo que el BCRA “puede” realizar; en nuestro proyecto establecemos pautas que las entidades “deberán” implementar.

Para darle un marco adecuado a nuestra propuesta, conviene identificar las razones de la necesidad de derogación de la legislación urgente desde 1977, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la escuela de Chicago, y que luego se consolidaron en el “Consenso de Washington”. Esa ley fue el instrumento que permitió la implantación del modelo de valorización financiera, que destruyó a la producción y generó grandes costos sociales.

Un servicio de interés público

Una innovación en el proyecto de ley que hemos presentado es que declara a la actividad financiera como un servicio de interés público, recogiendo los debates recientes en el Parlamento y en la sociedad respecto de actividades estratégicas para el desarrollo nacional y para la vigencia de derechos esenciales de los ciudadanos; más concretamente, la declaración de “interés público” de la producción de pasta de celulosa y de papel para diarios y de la actividad hidrocarburífera.

El proyecto expresa la decisión de poner a la legislación de servicios financieros dentro de esta corriente de ideas y de diseño de marcos regulatorios, con el fin de afirmar los intereses nacionales por encima del mero interés lucrativo y de priorizar los intereses del conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses de los capitales e instituciones del poder concentrado nacional y transnacional.

Creemos que hemos dado un paso superador en este aspecto. La declaración de interés público nacional de la actividad implica profundizar el concepto de poder de policía de regulación que tiene el Estado y aumentar los poderes de policía administrativa que tiene hoy en día el BCRA para lograr un mayor compromiso de la actividad con el desarrollo económico y social.

Se mantiene la fijación de regulaciones más estrictas que las que contiene la actual legislación. Por ejemplo estableciendo un listado taxativo de las operaciones que pueden realizar los bancos comerciales, con el criterio de “banca universal”, a diferencia del criterio actual de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida. Como en nuestro anterior proyecto, se fijan topes máximos a la participación de mercado de las entidades privadas en depósitos y préstamos (10%) y se establece una definición precisa para diferenciar a las entidades de capital nacional de las de capital extranjero. Para las entidades financieras de capital extranjero y para las representaciones de entidades financieras del exterior, al igual que en la versión original, se incorporan criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional, algunos de los cuales se encontraban presentes en textos legales anteriores a la ley Nº 21.526. Específicamente, se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como para aumentos de participación en el capital y nuevas inversiones del exterior en el sistema. Además, se restablece el criterio de reciprocidad con los países de origen.

El proyecto instaura un fuerte fomento a la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país, un objetivo incorporado también en la nueva Carta Orgánica del BCRA. Entre otras, se dispone que la autoridad monetaria diseñe un régimen de delegación de determinadas operatorias financieras de pago, ahorro y crédito a través de empresas de servicios públicos, cooperativas y otras entidades de carácter social, con el objeto de ampliar la cobertura geográfica y el acceso de la población a los servicios financieros.

De las necesidades de los usuarios

En cuanto a las necesidades de los usuarios, el proyecto los aborda desde tres ejes principales: el primero de ellos es el que denominamos “democratización de los servicios financieros”; entre otras regulaciones, establece la obligación para cada banco de destinar, como mínimo, el 48% de su cartera a préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los préstamos para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares por montos inferiores a los 500.000 pesos, y un 2% para financiar a microemprendedores, un objetivo algo más amplio que en la versión original. El insuficiente acceso al crédito de las MiPyMES ha sido un problema crónico en la Argentina y el objetivo de esta regulación es aumentar el volumen crediticio al sector. Complementariamente, se induce un mayor dinamismo de la oferta de préstamos para la vivienda, con el objeto de contribuir a resolver el déficit habitacional para el segmento de la población con cierta capacidad de ahorro.

También se establece un costo financiero total máximo para los créditos para los sectores más desprotegidos, micro y pequeñas empresas, los destinados a la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares por un monto máximo de 300.000 pesos y préstamos personales hasta 150.000 pesos. Este costo no podrá exceder en una proporción del 20% adicional el Costo Financiero Total Medio del sistema financiero correspondiente a cada línea de préstamo. Asimismo, el Costo Financiero Total aplicable a las operaciones de préstamos personales para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean rembolsados a través del sistema de código de descuento, no podrán exceder en 5 (cinco) puntos porcentuales anuales adicionales la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina para estas operaciones, reflejando el contenido del decreto presidencial 246/11.

Por otra parte, se encomienda al BCRA establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones; la Cuenta Gratuita Universal implementada por la autoridad monetaria ha sido incorporada al nuevo proyecto. Se establece también que el BCRA cree y administre un Fondo Compensador que se integrará con el aporte mensual obligatorio de todas las entidades financieras. Sus recursos se distribuirán entre las entidades en base al volumen de “Servicios Esenciales” efectivamente prestados y en base a la cantidad de sucursales ubicadas en zonas geográficas de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico social, según lo establezca la reglamentación.

El segundo eje, que prácticamente no ha cambiado respecto al proyecto de 2010, lo constituye la “Protección del usuario de los servicios financieros”, por el cual se crea en el ámbito del BCRA una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. Esta norma es coincidente con la reciente creación de la Gerencia Principal de protección al Usuario de Servicios Financieros, pero nuestro proyecto avanza aún más; establece que los bancos deberán crear un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros, de acuerdo con la reglamentación que establezca la autoridad monetaria. También se encomienda a la misma la implementación de un código de conducta para las entidades financieras.

El tercer eje es la reincorporación al seno del BCRA del Sistema Estatal de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la ley No 24.485 de 1995. El objetivo es ampliar la protección de los pequeños ahorristas impidiendo que la misma se encuentre sujeta a la disponibilidad de recursos en el Fondo de Garantía creado por ese instrumento legal. En el sistema incluido en el proyecto, el Estado Nacional es el que garantiza los depósitos de los pequeños ahorristas.

Profundizar los cambios

Es síntesis, el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social instala iniciativas claras y precisas para ir avanzando en la conformación de un sistema financiero que posea fuertes vínculos con el desarrollo productivo y social. Estoy convencido que con el tiempo se irá profundizando el modelo económico y por lo tanto, se incrementarán las posibilidades de profundizar también los cambios sobre el sistema financiero, como propone nuestro proyecto.

De hecho, los cambios ya se están implementando; el BCRA ha sido dotado de gran cantidad de atribuciones en su nueva Carta Orgánica para orientar el crédito, en especial el artículo que le permite “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”, como así también otro inciso que lo faculta a “establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales”. La autoridad monetaria ya está haciendo uso de esas facultades al implementar la “Línea de Créditos para la Inversión Productiva”, que determina que un grupo de 31 bancos, 20 de ellos los más grandes del país, tendrán que establecer una línea de financiamiento a las empresas por un monto equivalente al 5% de sus depósitos del mes de junio de 2012. Las financiaciones deberán estar acordadas en su totalidad para el 31 de diciembre de este año y podrán ser destinadas a la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones para la producción de bienes y servicios, no pudiendo destinarse a la adquisición de empresas en marcha, tierras, ni a la financiación de capital de trabajo.

Los créditos no podrán ser menores a 3 años ni tener una tasa superior a 15,01%, utilizándose aquí otra de las atribuciones que otorga la nueva Carta Orgánica que es el poder regular las condiciones del crédito. Los préstamos pueden extenderse a más de tres años, y no podrán observar una tasa para dicho período superior a la tasa Badlar más 4 puntos porcentuales (la tasa Badlar surge como un promedio de las tasas pagadas por el sistema por plazos fijos superiores al millón de pesos). Posteriormente, se aceptó que se permitirá el otorgamiento de créditos para la adquisición de inmuebles, siempre que no sean para proyectos pertenecientes al sector primario y que el importe de la financiación que se aplique a la compra del inmueble no supere el 20% de la financiación, ni el 50% del valor del inmueble (debe tenerse en cuenta que esta modificación constituye una flexibilización, pues el objetivo del programa es generar demanda de bienes nuevos para dinamizar la producción).

Una característica importante de este programa es que 50% de los fondos deben destinarse a micro, pequeñas y medianas empresas; de esta forma se busca incrementar el crédito que promueva el desarrollo de proyectos de inversión que deriven en un aumento de la generación de empleo y mayor producción y apuntalen la expansión del consumo, moderando el freno de la actividad económica.

Se está avanzando entonces, en la conformación de un sistema más atento a las necesidades de la economía, una cuestión esencial para que la actividad financiera sea funcional a los intereses del país, proceso que se vería intensificado de aprobarse nuestra iniciativa.

Carlos Heller



(*) El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Juan Carlos Junio y Gastón Harispe.


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